El enfrentamiento de la gobernadora con Claudia Sheinbaum, la investigación por 98.6 millones de pesos y la propuesta de fuero para Héctor Acosta reavivan el debate sobre las responsabilidades de las autoridades estatales.

Chihuahua enfrenta una serie de controversias institucionales que involucran al gobierno estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado.

Entre los episodios que han generado mayor atención se encuentran el enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum por un operativo relacionado con la CIA, la investigación contra Javier Corral y la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al auditor Héctor Acosta Félix.

Aunque se trata de asuntos distintos, todos han generado discusiones sobre las atribuciones de las autoridades, los mecanismos de control y la relación entre instituciones estatales y federales.

El encuentro que terminó en reclamos

Maru Campos reconoció públicamente que sostuvo una conversación tensa con Claudia Sheinbaum durante una reunión celebrada en Ciudad Juárez.

La discusión estuvo relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino.

Según la gobernadora, ambas elevaron el tono de voz e intercambiaron reclamos. Campos también negó que se hubiera celebrado algún pacto político.

Posteriormente, Sheinbaum aseguró que la gobernadora había señalado al exfiscal César Jáuregui Moreno como responsable de determinadas decisiones relacionadas con el operativo.

El episodio abrió interrogantes sobre la coordinación institucional y la delimitación de responsabilidades entre autoridades estatales y federales.

Abelardo Valenzuela y el caso de los 98.6 millones

En el ámbito judicial, Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ha encabezado las actuaciones relacionadas con una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos.

El expediente tiene como antecedente una auditoría sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua realizado en 2019, durante el gobierno de Javier Corral.

La investigación involucró a Corral, Arturo Fuentes Vélez y José Pedro López Elías.

Los cuestionamientos sobre la auditoría incluyen señalamientos por presuntas irregularidades en la valoración de documentación, mientras las autoridades estatales han defendido la legalidad de sus procedimientos.

Maru Campos y las acusaciones de persecución

Javier Corral ha sostenido que las investigaciones en su contra responden a una persecución política vinculada con la actual administración estatal.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado esa interpretación y afirmado que sus actuaciones están relacionadas con posibles irregularidades financieras.

Los antecedentes políticos de Valenzuela han generado cuestionamientos sobre la autonomía de la institución, aunque no demuestran que Maru Campos haya intervenido ilegalmente en el expediente.

Fuero constitucional en medio de las controversias

El Congreso de Chihuahua también analiza una reforma para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional.

La propuesta avanzó en septiembre de 2026 y coincide con una denuncia presentada ante la FGR contra Héctor Acosta y otros funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con la auditoría del refinanciamiento.

La iniciativa busca fortalecer la independencia de la fiscalización, pero requiere un análisis de sus efectos sobre la rendición de cuentas.

Una discusión que va más allá de los protagonistas

Las controversias relacionadas con Maru Campos, Abelardo Valenzuela y Héctor Acosta plantean preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.

La independencia de la justicia no solamente depende de proteger a sus titulares frente a presiones externas, sino también de garantizar que sus decisiones puedan ser revisadas y que existan mecanismos efectivos para investigar posibles irregularidades.

El desarrollo de estos expedientes y las decisiones del Congreso serán determinantes para conocer cómo se resolverán los cuestionamientos institucionales.

LaComisiónde Puntos Constitucionales de laCámara de Diputadosaprobó el dictamen de la iniciativa que buscalimitar ladoble nacionalidadparacargos públicos.

Lo anterior luego de quetras realizar el respectivo análisis del proyectoque fue turnado por el Ejecutivo federal, los legisladores integrantes de la comisión emitieron 26 votos a favor.

En consecuencia,el dictamen de la propuestaque tiene el objetivo delimitarque personas condoble nacionalidadocupen cargos públicos, se turnaráal pleno de la Cámara de Diputados.

Comisión de Puntos Constitucionales aprueba dictamen contra doble nacionalidad en cargos públicos

El 1 de septiembre de 2026, laComisión de Puntos Constitucionalesde la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial que busca bloquear perfiles condoble nacionalidad para cargos públicos.

Una semana más tarde, hoy martes 8, lacomisión sesionó para analizarel proyecto y como se tenía previsto,avaló el dictamenluego de que se emitió la siguiente votación:

Losvotos en contrafueron emitidos por diputados delPRI y del PAN, mientras que lossufragios a favorfueron presentados por legisladores deMorena y aliados que son mayoríaen la comisión.

Ante ello, eldictamen avanzará al pleno, sin embargo, su discusión y votación tiene que esperar al menos 12 días, pues se prevé que se analicedespués del 20 de septiembretras las fiestas patrias.

