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TRIBUNAL FEDERAL DESMONTA CASO ARMADO DESDE CHIHUAHUA CONTRA JAVIER CORRAL
La justicia federal otorgó a la Fiscalía General de la República la facultad de atracción tras advertir irregularidades graves en un expediente impulsado desde el gobierno estatal.
Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.
- La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
- El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.
El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:
- En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
- Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
- La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
- La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
- La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
- Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
- Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
- Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
- Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.
Con información de «zonafree.mx»
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Nacional
La certeza marcaria impulsada por Santiago Nieto toma relevancia en la discusión constitucional sobre renovaciones
- La Corte revisará un mecanismo esencial para evitar abusos y proteger derechos adquiridos.
La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.
El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.
La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.
Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.
La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.
Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.
