LaComisiónde Puntos Constitucionales de laCámara de Diputadosaprobó el dictamen de la iniciativa que buscalimitar ladoble nacionalidadparacargos públicos.

Lo anterior luego de quetras realizar el respectivo análisis del proyectoque fue turnado por el Ejecutivo federal, los legisladores integrantes de la comisión emitieron 26 votos a favor.

En consecuencia,el dictamen de la propuestaque tiene el objetivo delimitarque personas condoble nacionalidadocupen cargos públicos, se turnaráal pleno de la Cámara de Diputados.

Comisión de Puntos Constitucionales aprueba dictamen contra doble nacionalidad en cargos públicos

El 1 de septiembre de 2026, laComisión de Puntos Constitucionalesde la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial que busca bloquear perfiles condoble nacionalidad para cargos públicos.

Una semana más tarde, hoy martes 8, lacomisión sesionó para analizarel proyecto y como se tenía previsto,avaló el dictamenluego de que se emitió la siguiente votación:

Losvotos en contrafueron emitidos por diputados delPRI y del PAN, mientras que lossufragios a favorfueron presentados por legisladores deMorena y aliados que son mayoríaen la comisión.

Ante ello, eldictamen avanzará al pleno, sin embargo, su discusión y votación tiene que esperar al menos 12 días, pues se prevé que se analicedespués del 20 de septiembretras las fiestas patrias.

Diputadas del PAN abandonaron sesión en protesta contra dictamen

Cabe destacar queel debateno estuvo exento de polémica, debido a queen protestacontra la iniciativa, un par dediputadasintegrantes de la comisión y de la bancada delPAN abandonaron la sesión.

FueronPaulina Rubio Fernández y Noemí Luna, quienes decidieronabandonar la sesiónante el rechazo de peticiones como la de Federico Döring, quien propuso unparlamento abierto.

💥Se retiran diputadas@PaulinaRubioFdzy@NoemiLuna_Zacdel PAN de la Comisión de Puntos Constitucionales en protesta por la discusión del dictamen de ‘Doble Nacionalidad’Al salir, recibieron abucheos y expresiones de falta de respeto de los diputados morenistas, el que más…pic.twitter.com/GDv7tt0CS2

Las diputadas se levantaron de la sesión luego de queacusaron un doble raseropor parte del oficialismo, pues recriminaron quehablen de soberaníapero defienden a perfiles que son “informantes” de Estados Unidos, en referencia la gobernadoraMarina del Pilar Ávila.

Al salir del salón de la Comisión de Puntos Constitucionales, las legisladoras del PANrecibieron abucheos, reprochesy críticas en los que les mencionaron casos como el deErnesto Ruffo.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta un nuevo revés judicial luego de que una jueza federal concediera un amparo a José Pedro López Elías y determinara que la orden de aprehensión emitida en su contra deberá quedar sin efectos.

De acuerdo con la resolución dictada el 28 de agosto, la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua concluyó que el mandamiento judicial no cumplió con los requisitos constitucionales necesarios, particularmente en lo relacionado con la competencia de la autoridad que lo emitió.

La orden había sido librada por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.

Durante el análisis del amparo, la autoridad federal determinó que la competencia del juez debía revisarse antes de autorizar cualquier orden de captura. Al no cumplirse este requisito, la resolución estableció que la orden era inconstitucional.

Como consecuencia, el juez estatal deberá dejar sin efectos la orden de aprehensión correspondiente a la causa penal 3050/2024 y reconocer que carece de competencia para resolver sobre la solicitud presentada.

La decisión representa un golpe relevante para la estrategia jurídica seguida por la Fiscalía Anticorrupción en este expediente, pues se suma a otra resolución judicial que previamente ordenó trasladar el caso al ámbito federal.

El nuevo fallo coloca bajo cuestionamiento la manera en que fue integrada y judicializada la investigación contra López Elías.

Aunque la sentencia de amparo se concentra específicamente en la legalidad de la orden de aprehensión y no determina por sí misma la inocencia o responsabilidad del involucrado, sí invalida uno de los principales actos procesales impulsados hasta ahora por las autoridades estatales, obligándolas a replantear la ruta jurídica del caso. La resolución también eleva el escrutinio sobre las decisiones adoptadas durante la judicialización y sobre la solidez técnica del expediente presentado inicialmente.

—

El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, enfrenta un nuevo tropiezo judicial en el caso contra José Pedro López Elías, luego de que una jueza federal ordenara dejar sin efectos la orden de aprehensión solicitada por la dependencia estatal.

La sentencia definitiva fue emitida el 28 de agosto por la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua, dentro de un juicio de amparo promovido desde marzo de 2025.

El punto central de la resolución es contundente: la orden de aprehensión no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 16 constitucional porque fue emitida por una autoridad judicial que carecía de competencia para hacerlo.

La orden había sido dictada por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 3050/2024, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, la justicia federal instruyó al juzgador estatal para cancelar la orden y reconocer expresamente que no tiene competencia para atender la solicitud.

La decisión representa un nuevo revés para Valenzuela Holguín y su equipo, cuya actuación en este asunto ya había sido cuestionada mediante resoluciones anteriores.

El expediente ha comenzado a trasladarse al terreno federal, debilitando la ruta procesal originalmente seguida por la Fiscalía de Chihuahua.

Más allá de las disputas políticas que rodean el caso, la resolución pone el foco sobre una cuestión básica: una institución dedicada precisamente a investigar actos de corrupción está obligada a sostener sus acusaciones dentro de procedimientos jurídicamente sólidos.

Cuando una orden de aprehensión es anulada por falta de competencia de la autoridad que la emitió, el problema deja de ser únicamente discursivo.

Se convierte en un cuestionamiento directo sobre la construcción jurídica de la investigación y sobre las decisiones tomadas desde la propia Fiscalía Anticorrupción. El fallo también obliga a revisar con mayor rigor cada actuación posterior vinculada con este expediente.

—