Nacional
Caso López Elías cambia de manos y aumenta la presión sobre la Fiscalía de “El Bayo”
La determinación de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua carece de competencia para continuar dirigiendo la investigación obliga a entregar el expediente y coloca bajo mayor escrutinio la actuación de autoridades estatales.
Chihuahua, Chih., 25 de agosto de 2026.– La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, “El Bayo”, sufrió un revés jurídico que abre nuevos cuestionamientos sobre la conducción del caso contra José Pedro López Elías.
Después de meses de mantener el expediente bajo su dirección, este 24 de agosto se determinó que la Fiscalía estatal carece de competencia para continuar conduciendo la investigación, por lo que deberá entregar la carpeta y documentación correspondiente para que el asunto transite al ámbito federal.
La resolución modifica sustancialmente el escenario y representa una victoria jurídica para López Elías y su defensa. Pero también coloca a la Fiscalía de Valenzuela frente a una incómoda pregunta: ¿cómo llegó una institución especializada a sostener durante meses un procedimiento cuya conducción finalmente deberá abandonar por una cuestión de competencia?
El asunto adquiere todavía mayor relevancia debido a que la defensa había denunciado previamente presuntas irregularidades, dilaciones injustificadas y posibles afectaciones al debido proceso.
Aunque esas acusaciones no equivalen por sí mismas a responsabilidades acreditadas, la resolución incorpora un elemento que incrementa el escrutinio sobre lo ocurrido.
También se dio vista al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua respecto de la actuación de autoridades estatales involucradas en el proceso.
De igual forma, la autoridad federal competente deberá conocer los señalamientos relacionados con actuaciones judiciales y ministeriales estatales para determinar si existe alguna conducta que amerite ser investigada o sancionada.
En otras palabras, el expediente cambia de manos, pero las preguntas sobre lo ocurrido durante su conducción estatal permanecen abiertas.
Para la Fiscalía de “El Bayo”, el golpe resulta particularmente delicado porque afecta directamente uno de los activos fundamentales de cualquier institución encargada de combatir la corrupción: su credibilidad jurídica.
Una Fiscalía Anticorrupción no solamente debe perseguir posibles irregularidades. También tiene la obligación de demostrar que sus investigaciones se desarrollan dentro de los límites de sus atribuciones, respetando las reglas procesales y garantizando el debido proceso.
Por ello, la pérdida de la conducción del expediente difícilmente puede reducirse a un simple trámite burocrático.
La resolución no determina que Abelardo Valenzuela u otros funcionarios hayan cometido alguna conducta irregular. Tampoco establece automáticamente responsabilidades administrativas o penales. Cualquier conclusión de esa naturaleza deberá provenir de las autoridades competentes.
Sin embargo, el hecho político e institucional permanece: la Fiscalía que encabezó el caso ya no podrá seguir dirigiéndolo y deberá entregar la carpeta.
Mientras José Pedro López Elías obtiene una resolución favorable después de meses de litigio, la dependencia encabezada por Valenzuela queda obligada a explicar y defender la manera en que condujo un procedimiento que ahora sale de sus manos.
El caso entra así en una etapa que puede resultar decisiva.
Ya no solamente estará bajo observación lo que ocurra con la investigación contra López Elías. También cobrará relevancia lo que determinen las distintas instancias respecto de las actuaciones estatales que fueron puestas en su conocimiento.
Para “El Bayo” Valenzuela, el problema ya no es únicamente haber perdido el control de un expediente.
El verdadero desafío será explicar cómo se condujo el caso, por qué llegó hasta este punto y qué impacto tendrá este revés sobre la credibilidad de la institución que encabeza.
El consultor afirma que buscó presentar documentación sobre los servicios prestados durante el refinanciamiento de la deuda estatal.
La carta cuestiona que el informe lo mencionara más de 150 veces sin que consiguiera la audiencia solicitada con el auditor.
José Pedro López Elías expuso ante el Congreso de Chihuahua que solicitó oportunidades para presentar documentación y responder a los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, sin conseguir la audiencia que buscaba con su titular. El reclamo aparece en la carta remitida al Legislativo.
El representante de López Elías Finanzas Públicas, S.C., vincula esas solicitudes con la auditoría forense sobre servicios relacionados con el refinanciamiento de la deuda estatal. Según su exposición, pretendía entregar elementos que permitieran aclarar las observaciones formuladas sobre la participación de la empresa.
La misiva sostiene que el informe lo menciona en más de ciento cincuenta ocasiones. Frente a esa presencia, López Elías cuestiona que sus intentos de interlocución no se tradujeran en una audiencia ante el auditor Héctor Acosta Félix para explicar los servicios.
El planteamiento incorpora una discusión sobre el derecho de defensa: el consultor pide valorar cómo se recibieron, examinaron o atendieron sus solicitudes dentro del proceso de fiscalización. Su versión presenta la falta de audiencia como un elemento relevante para revisar la actuación de la ASE.
