Los afectados aseguran que rechazaron firmar hojas en blanco y pidieron esperar a un abogado.

El señalamiento se suma a reclamos por pagos y al testimonio de una espera sin comida ni descanso.

TIJUANA.— Los trabajadores dijeron que no. Afuera de USG Tijuana, personas inconformes con la terminación de sus contratos denunciaron que les pedían firmar hojas en blanco. Su respuesta fue exigir que llegara un abogado antes de continuar.

El señalamiento es uno de los más graves del episodio. Una firma puede tener consecuencias para quien la entrega; por eso, conocer el contenido del documento resulta indispensable. Los afectados no tenían confianza en el procedimiento que describen.

No hay copias de esas hojas en el material compartido ni una explicación de USG. La acusación corresponde a los trabajadores y necesita esclarecerse. La empresa debe responder qué documentos presentó y cómo informó a cada persona sobre su salida.

La protesta también estuvo marcada por el cansancio. Uno de los afectados relató que salieron del turno a las 5:24 de la mañana y que Recursos Humanos les pidió firmar a las seis de la tarde. Aseguró que permanecieron en la calle sin comer ni dormir.

Además, mencionó un finiquito aproximado de 3,070 pesos y denunció un pago pendiente que identifica como “semana de fondo”. Según su versión, distintas áreas los enviaban unas con otras sin resolver sus dudas.

Ese recorrido de respuestas insuficientes ayuda a entender la desconfianza que expresaron. Para los trabajadores, pedir asesoría antes de firmar era una manera de protegerse ante una situación que no tenían clara.

Personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores recabó sus datos, los orientó y propuso una denuncia colectiva, según el relato del video.

Los contratos mencionados tenían duraciones de 60 a 90 días y algunos afectados llevaban pocas semanas trabajando.

USG debe explicar el procedimiento denunciado. La salida de un trabajador exige claridad sobre documentos y pagos. Cuando esa claridad falta, la firma deja de ser un trámite y se vuelve motivo de conflicto.

El consultor afirma que buscó presentar documentación sobre los servicios prestados durante el refinanciamiento de la deuda estatal.

La carta cuestiona que el informe lo mencionara más de 150 veces sin que consiguiera la audiencia solicitada con el auditor.

José Pedro López Elías expuso ante el Congreso de Chihuahua que solicitó oportunidades para presentar documentación y responder a los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, sin conseguir la audiencia que buscaba con su titular. El reclamo aparece en la carta remitida al Legislativo.

El representante de López Elías Finanzas Públicas, S.C., vincula esas solicitudes con la auditoría forense sobre servicios relacionados con el refinanciamiento de la deuda estatal. Según su exposición, pretendía entregar elementos que permitieran aclarar las observaciones formuladas sobre la participación de la empresa.

La misiva sostiene que el informe lo menciona en más de ciento cincuenta ocasiones. Frente a esa presencia, López Elías cuestiona que sus intentos de interlocución no se tradujeran en una audiencia ante el auditor Héctor Acosta Félix para explicar los servicios.

El planteamiento incorpora una discusión sobre el derecho de defensa: el consultor pide valorar cómo se recibieron, examinaron o atendieron sus solicitudes dentro del proceso de fiscalización. Su versión presenta la falta de audiencia como un elemento relevante para revisar la actuación de la ASE.

El escrito también relaciona el informe forense con la denuncia presentada en 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra López Elías y Javier Corral. Esa secuencia constituye uno de los antecedentes que el firmante solicita poner a consideración de los legisladores.

La carta fue presentada en el contexto del proyecto para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional. López Elías considera necesario examinar los mecanismos de control y la tutela de derechos antes de resolver esa reforma.

Su solicitud no pide que el Congreso sustituya la investigación ministerial ni resuelva responsabilidades individuales. Propone que las actuaciones documentadas, incluidas las peticiones de audiencia, sean consideradas al discutir la protección procesal del funcionario responsable de conducir la fiscalización estatal.

Con información de zonafree.mx

Mientras existen señalamientos e investigaciones relacionadas con la actuación de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que otorgaría fuero constitucional a su titular, Héctor Acosta Félix. La coincidencia de ambos procesos abre una pregunta inevitable: ¿por qué hacerlo precisamente ahora?

En medio de cuestionamientos sobre la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua analiza otorgar una nueva protección constitucional a quien encabeza ese organismo: Héctor Acosta Félix.

La propuesta avanzó el pasado 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría llegar al Pleno del Congreso. La modificación busca incorporar al titular de la ASE entre los funcionarios que cuentan con fuero constitucional.

El argumento a favor es proteger la independencia de la función fiscalizadora. Sin embargo, el contexto en el que se discute la reforma ha provocado dudas que el Congreso deberá responder.

Acosta Félix aparece señalado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por José Pedro López Elías, titular de López Elías Finanzas Públicas, relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022.

La denuncia plantea presuntas irregularidades vinculadas con la investigación realizada por la ASE sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua de 2019. Entre los posibles delitos señalados se encuentran abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.

Hasta ahora, estos señalamientos no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para proceder.

Pero precisamente por encontrarse estos asuntos abiertos, el avance de una reforma para otorgar fuero al auditor genera una discusión que difícilmente puede separarse del momento en que ocurre.

El refinanciamiento que desató la controversia

Una parte importante del conflicto gira alrededor del refinanciamiento de la deuda estatal realizado en 2019.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó posteriormente la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Congreso autorizó esa operación y reconoció su validez. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación también realizó revisiones relacionadas con las operaciones financieras y la deuda pública estatal.

Años después, la ASE encabezada por Acosta Félix realizó una auditoría forense que derivó en nuevos señalamientos y en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

La diferencia entre las revisiones ha provocado cuestionamientos sobre cuáles fueron los nuevos elementos encontrados y cómo se llegó a las conclusiones posteriores.

A este escenario se agregó un juicio de amparo promovido por López Elías y su despacho, dentro del cual un juez federal concedió una suspensión definitiva relacionada con determinadas comunicaciones públicas sobre el empresario y el procedimiento iniciado en su contra.

La pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora?

El problema político para el Congreso no consiste únicamente en determinar si el titular de la ASE debería contar con fuero.

También deberá explicar por qué la reforma avanza en este momento y cuáles serían sus efectos sobre investigaciones o procedimientos relacionados con quien actualmente ocupa el cargo.

Si la intención es fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores tendrán que demostrar que la reforma protege a la institución y no se convierte en una protección personal para su titular.

Porque una cosa es garantizar que un auditor pueda realizar su trabajo sin presiones políticas y otra muy distinta sería crear obstáculos para que pueda ser investigado cuando existan denuncias en su contra.

Héctor Acosta Félix tiene derecho a la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Pero el Congreso también tiene una responsabilidad: explicar con claridad por qué considera necesario otorgarle fuero al titular de la ASE precisamente cuando existen investigaciones y cuestionamientos alrededor de su actuación.

Esa es la pregunta que, hasta ahora, continúa sobre la mesa.