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Justicia

Fuero para Héctor Acosta avanza entre investigaciones y cuestionamientos

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Mientras existen señalamientos e investigaciones relacionadas con la actuación de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que otorgaría fuero constitucional a su titular, Héctor Acosta Félix. La coincidencia de ambos procesos abre una pregunta inevitable: ¿por qué hacerlo precisamente ahora?

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En medio de cuestionamientos sobre la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua analiza otorgar una nueva protección constitucional a quien encabeza ese organismo: Héctor Acosta Félix.

La propuesta avanzó el pasado 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría llegar al Pleno del Congreso. La modificación busca incorporar al titular de la ASE entre los funcionarios que cuentan con fuero constitucional.

El argumento a favor es proteger la independencia de la función fiscalizadora. Sin embargo, el contexto en el que se discute la reforma ha provocado dudas que el Congreso deberá responder.

Acosta Félix aparece señalado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por José Pedro López Elías, titular de López Elías Finanzas Públicas, relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022.

La denuncia plantea presuntas irregularidades vinculadas con la investigación realizada por la ASE sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua de 2019. Entre los posibles delitos señalados se encuentran abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.

Hasta ahora, estos señalamientos no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para proceder.

Pero precisamente por encontrarse estos asuntos abiertos, el avance de una reforma para otorgar fuero al auditor genera una discusión que difícilmente puede separarse del momento en que ocurre.

El refinanciamiento que desató la controversia

Una parte importante del conflicto gira alrededor del refinanciamiento de la deuda estatal realizado en 2019.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó posteriormente la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Congreso autorizó esa operación y reconoció su validez. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación también realizó revisiones relacionadas con las operaciones financieras y la deuda pública estatal.

Años después, la ASE encabezada por Acosta Félix realizó una auditoría forense que derivó en nuevos señalamientos y en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

La diferencia entre las revisiones ha provocado cuestionamientos sobre cuáles fueron los nuevos elementos encontrados y cómo se llegó a las conclusiones posteriores.

A este escenario se agregó un juicio de amparo promovido por López Elías y su despacho, dentro del cual un juez federal concedió una suspensión definitiva relacionada con determinadas comunicaciones públicas sobre el empresario y el procedimiento iniciado en su contra.

La pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora?

El problema político para el Congreso no consiste únicamente en determinar si el titular de la ASE debería contar con fuero.

También deberá explicar por qué la reforma avanza en este momento y cuáles serían sus efectos sobre investigaciones o procedimientos relacionados con quien actualmente ocupa el cargo.

Si la intención es fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores tendrán que demostrar que la reforma protege a la institución y no se convierte en una protección personal para su titular.

Porque una cosa es garantizar que un auditor pueda realizar su trabajo sin presiones políticas y otra muy distinta sería crear obstáculos para que pueda ser investigado cuando existan denuncias en su contra.

Héctor Acosta Félix tiene derecho a la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Pero el Congreso también tiene una responsabilidad: explicar con claridad por qué considera necesario otorgarle fuero al titular de la ASE precisamente cuando existen investigaciones y cuestionamientos alrededor de su actuación.

Esa es la pregunta que, hasta ahora, continúa sobre la mesa.

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Chihuahua

Caso López Elías: acusan a Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de falsear declaraciones y actuar fuera de sus facultades

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La defensa denuncia posibles irregularidades de funcionarios ministeriales y solicita que sean investigadas por autoridades federales.

Cuestionan la actuación de la Fiscalía tras el cambio de competencia judicial y señalan el presunto uso irregular de mecanismos de colaboración.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta nuevos señalamientos por su actuación en el proceso contra José Pedro López Elías, después de que la defensa del consultor denunciara posibles declaraciones falsas ante un juzgador y cuestionara diversas decisiones tomadas por funcionarios estatales.

El abogado César Gutiérrez Priego sostiene que representantes de la institución habrían incurrido en conductas que ameritan una investigación del Ministerio Público Federal.

Las acusaciones surgen en medio de una controversia por la competencia judicial del expediente 3050/2024, relacionado con servicios de consultoría durante el refinanciamiento de deuda pública de Chihuahua en 2019.

Según la defensa, las autoridades estatales continuaron realizando actuaciones cuestionables aun cuando un Tribunal Colegiado había determinado, desde enero de 2026, que correspondía a la justicia federal conocer del caso.

El conflicto se profundizó después de que un juez federal asumiera formalmente competencia en agosto.

A las acusaciones se suma el señalamiento de que la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado colaboración a otras entidades para ejecutar una orden de aprehensión mediante procedimientos que los abogados consideran irregulares.

La defensa afirma que algunas solicitudes fueron gestionadas a través de la Fiscalía General del Estado, incluso sin los convenios correspondientes.

Estas denuncias colocan una exigencia de explicación sobre las autoridades encargadas de combatir la corrupción: acreditar que sus propias actuaciones respetaron las disposiciones legales.

La gravedad institucional del asunto radica en que una fiscalía especializada debe observar estándares rigurosos de legalidad.

Corresponderá a las autoridades federales investigar las conductas señaladas y determinar si existieron responsabilidades. Mientras tanto, permanece abierta la controversia sobre la actuación ministerial en Chihuahua y la legalidad de los mecanismos utilizados durante el procedimiento.

