Mientras existen señalamientos e investigaciones relacionadas con la actuación de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que otorgaría fuero constitucional a su titular, Héctor Acosta Félix. La coincidencia de ambos procesos abre una pregunta inevitable: ¿por qué hacerlo precisamente ahora?

En medio de cuestionamientos sobre la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua analiza otorgar una nueva protección constitucional a quien encabeza ese organismo: Héctor Acosta Félix.

La propuesta avanzó el pasado 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría llegar al Pleno del Congreso. La modificación busca incorporar al titular de la ASE entre los funcionarios que cuentan con fuero constitucional.

El argumento a favor es proteger la independencia de la función fiscalizadora. Sin embargo, el contexto en el que se discute la reforma ha provocado dudas que el Congreso deberá responder.

Acosta Félix aparece señalado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por José Pedro López Elías, titular de López Elías Finanzas Públicas, relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022.

La denuncia plantea presuntas irregularidades vinculadas con la investigación realizada por la ASE sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua de 2019. Entre los posibles delitos señalados se encuentran abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.

Hasta ahora, estos señalamientos no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para proceder.

Pero precisamente por encontrarse estos asuntos abiertos, el avance de una reforma para otorgar fuero al auditor genera una discusión que difícilmente puede separarse del momento en que ocurre.

El refinanciamiento que desató la controversia

Una parte importante del conflicto gira alrededor del refinanciamiento de la deuda estatal realizado en 2019.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó posteriormente la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Congreso autorizó esa operación y reconoció su validez. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación también realizó revisiones relacionadas con las operaciones financieras y la deuda pública estatal.

Años después, la ASE encabezada por Acosta Félix realizó una auditoría forense que derivó en nuevos señalamientos y en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

La diferencia entre las revisiones ha provocado cuestionamientos sobre cuáles fueron los nuevos elementos encontrados y cómo se llegó a las conclusiones posteriores.

A este escenario se agregó un juicio de amparo promovido por López Elías y su despacho, dentro del cual un juez federal concedió una suspensión definitiva relacionada con determinadas comunicaciones públicas sobre el empresario y el procedimiento iniciado en su contra.

La pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora?

El problema político para el Congreso no consiste únicamente en determinar si el titular de la ASE debería contar con fuero.

También deberá explicar por qué la reforma avanza en este momento y cuáles serían sus efectos sobre investigaciones o procedimientos relacionados con quien actualmente ocupa el cargo.

Si la intención es fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores tendrán que demostrar que la reforma protege a la institución y no se convierte en una protección personal para su titular.

Porque una cosa es garantizar que un auditor pueda realizar su trabajo sin presiones políticas y otra muy distinta sería crear obstáculos para que pueda ser investigado cuando existan denuncias en su contra.

Héctor Acosta Félix tiene derecho a la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Pero el Congreso también tiene una responsabilidad: explicar con claridad por qué considera necesario otorgarle fuero al titular de la ASE precisamente cuando existen investigaciones y cuestionamientos alrededor de su actuación.

Esa es la pregunta que, hasta ahora, continúa sobre la mesa.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta un nuevo revés judicial luego de que una jueza federal concediera un amparo a José Pedro López Elías y determinara que la orden de aprehensión emitida en su contra deberá quedar sin efectos.

De acuerdo con la resolución dictada el 28 de agosto, la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua concluyó que el mandamiento judicial no cumplió con los requisitos constitucionales necesarios, particularmente en lo relacionado con la competencia de la autoridad que lo emitió.

La orden había sido librada por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.

Durante el análisis del amparo, la autoridad federal determinó que la competencia del juez debía revisarse antes de autorizar cualquier orden de captura. Al no cumplirse este requisito, la resolución estableció que la orden era inconstitucional.

Como consecuencia, el juez estatal deberá dejar sin efectos la orden de aprehensión correspondiente a la causa penal 3050/2024 y reconocer que carece de competencia para resolver sobre la solicitud presentada.

La decisión representa un golpe relevante para la estrategia jurídica seguida por la Fiscalía Anticorrupción en este expediente, pues se suma a otra resolución judicial que previamente ordenó trasladar el caso al ámbito federal.

El nuevo fallo coloca bajo cuestionamiento la manera en que fue integrada y judicializada la investigación contra López Elías.

Aunque la sentencia de amparo se concentra específicamente en la legalidad de la orden de aprehensión y no determina por sí misma la inocencia o responsabilidad del involucrado, sí invalida uno de los principales actos procesales impulsados hasta ahora por las autoridades estatales, obligándolas a replantear la ruta jurídica del caso. La resolución también eleva el escrutinio sobre las decisiones adoptadas durante la judicialización y sobre la solidez técnica del expediente presentado inicialmente.

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El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, enfrenta un nuevo tropiezo judicial en el caso contra José Pedro López Elías, luego de que una jueza federal ordenara dejar sin efectos la orden de aprehensión solicitada por la dependencia estatal.

La sentencia definitiva fue emitida el 28 de agosto por la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua, dentro de un juicio de amparo promovido desde marzo de 2025.

El punto central de la resolución es contundente: la orden de aprehensión no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 16 constitucional porque fue emitida por una autoridad judicial que carecía de competencia para hacerlo.

La orden había sido dictada por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 3050/2024, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, la justicia federal instruyó al juzgador estatal para cancelar la orden y reconocer expresamente que no tiene competencia para atender la solicitud.

La decisión representa un nuevo revés para Valenzuela Holguín y su equipo, cuya actuación en este asunto ya había sido cuestionada mediante resoluciones anteriores.

El expediente ha comenzado a trasladarse al terreno federal, debilitando la ruta procesal originalmente seguida por la Fiscalía de Chihuahua.

Más allá de las disputas políticas que rodean el caso, la resolución pone el foco sobre una cuestión básica: una institución dedicada precisamente a investigar actos de corrupción está obligada a sostener sus acusaciones dentro de procedimientos jurídicamente sólidos.

Cuando una orden de aprehensión es anulada por falta de competencia de la autoridad que la emitió, el problema deja de ser únicamente discursivo.

Se convierte en un cuestionamiento directo sobre la construcción jurídica de la investigación y sobre las decisiones tomadas desde la propia Fiscalía Anticorrupción. El fallo también obliga a revisar con mayor rigor cada actuación posterior vinculada con este expediente.

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