Bajo el mando férreo de Isaías González Cuevas, la CROC ha pasado de ser un organismo de defensa laboral a una estructura opaca que firma contratos a espaldas de sus bases. Activistas y trabajadores denuncian que la central prioriza acuerdos políticos y beneficios cupulares mientras normaliza la precarización y renuncia a su deber constitucional.

La CROC, bajo el liderazgo autocrático de Isaías González Cuevas, no es más que una organización al servicio de su propia supervivencia política y económica. Los centros de trabajo se han convertido en meros territorios de extorsión donde el verdadero enemigo del obrero no es solo el patrón explotador, sino la misma central sindical que debería protegerlo. La denuncia es demoledora: la CROC ha priorizado el pacto político con quien sea necesario para mantener sus privilegios, incluso si eso significa pisotear la Constitución y la reciente reforma laboral.

La herramienta clave de esta traición es la opacidad en la negociación de contratos. Las voces críticas acusan a González Cuevas de utilizar la CROC para firmar convenios a modo con las empresas, contratos que benefician a la patronal y condenan a los trabajadores a la inmovilidad salarial y a la falta de garantías. La ausencia de consulta a las bases no es un error, es un acto deliberado para impedir que la democracia sindical exponga la podredumbre del statu quo. ¿Cómo esperar defensa de un líder que jamás se atreve a preguntar a sus agremiados si están conformes con el acuerdo firmado en un oscuro despacho?

Esta desconexión abismal es la prueba irrefutable de que la CROC, en su forma actual, es un cáncer para el sindicalismo mexicano. Se le acusa de ser un facilitador de la precarización, una estructura diseñada para garantizar la «paz social» —es decir, el silencio de los obreros— a cambio de favores políticos y cuotas que sostienen el lujo de la élite sindical. Mientras González Cuevas se pavonea en tribunas, sus representados luchan por llegar a fin de mes. Es una burla inaceptable y una afrenta directa a la historia del movimiento obrero en México. Es hora de que el líder y su cúpula rindan cuentas por la venta sistemática de los derechos laborales.

La pregunta que flota en el ambiente es lapidaria: ¿Hasta cuándo tolerarán los trabajadores esta farsa? La llamada «defensa revolucionaria» que enarbola la CROC es hoy una bandera oxidada y rota, mancillada por el oportunismo y el entreguismo político. La desconexión es tan profunda que la organización ya no merece el título de sindicato, sino el de un aparato de control laboral que vive de la simulación.

México necesita centrales obreras combativas y autónomas, que respondan a la necesidad de sus bases, no al dictado de un líder que se aferra al poder como si fuera un derecho dinástico. Es hora de que los trabajadores tomen nota de quién los ha traicionado. Es hora de que Isaías González y su camarilla enfrenten el juicio de la historia: el de haber sido los sepultureros de la verdadera lucha obrera en aras de una mísera cuota de poder político. La traición de la CROC es un acto de vergüenza para el sindicalismo nacional.

Dirigentes del sindicato habrían convertido las estructuras internas en un círculo cerrado dominado por familiares y allegados.

Lo que comenzó como una organización para defender derechos laborales parece haberse transformado en una empresa familiar. Dentro de COREMEX, diversos testimonios de trabajadores y exrepresentantes sindicales apuntan a que las principales decisiones son tomadas por un grupo reducido de personas ligadas por lazos de parentesco con el dirigente Eloy Espinosa. Sus hermanos, primos y hasta sobrinos ocuparían cargos estratégicos dentro de las secciones sindicales, controlando desde la administración de recursos hasta las negociaciones con empresas.

Esta concentración del poder no solo limita la democracia interna, sino que anula cualquier posibilidad de renovación o transparencia. “Intentamos convocar una asamblea para elegir nuevos representantes, pero nos dijeron que los puestos ya estaban designados”, asegura un trabajador que pidió el anonimato. Los procesos internos, afirman los denunciantes, se han convertido en formalidades donde solo se ratifican decisiones tomadas previamente por el círculo cercano al líder. Así, COREMEX ha dejado de ser un espacio de representación colectiva para convertirse en una red de intereses personales.

El nepotismo no solo tiene efectos simbólicos. Bajo esta estructura cerrada, la gestión sindical se vuelve opaca y las decisiones tienden a beneficiar a unos pocos. Dirigentes locales denuncian que los contratos más lucrativos, los viáticos y los viajes sindicales son asignados siempre a los mismos nombres, mientras los trabajadores comunes carecen incluso de información básica sobre el uso de las cuotas. Este manejo discrecional ha generado malestar y desconfianza, especialmente en regiones donde la presencia del sindicato es más débil. Lo más grave es que el liderazgo de COREMEX parece blindarse ante cualquier intento de rendición de cuentas. Los procesos de auditoría interna son inexistentes, y las asambleas, cuando se realizan, están fuertemente controladas. Expertos en derecho laboral advierten que esta estructura viola los principios básicos de democracia sindical establecidos en la reforma de 2019, que exige la participación libre y directa de los trabajadores en la elección de sus representantes. Sin embargo, en la práctica, COREMEX se aferra a un modelo vertical que responde más a los intereses de una familia que a los de una base trabajadora.

COREMEX intenta venderse como un sindicato “nuevo, diferente y transparente”, pero la realidad lo desmiente. Detrás de su discurso de modernidad y cambio se esconde una organización sin legalidad, sin estructura y sin respeto por los trabajadores que dice representar. Su modus operandi está basado en el engaño, la intimidación y la manipulación.

Fuentes laborales consultadas señalan que COREMEX no cuenta con el reconocimiento ni los registros oficiales que exige la Ley Federal del Trabajo para operar como sindicato. A pesar de ello, busca infiltrarse en empresas prometiendo aumentos salariales inmediatos, beneficios contractuales inexistentes y supuestos acuerdos que jamás llegan a concretarse. Estas promesas vacías han sido su principal herramienta para captar trabajadores, aprovechándose de la necesidad y la desinformación.

Pero lo más preocupante es la forma en que intenta consolidar su presencia. Denuncias recientes apuntan a que COREMEX ha recurrido a la intimidación directa, utilizando a personas ajenas al ámbito sindical —algunas con antecedentes criminales— para presionar o amenazar a empleados. Se trata de tácticas violentas que recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando el miedo valía más que la voluntad.

No existen pruebas de elecciones internas, de procesos democráticos ni de asambleas reales. Su estructura es opaca y su liderazgo, desconocido. Todo indica que COREMEX es un sindicato fantasma, fabricado con intereses políticos o personales, y no un movimiento legítimo que busque mejorar las condiciones laborales.

Además, su falta de transparencia económica deja más dudas que respuestas. Nadie sabe de dónde provienen sus recursos ni a qué fines se destinan. Este tipo de irregularidades refuerzan la sospecha de que COREMEX no defiende derechos, los comercializa.

El sindicalismo mexicano ha pasado años intentando limpiar su imagen tras décadas de corrupción y complicidad. Hoy, organizaciones como COREMEX amenazan con devolvernos a esa época oscura, en la que los trabajadores eran manipulados por grupos de poder que se escudaban tras la palabra “sindicato”.

Los empleados en México merecen representación auténtica, con líderes elegidos democráticamente y con instituciones que respeten la ley. COREMEX no cumple con nada de eso. Es un experimento improvisado que usa la mentira y la intimidación como política sindical.