Nacional
Fovissste anuncia alivios para acreditados: congelamiento y reducción de créditos
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa que busca aliviar las cargas financieras de miles de trabajadores del Estado con créditos impagables en el Fovissste. La iniciativa contempla quitas de deuda, congelamiento de créditos y una estrategia nacional para recuperar casas abandonadas.
Este modelo, inspirado en el esquema que ya se aplica en el Infonavit, tiene como meta brindar soluciones reales a quienes hoy enfrentan el riesgo de perder su vivienda por no poder pagar.
¿Qué trabajadores podrán beneficiarse de este nuevo programa del Fovissste?
De acuerdo con la mandataria, el plan está dirigido a trabajadores del Estado, como personal del Instituto Politécnico Nacional (IPN), maestras, maestros y otros servidores públicos que tengan dificultades para cubrir sus créditos hipotecarios con el Fovissste.
Aunque no se incluyó en la reciente propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE, Sheinbaum aseguró que la medida sí será implementada, como parte de una estrategia de justicia social y acceso a la vivienda.
¿Qué cambios se aplicarán a los créditos Fovissste?
El programa contempla dos acciones principales:
- Quita de deuda: Se reducirá el monto total que los trabajadores deben pagar, aliviando la presión financiera que enfrentan muchas familias.
- Congelamiento de créditos: Se detendrá el aumento de la deuda causada por intereses acumulados, permitiendo a los beneficiarios estabilizar sus pagos sin temor a que la deuda siga creciendo.
Estas medidas ya se aplicaron con éxito en Infonavit, donde más de 4 millones de créditos han sido congelados, brindando resultados positivos para los trabajadores.
¿Qué pasará con las viviendas abandonadas?
Uno de los ejes más importantes del programa es la recuperación de 600 mil viviendas abandonadas. Según explicó Sheinbaum, muchas de estas propiedades quedaron deshabitadas porque fueron construidas bajo esquemas crediticios poco accesibles y diseñados más para favorecer a desarrolladores inmobiliarios que a los trabajadores.
El gobierno federal trabaja en un nuevo modelo para rehabilitarlas y reasignarlas, con el fin de que vuelvan a estar disponibles para las familias que realmente necesitan un hogar.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa que busca aliviar las cargas financieras de miles de trabajadores del Estado con créditos impagables en el Fovissste. La iniciativa contempla quitas de deuda, congelamiento de créditos y una estrategia nacional para recuperar casas abandonadas.
Este modelo, inspirado en el esquema que ya se aplica en el Infonavit, tiene como meta brindar soluciones reales a quienes hoy enfrentan el riesgo de perder su vivienda por no poder pagar.
¿Qué trabajadores podrán beneficiarse de este nuevo programa del Fovissste?
De acuerdo con la mandataria, el plan está dirigido a trabajadores del Estado, como personal del Instituto Politécnico Nacional (IPN), maestras, maestros y otros servidores públicos que tengan dificultades para cubrir sus créditos hipotecarios con el Fovissste.
Aunque no se incluyó en la reciente propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE, Sheinbaum aseguró que la medida sí será implementada, como parte de una estrategia de justicia social y acceso a la vivienda.
¿Qué cambios se aplicarán a los créditos Fovissste?
El programa contempla dos acciones principales:
- Quita de deuda: Se reducirá el monto total que los trabajadores deben pagar, aliviando la presión financiera que enfrentan muchas familias.
- Congelamiento de créditos: Se detendrá el aumento de la deuda causada por intereses acumulados, permitiendo a los beneficiarios estabilizar sus pagos sin temor a que la deuda siga creciendo.
Estas medidas ya se aplicaron con éxito en Infonavit, donde más de 4 millones de créditos han sido congelados, brindando resultados positivos para los trabajadores.
¿Qué pasará con las viviendas abandonadas?
Uno de los ejes más importantes del programa es la recuperación de 600 mil viviendas abandonadas. Según explicó Sheinbaum, muchas de estas propiedades quedaron deshabitadas porque fueron construidas bajo esquemas crediticios poco accesibles y diseñados más para favorecer a desarrolladores inmobiliarios que a los trabajadores.
El gobierno federal trabaja en un nuevo modelo para rehabilitarlas y reasignarlas, con el fin de que vuelvan a estar disponibles para las familias que realmente necesitan un hogar.
La mandataria también presentó su plan de vivienda social, que incluye la construcción de un millón de viviendas accesibles durante su administración.
¿Qué impacto tendrá este programa para los trabajadores?
La reducción de deuda, el congelamiento de pagos y la rehabilitación de viviendas del Fovissste ofrecen un respiro económico a miles de familias que hoy viven bajo la presión de una deuda hipotecaria.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Nacional
La certeza marcaria impulsada por Santiago Nieto toma relevancia en la discusión constitucional sobre renovaciones
- La Corte revisará un mecanismo esencial para evitar abusos y proteger derechos adquiridos.
La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.
El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.
La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.
Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.
La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.
Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.
