Los diputados deberán justificar por qué buscan ampliar la protección constitucional del auditor superior mientras existe una denuncia ante la FGR.

La reforma abre un debate sobre los límites del fuero y los mecanismos para exigir responsabilidades a funcionarios públicos.

El Congreso de Chihuahua deberá decidir si incorpora al titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, al régimen de fuero constitucional. La iniciativa avanzó el 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, según información publicada por ZonaFree.

La reforma se presenta como una garantía para proteger la función fiscalizadora de presiones políticas. Sin embargo, su discusión coincide con una denuncia ante la Fiscalía General de la República relacionada con la actuación del auditor.

¿Por qué el Congreso de Chihuahua quiere otorgar fuero?

José Pedro López Elías denunció presuntas irregularidades en la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública estatal de 2019. De acuerdo con el denunciante, la revisión habría servido para sustentar acusaciones penales.

La existencia de una denuncia no acredita responsabilidad penal. Tampoco demuestra, por sí misma, que la propuesta legislativa tenga como finalidad impedir investigaciones. Ambas cuestiones requieren información comprobable y una discusión pública rigurosa.

El Congreso deberá precisar si el fuero modificaría los procedimientos para ejercer acción penal contra el auditor y qué mecanismos permitirían retirarlo cuando correspondiera legalmente.

También tendría que explicar si la protección alcanzaría únicamente a hechos posteriores a la reforma y cómo se garantizaría que ninguna persona quedara privada de acceso a la justicia.

Transparencia y rendición de cuentas en Chihuahua

Otro punto relevante es el papel de los órganos fiscalizadores. Su independencia protege el interés público, pero debe coexistir con transparencia, revisión de sus decisiones y responsabilidad de sus titulares.

Los diputados tienen la oportunidad de publicar el texto completo de la iniciativa, justificar sus alcances y abrir un debate informado antes de cualquier votación definitiva.

La controversia no se resolverá mediante consignas. Requiere documentos, argumentos jurídicos y respuestas precisas sobre la denuncia y la reforma.

El resultado mostrará cómo entiende Chihuahua el equilibrio entre autonomía institucional y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sin privilegios ni excepciones.