Lo que debería ser un mecanismo operativo básico se está convirtiendo en un foco de sospecha. El uso de viáticos dentro de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, particularmente en el entorno de Francisco Javier de la O Sarmiento, ha abierto un frente incómodo para una institución que presume combatir la corrupción.

Los registros de 2024 no mienten, pero tampoco explican lo suficiente para despejar dudas.

Pagos constantes, reembolsos recurrentes y montos que, aunque individualmente pueden parecer menores, en conjunto construyen una narrativa de gasto sistemático. Caja chica, gastos por comprobar, recuperación de recursos: conceptos que, en la práctica, pueden convertirse en zonas grises si no existe un control riguroso.

El caso de las pólizas C01255 y C01256 —con más de 14 mil pesos asignados— es solo una muestra. A esto se suman movimientos a lo largo del año, incluyendo traslados, alimentación y otros consumos ligados a actividades oficiales. Todo dentro de una dinámica que levanta una pregunta clave: ¿hasta dónde es operación y desde dónde comienza el exceso?

La cercanía de De la O con el fiscal Abelardo Valenzuela no pasa desapercibida. En estructuras cerradas, donde los círculos de confianza concentran poder, el manejo de recursos puede volverse tan flexible como discrecional.

Y ahí es donde el problema escala.

Porque no se trata únicamente de si los gastos cumplen con requisitos administrativos. Se trata de la señal que envían. De la coherencia o falta de ella entre lo que se predica y lo que se practica.

Organizaciones y especialistas coinciden en un punto: sin transparencia total, cualquier gasto repetido se vuelve sospechoso. Y cuando no hay explicaciones públicas claras, la percepción de abuso gana terreno.

Hoy, la Fiscalía Anticorrupción enfrenta un dilema incómodo: explicar con detalle cada peso ejercido o asumir el costo de la duda. Porque en una institución que investiga el mal uso de recursos, la opacidad interna no es un error menor es una contradicción que puede salir muy cara.

Abelardo Valenzuela fue multado por desacatar una orden judicial, en un episodio que debilita su autoridad y golpea la credibilidad de la institución que encabeza.

La legitimidad de una institución no se construye únicamente a partir de su marco legal, sino de la conducta de quienes la encabezan. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, esa legitimidad enfrenta un serio cuestionamiento tras la sanción impuesta a su titular, Abelardo Valenzuela Holguín, por incumplir un requerimiento judicial federal dentro de un proceso penal.

El hecho es claro: un juzgado federal ordenó la remisión de una carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República el 30 de enero de 2026. La instrucción formaba parte de un procedimiento ordinario dentro de la causa penal 227/2025. Sin embargo, la orden no fue atendida en tiempo y forma, lo que derivó en la imposición de una multa como medida de apremio.

Aunque la sanción económica es baja, el impacto institucional es profundo. La imagen de un fiscal anticorrupción sancionado por no acatar una orden judicial socava la base misma de su autoridad. La legitimidad no solo se ejerce, se demuestra, y en este caso, el incumplimiento envía una señal contraria a los principios que la institución debería defender.

El problema no es únicamente el desacato, sino lo que representa. La Fiscalía Anticorrupción tiene como misión investigar y sancionar a funcionarios que incumplen la ley. Cuando su propio titular incurre en una conducta que lo coloca en esa misma categoría, la narrativa institucional se debilita de manera significativa. La línea entre quien vigila y quien es vigilado se vuelve difusa.

El contexto del caso sugiere, además, un escenario de tensión entre autoridades. La existencia de recursos legales y disputas procesales indica que no se trata de un entorno sencillo. Sin embargo, precisamente en contextos complejos es donde las instituciones deben demostrar mayor rigor en el cumplimiento de sus obligaciones.

El silencio oficial agrava el impacto del caso. Sin una explicación clara, el espacio es ocupado por la especulación y la crítica. La falta de transparencia no solo impide entender lo ocurrido, sino que también debilita la capacidad de la institución para recuperar credibilidad.

En términos políticos y sociales, el daño es evidente. La confianza en las instituciones anticorrupción es un elemento clave para la estabilidad del sistema democrático. Episodios como este no solo afectan a un funcionario en particular, sino que contribuyen a erosionar la percepción general sobre la eficacia del combate a la corrupción.

La pregunta final es inevitable: ¿puede sostenerse la legitimidad de una institución cuando su principal representante incumple con las reglas que debería hacer respetar? Mientras no exista una respuesta clara y una acción correctiva contundente, el caso de Abelardo Valenzuela seguirá siendo un recordatorio de las contradicciones que persisten en el sistema de justicia.

El caso coloca a El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo escrutinio nacional por posible extralimitación.

Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.

La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
 Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.

• Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
• En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
• El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
• Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
• Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
• Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
• Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.

• Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.

El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:

• Boletines oficiales
• Actas públicas
• Explicación jurídica
• Notificación a autoridades culturales
• Rendición de cuentas
• La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.

Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:

• “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.

Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:

• Cuestionó la competencia de Chihuahua.
• Defendió la soberanía de su territorio.
• Protegió un bien cultural de acceso público.
• Exigió documentación judicial.

La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:

• “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.

Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.

• No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.

El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.

• Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.

Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:

• “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
• Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.