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Justicia

GLADIS CHÁVEZ Y RICARDO DEL VALLE: EL VÍNCULO SINDICAL QUE REABRE LA POLÉMICA POR 132 MILLONES EN ASSA

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En 2024 se identificó a la secretaria de Conflictos con la corriente del exdirigente, señalado posteriormente en una denuncia por un presunto faltante millonario.

La controversia financiera y los antecedentes electorales plantean nuevas preguntas sobre las relaciones entre las distintas dirigencias sindicales.

La controversia por el presunto faltante de 132 millones de pesos en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) vuelve a poner atención sobre la trayectoria de sus representantes y sus vínculos con anteriores administraciones.

Uno de los nombres que aparece en ese contexto es Gladis Amalia Chávez Chávez, actual secretaria de Conflictos, identificada por el medio Sindicalizarte como integrante de la corriente denominada ricardista durante las elecciones de noviembre de 2024.

En aquella contienda, Chávez obtuvo 1,014 votos frente a los 1,002 registrados por Luis Fernando Acosta García, según la publicación periodística.

La referencia adquiere relevancia después de que, en julio de 2025, la entonces secretaria general Ada Salazar confirmara la existencia de una denuncia penal contra Ricardo del Valle por un supuesto faltante de 132 millones de pesos durante la administración anterior.

El caso desató una confrontación interna sobre el manejo del patrimonio sindical y la situación de los ahorros de trabajadores.

Ahora, los antecedentes abren interrogantes sobre qué representaba políticamente la corriente identificada con Del Valle, cuáles fueron sus propuestas y qué relación mantienen sus integrantes con la administración anterior.

También resulta necesario conocer si existen documentos que permitan establecer la naturaleza y alcance de esas relaciones.

La controversia pone a prueba la capacidad de ASSA para distinguir entre pertenencia a una corriente, responsabilidades administrativas y obligaciones de transparencia.

Mientras el expediente financiero continúa siendo materia de cuestionamientos públicos, el sindicato enfrenta la exigencia de proporcionar información verificable sobre sus recursos y las actuaciones de sus representantes.

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Justicia

De la CIA al caso Javier Corral: las controversias de Maru Campos y Abelardo Valenzuela que ponen a Chihuahua bajo escrutinio

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El enfrentamiento de la gobernadora con Claudia Sheinbaum, la investigación por 98.6 millones de pesos y la propuesta de fuero para Héctor Acosta reavivan el debate sobre las responsabilidades de las autoridades estatales.

Chihuahua enfrenta una serie de controversias institucionales que involucran al gobierno estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado.

Entre los episodios que han generado mayor atención se encuentran el enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum por un operativo relacionado con la CIA, la investigación contra Javier Corral y la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al auditor Héctor Acosta Félix.

Aunque se trata de asuntos distintos, todos han generado discusiones sobre las atribuciones de las autoridades, los mecanismos de control y la relación entre instituciones estatales y federales.

El encuentro que terminó en reclamos

Maru Campos reconoció públicamente que sostuvo una conversación tensa con Claudia Sheinbaum durante una reunión celebrada en Ciudad Juárez.

La discusión estuvo relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino.

Según la gobernadora, ambas elevaron el tono de voz e intercambiaron reclamos. Campos también negó que se hubiera celebrado algún pacto político.

Posteriormente, Sheinbaum aseguró que la gobernadora había señalado al exfiscal César Jáuregui Moreno como responsable de determinadas decisiones relacionadas con el operativo.

El episodio abrió interrogantes sobre la coordinación institucional y la delimitación de responsabilidades entre autoridades estatales y federales.

Abelardo Valenzuela y el caso de los 98.6 millones

En el ámbito judicial, Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ha encabezado las actuaciones relacionadas con una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos.

El expediente tiene como antecedente una auditoría sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua realizado en 2019, durante el gobierno de Javier Corral.

La investigación involucró a Corral, Arturo Fuentes Vélez y José Pedro López Elías.

Los cuestionamientos sobre la auditoría incluyen señalamientos por presuntas irregularidades en la valoración de documentación, mientras las autoridades estatales han defendido la legalidad de sus procedimientos.

Maru Campos y las acusaciones de persecución

Javier Corral ha sostenido que las investigaciones en su contra responden a una persecución política vinculada con la actual administración estatal.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado esa interpretación y afirmado que sus actuaciones están relacionadas con posibles irregularidades financieras.

Los antecedentes políticos de Valenzuela han generado cuestionamientos sobre la autonomía de la institución, aunque no demuestran que Maru Campos haya intervenido ilegalmente en el expediente.

Fuero constitucional en medio de las controversias

El Congreso de Chihuahua también analiza una reforma para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional.

La propuesta avanzó en septiembre de 2026 y coincide con una denuncia presentada ante la FGR contra Héctor Acosta y otros funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con la auditoría del refinanciamiento.

La iniciativa busca fortalecer la independencia de la fiscalización, pero requiere un análisis de sus efectos sobre la rendición de cuentas.

Una discusión que va más allá de los protagonistas

Las controversias relacionadas con Maru Campos, Abelardo Valenzuela y Héctor Acosta plantean preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.

La independencia de la justicia no solamente depende de proteger a sus titulares frente a presiones externas, sino también de garantizar que sus decisiones puedan ser revisadas y que existan mecanismos efectivos para investigar posibles irregularidades.

El desarrollo de estos expedientes y las decisiones del Congreso serán determinantes para conocer cómo se resolverán los cuestionamientos institucionales.

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