Los diputados deberán justificar por qué buscan ampliar la protección constitucional del auditor superior mientras existe una denuncia ante la FGR.

La reforma abre un debate sobre los límites del fuero y los mecanismos para exigir responsabilidades a funcionarios públicos.

El Congreso de Chihuahua deberá decidir si incorpora al titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, al régimen de fuero constitucional. La iniciativa avanzó el 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, según información publicada por ZonaFree.

La reforma se presenta como una garantía para proteger la función fiscalizadora de presiones políticas. Sin embargo, su discusión coincide con una denuncia ante la Fiscalía General de la República relacionada con la actuación del auditor.

¿Por qué el Congreso de Chihuahua quiere otorgar fuero?

José Pedro López Elías denunció presuntas irregularidades en la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública estatal de 2019. De acuerdo con el denunciante, la revisión habría servido para sustentar acusaciones penales.

La existencia de una denuncia no acredita responsabilidad penal. Tampoco demuestra, por sí misma, que la propuesta legislativa tenga como finalidad impedir investigaciones. Ambas cuestiones requieren información comprobable y una discusión pública rigurosa.

El Congreso deberá precisar si el fuero modificaría los procedimientos para ejercer acción penal contra el auditor y qué mecanismos permitirían retirarlo cuando correspondiera legalmente.

También tendría que explicar si la protección alcanzaría únicamente a hechos posteriores a la reforma y cómo se garantizaría que ninguna persona quedara privada de acceso a la justicia.

Transparencia y rendición de cuentas en Chihuahua

Otro punto relevante es el papel de los órganos fiscalizadores. Su independencia protege el interés público, pero debe coexistir con transparencia, revisión de sus decisiones y responsabilidad de sus titulares.

Los diputados tienen la oportunidad de publicar el texto completo de la iniciativa, justificar sus alcances y abrir un debate informado antes de cualquier votación definitiva.

La controversia no se resolverá mediante consignas. Requiere documentos, argumentos jurídicos y respuestas precisas sobre la denuncia y la reforma.

El resultado mostrará cómo entiende Chihuahua el equilibrio entre autonomía institucional y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sin privilegios ni excepciones.

Los afectados aseguran que rechazaron firmar hojas en blanco y pidieron esperar a un abogado.

El señalamiento se suma a reclamos por pagos y al testimonio de una espera sin comida ni descanso.

TIJUANA.— Los trabajadores dijeron que no. Afuera de USG Tijuana, personas inconformes con la terminación de sus contratos denunciaron que les pedían firmar hojas en blanco. Su respuesta fue exigir que llegara un abogado antes de continuar.

El señalamiento es uno de los más graves del episodio. Una firma puede tener consecuencias para quien la entrega; por eso, conocer el contenido del documento resulta indispensable. Los afectados no tenían confianza en el procedimiento que describen.

No hay copias de esas hojas en el material compartido ni una explicación de USG. La acusación corresponde a los trabajadores y necesita esclarecerse. La empresa debe responder qué documentos presentó y cómo informó a cada persona sobre su salida.

La protesta también estuvo marcada por el cansancio. Uno de los afectados relató que salieron del turno a las 5:24 de la mañana y que Recursos Humanos les pidió firmar a las seis de la tarde. Aseguró que permanecieron en la calle sin comer ni dormir.

Además, mencionó un finiquito aproximado de 3,070 pesos y denunció un pago pendiente que identifica como “semana de fondo”. Según su versión, distintas áreas los enviaban unas con otras sin resolver sus dudas.

Ese recorrido de respuestas insuficientes ayuda a entender la desconfianza que expresaron. Para los trabajadores, pedir asesoría antes de firmar era una manera de protegerse ante una situación que no tenían clara.

Personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores recabó sus datos, los orientó y propuso una denuncia colectiva, según el relato del video.

Los contratos mencionados tenían duraciones de 60 a 90 días y algunos afectados llevaban pocas semanas trabajando.

USG debe explicar el procedimiento denunciado. La salida de un trabajador exige claridad sobre documentos y pagos. Cuando esa claridad falta, la firma deja de ser un trámite y se vuelve motivo de conflicto.