Diputadas del PAN abandonaron sesión en protesta contra dictamen

Cabe destacar queel debateno estuvo exento de polémica, debido a queen protestacontra la iniciativa, un par dediputadasintegrantes de la comisión y de la bancada delPAN abandonaron la sesión.

FueronPaulina Rubio Fernández y Noemí Luna, quienes decidieronabandonar la sesiónante el rechazo de peticiones como la de Federico Döring, quien propuso unparlamento abierto.

💥Se retiran diputadas@PaulinaRubioFdzy@NoemiLuna_Zacdel PAN de la Comisión de Puntos Constitucionales en protesta por la discusión del dictamen de ‘Doble Nacionalidad’Al salir, recibieron abucheos y expresiones de falta de respeto de los diputados morenistas, el que más…pic.twitter.com/GDv7tt0CS2

Las diputadas se levantaron de la sesión luego de queacusaron un doble raseropor parte del oficialismo, pues recriminaron quehablen de soberaníapero defienden a perfiles que son “informantes” de Estados Unidos, en referencia la gobernadoraMarina del Pilar Ávila.

Al salir del salón de la Comisión de Puntos Constitucionales, las legisladoras del PANrecibieron abucheos, reprochesy críticas en los que les mencionaron casos como el deErnesto Ruffo.

La determinación de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua carece de competencia para continuar dirigiendo la investigación obliga a entregar el expediente y coloca bajo mayor escrutinio la actuación de autoridades estatales.

Chihuahua, Chih., 25 de agosto de 2026.– La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, “El Bayo”, sufrió un revés jurídico que abre nuevos cuestionamientos sobre la conducción del caso contra José Pedro López Elías.

Después de meses de mantener el expediente bajo su dirección, este 24 de agosto se determinó que la Fiscalía estatal carece de competencia para continuar conduciendo la investigación, por lo que deberá entregar la carpeta y documentación correspondiente para que el asunto transite al ámbito federal.

La resolución modifica sustancialmente el escenario y representa una victoria jurídica para López Elías y su defensa. Pero también coloca a la Fiscalía de Valenzuela frente a una incómoda pregunta: ¿cómo llegó una institución especializada a sostener durante meses un procedimiento cuya conducción finalmente deberá abandonar por una cuestión de competencia?

El asunto adquiere todavía mayor relevancia debido a que la defensa había denunciado previamente presuntas irregularidades, dilaciones injustificadas y posibles afectaciones al debido proceso.

Aunque esas acusaciones no equivalen por sí mismas a responsabilidades acreditadas, la resolución incorpora un elemento que incrementa el escrutinio sobre lo ocurrido.

También se dio vista al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua respecto de la actuación de autoridades estatales involucradas en el proceso.

De igual forma, la autoridad federal competente deberá conocer los señalamientos relacionados con actuaciones judiciales y ministeriales estatales para determinar si existe alguna conducta que amerite ser investigada o sancionada.

En otras palabras, el expediente cambia de manos, pero las preguntas sobre lo ocurrido durante su conducción estatal permanecen abiertas.

Para la Fiscalía de “El Bayo”, el golpe resulta particularmente delicado porque afecta directamente uno de los activos fundamentales de cualquier institución encargada de combatir la corrupción: su credibilidad jurídica.

Una Fiscalía Anticorrupción no solamente debe perseguir posibles irregularidades. También tiene la obligación de demostrar que sus investigaciones se desarrollan dentro de los límites de sus atribuciones, respetando las reglas procesales y garantizando el debido proceso.

Por ello, la pérdida de la conducción del expediente difícilmente puede reducirse a un simple trámite burocrático.

La resolución no determina que Abelardo Valenzuela u otros funcionarios hayan cometido alguna conducta irregular. Tampoco establece automáticamente responsabilidades administrativas o penales. Cualquier conclusión de esa naturaleza deberá provenir de las autoridades competentes.

Sin embargo, el hecho político e institucional permanece: la Fiscalía que encabezó el caso ya no podrá seguir dirigiéndolo y deberá entregar la carpeta.

Mientras José Pedro López Elías obtiene una resolución favorable después de meses de litigio, la dependencia encabezada por Valenzuela queda obligada a explicar y defender la manera en que condujo un procedimiento que ahora sale de sus manos.

El caso entra así en una etapa que puede resultar decisiva.

Ya no solamente estará bajo observación lo que ocurra con la investigación contra López Elías. También cobrará relevancia lo que determinen las distintas instancias respecto de las actuaciones estatales que fueron puestas en su conocimiento.

Para “El Bayo” Valenzuela, el problema ya no es únicamente haber perdido el control de un expediente.

El verdadero desafío será explicar cómo se condujo el caso, por qué llegó hasta este punto y qué impacto tendrá este revés sobre la credibilidad de la institución que encabeza.