El escrito también relaciona el informe forense con la denuncia presentada en 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra López Elías y Javier Corral. Esa secuencia constituye uno de los antecedentes que el firmante solicita poner a consideración de los legisladores.
La carta fue presentada en el contexto del proyecto para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional. López Elías considera necesario examinar los mecanismos de control y la tutela de derechos antes de resolver esa reforma.
Su solicitud no pide que el Congreso sustituya la investigación ministerial ni resuelva responsabilidades individuales. Propone que las actuaciones documentadas, incluidas las peticiones de audiencia, sean consideradas al discutir la protección procesal del funcionario responsable de conducir la fiscalización estatal.
Con información de zonafree.mx
Mientras existen señalamientos e investigaciones relacionadas con la actuación de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que otorgaría fuero constitucional a su titular, Héctor Acosta Félix. La coincidencia de ambos procesos abre una pregunta inevitable: ¿por qué hacerlo precisamente ahora?
En medio de cuestionamientos sobre la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua analiza otorgar una nueva protección constitucional a quien encabeza ese organismo: Héctor Acosta Félix.
La propuesta avanzó el pasado 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría llegar al Pleno del Congreso. La modificación busca incorporar al titular de la ASE entre los funcionarios que cuentan con fuero constitucional.
El argumento a favor es proteger la independencia de la función fiscalizadora. Sin embargo, el contexto en el que se discute la reforma ha provocado dudas que el Congreso deberá responder.
Acosta Félix aparece señalado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por José Pedro López Elías, titular de López Elías Finanzas Públicas, relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022.
La denuncia plantea presuntas irregularidades vinculadas con la investigación realizada por la ASE sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua de 2019. Entre los posibles delitos señalados se encuentran abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.
Hasta ahora, estos señalamientos no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para proceder.
Pero precisamente por encontrarse estos asuntos abiertos, el avance de una reforma para otorgar fuero al auditor genera una discusión que difícilmente puede separarse del momento en que ocurre.
El refinanciamiento que desató la controversia
Una parte importante del conflicto gira alrededor del refinanciamiento de la deuda estatal realizado en 2019.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó posteriormente la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Congreso autorizó esa operación y reconoció su validez. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación también realizó revisiones relacionadas con las operaciones financieras y la deuda pública estatal.
Años después, la ASE encabezada por Acosta Félix realizó una auditoría forense que derivó en nuevos señalamientos y en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
La diferencia entre las revisiones ha provocado cuestionamientos sobre cuáles fueron los nuevos elementos encontrados y cómo se llegó a las conclusiones posteriores.
A este escenario se agregó un juicio de amparo promovido por López Elías y su despacho, dentro del cual un juez federal concedió una suspensión definitiva relacionada con determinadas comunicaciones públicas sobre el empresario y el procedimiento iniciado en su contra.
La pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora?
El problema político para el Congreso no consiste únicamente en determinar si el titular de la ASE debería contar con fuero.
También deberá explicar por qué la reforma avanza en este momento y cuáles serían sus efectos sobre investigaciones o procedimientos relacionados con quien actualmente ocupa el cargo.
Si la intención es fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores tendrán que demostrar que la reforma protege a la institución y no se convierte en una protección personal para su titular.
Porque una cosa es garantizar que un auditor pueda realizar su trabajo sin presiones políticas y otra muy distinta sería crear obstáculos para que pueda ser investigado cuando existan denuncias en su contra.
Héctor Acosta Félix tiene derecho a la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Pero el Congreso también tiene una responsabilidad: explicar con claridad por qué considera necesario otorgarle fuero al titular de la ASE precisamente cuando existen investigaciones y cuestionamientos alrededor de su actuación.
Esa es la pregunta que, hasta ahora, continúa sobre la mesa.
El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.
El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos por conspirar para lavar 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante el uso decriptomonedas.
El acusado de 48 años de edad admitió que utilizó carteras de activos virtuales bajo su control para recibir las ganancias ilícitas de las drogas.
Vázquez González coordinó sus actividades ilícitas con intermediarios financieros, conocidos como ‘money brokers’, para recolectar las ganancias del narcotráfico en diversas ciudades estadounidenses.Tambiéncambió las criptomonedas por dólares estadounidensesen México para devolver el dinero en efectivo a los organizadores de la red.
El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.
La fiscalía federal programó la audiencia de sentencia para el próximo 17 de diciembre, donde el acusado enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión.
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El fiscal federal Jason Parman y el agente especial Jim Scott anunciaron conjuntamente este resultado judicial en el estado de Kentucky.
La Oficina Residente de la DEA en Lexington investigó el caso con el apoyo de diversas divisiones policiales de Estados Unidos y México.
Esta investigación criminal formó parte de la iniciativa de seguridad nacional denominada Homeland Security Task Force.
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