Nacional
Senado de la república aprueba reforma para prohibir matrimonio infantil en comunidades indígenas
El Senado de la República aprobó una reforma al artículo 2° de la Constitución para prohibir el matrimonio infantil en comunidades indígenas, para que así se respete el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La minuta que fue aprobada en lo general y en lo particular por 76 votos a favor y 0 en contra, estipula que las comunidades indígenas tendrán que sujetarse a “el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin que pueda justificarse la practica en lo contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres”.
De acuerdo con el dictamen, el matrimonio infantil tiene lugar en todo el mundo, sin embargo, es más frecuente en países en desarrollo. De acuerdo con el documento, en el año 2000, un tercio de las mujeres de entre 20 y 24 años señaló haber contraído matrimonio siendo menor de edad.
Datos del INEGI, el Fondo de Población de la ONU y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República indican que, en países en desarrollo, el 90% de los partos en adolescentes tienen lugar entre niñas casadas. Señala también, que es frecuente que las niñas sean obligadas a contraer matrimonio al quedar embarazadas y, peor aún, a hacerlo con sus violadores solo por razones sociales.
Durante la discusión del dictamen, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos dijo dese la tribuna que el matrimonio infantil es una violación inadmisible a los derechos de la infancia y de la adolescencia, poque se privan los derechos de grupos de vulnerabilidad y opresión.
Añadió que, por ello, su grupo parlamentario y senadores se sumaron a respaldar la iniciativa que elimina las prácticas de usos y costumbres sobre el matrimonio infantil y con ello, se busca establecer el derecho pleno y el interés superior de la niñez y la adolescencia como una condición constitucional y sea consagrado en la Constitución la prohibición de los matrimonios infantiles.
Desde tribuna la senadora panista Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, felicitó a quienes impulsaron el dictamen, pues subrayó que los derechos de la infancia y de la adolescencia no tienen partido, “es por ello, cuando se habla y se apoya el respaldo a los derechos de las infancias y de las adolescencias que se debe de reconocer eliminar el matrimonio infantil”, dijo la senadora.
Tras la aprobación del dictamen de reforma constitucional, la presidenta del mesa directiva del Senado ordenó remitir el documento a la Cámara de Diputados para su revisión, discusión y eventual votación.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
