Los afectados aseguran que rechazaron firmar hojas en blanco y pidieron esperar a un abogado.

El señalamiento se suma a reclamos por pagos y al testimonio de una espera sin comida ni descanso.

TIJUANA.— Los trabajadores dijeron que no. Afuera de USG Tijuana, personas inconformes con la terminación de sus contratos denunciaron que les pedían firmar hojas en blanco. Su respuesta fue exigir que llegara un abogado antes de continuar.

El señalamiento es uno de los más graves del episodio. Una firma puede tener consecuencias para quien la entrega; por eso, conocer el contenido del documento resulta indispensable. Los afectados no tenían confianza en el procedimiento que describen.

No hay copias de esas hojas en el material compartido ni una explicación de USG. La acusación corresponde a los trabajadores y necesita esclarecerse. La empresa debe responder qué documentos presentó y cómo informó a cada persona sobre su salida.

La protesta también estuvo marcada por el cansancio. Uno de los afectados relató que salieron del turno a las 5:24 de la mañana y que Recursos Humanos les pidió firmar a las seis de la tarde. Aseguró que permanecieron en la calle sin comer ni dormir.

Además, mencionó un finiquito aproximado de 3,070 pesos y denunció un pago pendiente que identifica como “semana de fondo”. Según su versión, distintas áreas los enviaban unas con otras sin resolver sus dudas.

Ese recorrido de respuestas insuficientes ayuda a entender la desconfianza que expresaron. Para los trabajadores, pedir asesoría antes de firmar era una manera de protegerse ante una situación que no tenían clara.

Personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores recabó sus datos, los orientó y propuso una denuncia colectiva, según el relato del video.

Los contratos mencionados tenían duraciones de 60 a 90 días y algunos afectados llevaban pocas semanas trabajando.

USG debe explicar el procedimiento denunciado. La salida de un trabajador exige claridad sobre documentos y pagos. Cuando esa claridad falta, la firma deja de ser un trámite y se vuelve motivo de conflicto.

La huelga de Nacional Monte de Piedad acumula más de ocho meses de desgaste, pero detrás del conflicto laboral existe una pregunta que cada vez cobra más fuerza ¿Cuánto tiempo puede permanecer un sindicato sin rendir cuentas claras a sus propios trabajadores?

Arturo Zayún González ha encabezado durante años al sindicato mayoritario del Monte de Piedad. Publicaciones periodísticas han revelado que su permanencia al frente del sindicato supera las dos décadas que han estado acompañadas por señalamientos de opacidad en cuotas sindicales, uso de instalaciones sindicales y beneficios obtenidos de esos inmuebles para su círculo cercano, además de la  falta de claridad en el patrimonio asociado a él y a su familia.

La investigación de XPECTRO FM realizada en noviembre pasado y titulada “El Cártel Inmobiliario del Clan Zayún” señaló que el dirigente sindical y dos de sus hermanos habrían acumulado al menos 17 propiedades con valor superior a 300 millones de pesos. Código Magenta y Pulso SLP retomaron esa investigación, destacando que el patrimonio señalado incluiría casas, residencias, locales comerciales y fincas en San Luis Potosí y Quintana Roo.

Por separado, SDP Noticias publicó que trabajadores han exigido transparencia desde el año 2000 sobre el dinero del sindicato y sus propiedades, también señaló gastos millonarios en congresos, reuniones, viajes y presunto uso de instalaciones sindicales para eventos privados, sin que exista una rendición de cuentas clara para la base.

La dimensión pública del caso es evidente. El sindicato no es una organización privada sin impacto social. Sus decisiones han mantenido cerradas más de 300 sucursales de Nacional Monte de Piedad desde octubre de 2025, afectando a trabajadores, clientes y comunidades que dependen del crédito prendario.

En febrero de 2026, medios como La Jornada, El Economista y El Financiero publicaron que una autoridad judicial concedió un amparo a Nacional Monte de Piedad y declaró inexistente la huelga estallada el 1 de octubre de 2025. A pesar de ello, el conflicto continuó sin una solución definitiva por la decisión del dirigente sindical de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la discusión ya no puede centrarse sólo en lo que el sindicato exige a la institución. También debe incluir lo que la base trabajadora tiene derecho a exigirle a su dirigencia.

Después de ocho meses de huelga, Arturo Zayún debe responder tres preguntas básicas ¿Cuál es el origen del patrimonio que le atribuyen diversas investigaciones?, ¿En qué se han utilizado las cuotas sindicales durante más de dos décadas?, y ¿Por qué los trabajadores no han recibido una rendición de cuentas clara, completa y verificable?

La realidad del Monte de Piedad no es sólo una huelga prolongada, es también la historia de un sindicato que exige transparencia, pero que tiene cuentas pendientes con sus propios agremiados.

Más de 40 años de experiencia impulsan nuevos modelos de vivienda en San Miguel de Allende

El concepto de vivienda ha cambiado con el tiempo. Hoy, más allá de contar con un espacio físico, las personas buscan entornos que les permitan desarrollar su vida en comunidad, con acceso a servicios, áreas de convivencia y condiciones que favorezcan su bienestar.

En este contexto, el desarrollo habitacional ha evolucionado hacia modelos que priorizan la creación de comunidades. La planeación urbana, el diseño de espacios compartidos y la integración con el entorno se han convertido en elementos esenciales dentro de los nuevos proyectos inmobiliarios.

En San Miguel de Allende, esta visión ha sido impulsada por distintas trayectorias dentro del sector. La familia Araiza, con más de 40 años de experiencia, ha participado en la construcción de comunidades que hoy forman parte del crecimiento de la ciudad.

Actualmente, esta visión se mantiene a través del trabajo de Raúl Araiza, quien ha participado en proyectos orientados a fortalecer la vida en comunidad dentro del desarrollo habitacional.

La construcción de más de 3,500 hogares refleja el impacto de esta trayectoria en la ciudad. Cada desarrollo ha representado una oportunidad para crear espacios donde las personas puedan convivir y desarrollar su vida cotidiana.

Este enfoque también ha sido reconocido a nivel nacional con la obtención de cuatro Premios Nacionales de Vivienda, distinción que avala la calidad y el impacto de estos proyectos.

Para Raúl Araiza, la construcción de comunidad sigue siendo uno de los ejes principales dentro del desarrollo inmobiliario. La experiencia acumulada ha permitido comprender que el valor de la vivienda va más allá de su estructura física.

Hoy, proyectos como Punta del Cielo reflejan esta visión. El desarrollo busca integrar espacios que fomenten la convivencia y que permitan a los residentes construir relaciones dentro de su entorno.

La creación de comunidades sólidas no solo mejora la calidad de vida, sino que también contribuye al desarrollo urbano de la ciudad.

En una ciudad como San Miguel de Allende, donde el crecimiento continúa, este enfoque se vuelve cada vez más relevante.

Más de 40 años construyendo comunidad, más de 3,500 hogares desarrollados y el respaldo de cuatro Premios Nacionales de Vivienda consolidan una trayectoria enfocada en el bienestar colectivo.