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Justicia

El trabuco de la elección judicial, un reto de comunicación política

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El trabuco de la elección judicial, un reto de comunicación política

La política en México atraviesa un punto de inflexión sin precedentes. La reciente Reforma del Poder Judicial ha puesto a jueces, magistrados y ministros en una posición que jamás imaginaron, la arena electoral.

De ser figuras casi intocables, resguardadas por la solemnidad de las cortes y los juzgados, ahora deben aprender a construir narrativas, conectar con la ciudadanía y, sobre todo, pedir el voto.

Este cambio representa un reto monumental en términos de comunicación política, pues tradicionalmente, la labor de los juzgadores se desarrollaba en tribunales y salas de audiencia, donde el lenguaje técnico y la discreción eran sus principales herramientas. Su legitimidad provenía del conocimiento jurídico, la jurisprudencia y la interpretación de la Ley, no de la simpatía o el carisma frente a las masas. Hoy, ese modelo del pasado ya no es suficiente.

De jueces a candidatos: la transformación del discurso

El primer desafío de quienes participan en la elección del Poder Judicial es la adaptación del mensaje. Los jueces están acostumbrados a argumentar con base en códigos y precedentes, pero el ciudadano de a pie no habla ese idioma.

La complejidad de su trabajo debe traducirse en discursos claros, emotivos y persuasivos, no basta con demostrar experiencia o capacidad técnica; deben generar confianza y cercanía con el electorado que, en muchos casos, no entiende a fondo el impacto de sus decisiones en la vida cotidiana.

Además, la imparcialidad, valor central del Poder Judicial, entra en tensión con la dinámica electoral, pues un juez candidato ya no solo interpreta la Ley, ahora toma posturas, debate y se somete al escrutinio público.

En ese contexto, las candidatas y candidatos a un cargo como juzgadores enfrentan el reto de encontrar el equilibrio entre la necesidad de ganar votos y no comprometer la esencia de su función. ¿Cómo evitar que la justicia se contamine con la lógica proselitista?

¿Qué podría prometer alguien que aspira a un cargo como éstos? ¿Qué sus decisiones serán más “justas”? ¿Qué siempre verá por los más desfavorecidos? ¿Qué sus resoluciones ahora serán más “sociales”? ¿Qué el pueblo que votó por él recibirá un trato mucho más justo y expedito?. Lo que estamos viendo en medio de las campañas es la recurrencia a lugares comunes en los que realmente solo tratan de llenar el espacio con conceptos vacíos pero efectivos en medio de una realidad política polarizada: que se humanizará el sistema judicial, que se acabará con la corrupción o que serán transparentes en sus decisiones.

La exposición mediática y el riesgo de la crisis

Otro reto crucial es la gestión de su reputación y las crisis que enfrentarán, ya que los jueces estaban acostumbrados a operar en la sombra, con un margen de privacidad mucho mayor al de cualquier funcionario tradicional y ahora, su trayectoria, decisiones pasadas e incluso su vida personal, los tiene bajo la lupa. La prensa, los adversarios y las redes sociales no perdonan, ni perdonarán las contradicciones o errores del pasado.

Las campañas políticas tradicionales en México suelen ser despiadadas. La guerra sucia, los ataques personalizados y la desinformación están a la orden del día, pero evidentemente, los jueces en su mayoría no están preparados para responder a estas crisis públicas en medio de una campaña y tampoco cuentan con equipos profesionales que les ayuden a gestionar el embate de los escándalos, porque lo que antes era una simple resolución judicial, ahora podría convertirse en un arma política.

Fuente: Juan Carlos Zepeda Revista Fortuna

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Industria

¡No firmaremos en blanco! Trabajadores de USG Tijuana denuncian un procedimiento que exige respuestas

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Los afectados aseguran que rechazaron firmar hojas en blanco y pidieron esperar a un abogado.

El señalamiento se suma a reclamos por pagos y al testimonio de una espera sin comida ni descanso.

TIJUANA.— Los trabajadores dijeron que no. Afuera de USG Tijuana, personas inconformes con la terminación de sus contratos denunciaron que les pedían firmar hojas en blanco. Su respuesta fue exigir que llegara un abogado antes de continuar.

El señalamiento es uno de los más graves del episodio. Una firma puede tener consecuencias para quien la entrega; por eso, conocer el contenido del documento resulta indispensable. Los afectados no tenían confianza en el procedimiento que describen.

No hay copias de esas hojas en el material compartido ni una explicación de USG. La acusación corresponde a los trabajadores y necesita esclarecerse. La empresa debe responder qué documentos presentó y cómo informó a cada persona sobre su salida.

La protesta también estuvo marcada por el cansancio. Uno de los afectados relató que salieron del turno a las 5:24 de la mañana y que Recursos Humanos les pidió firmar a las seis de la tarde. Aseguró que permanecieron en la calle sin comer ni dormir.

Además, mencionó un finiquito aproximado de 3,070 pesos y denunció un pago pendiente que identifica como “semana de fondo”. Según su versión, distintas áreas los enviaban unas con otras sin resolver sus dudas.

Ese recorrido de respuestas insuficientes ayuda a entender la desconfianza que expresaron. Para los trabajadores, pedir asesoría antes de firmar era una manera de protegerse ante una situación que no tenían clara.

Personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores recabó sus datos, los orientó y propuso una denuncia colectiva, según el relato del video.

Los contratos mencionados tenían duraciones de 60 a 90 días y algunos afectados llevaban pocas semanas trabajando.

USG debe explicar el procedimiento denunciado. La salida de un trabajador exige claridad sobre documentos y pagos. Cuando esa claridad falta, la firma deja de ser un trámite y se vuelve motivo de conflicto.

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Chihuahua

López Elías señala falta de audiencia ante la ASE para responder a señalamientos

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El consultor afirma que buscó presentar documentación sobre los servicios prestados durante el refinanciamiento de la deuda estatal.

La carta cuestiona que el informe lo mencionara más de 150 veces sin que consiguiera la audiencia solicitada con el auditor.

José Pedro López Elías expuso ante el Congreso de Chihuahua que solicitó oportunidades para presentar documentación y responder a los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, sin conseguir la audiencia que buscaba con su titular. El reclamo aparece en la carta remitida al Legislativo.

El representante de López Elías Finanzas Públicas, S.C., vincula esas solicitudes con la auditoría forense sobre servicios relacionados con el refinanciamiento de la deuda estatal. Según su exposición, pretendía entregar elementos que permitieran aclarar las observaciones formuladas sobre la participación de la empresa.

La misiva sostiene que el informe lo menciona en más de ciento cincuenta ocasiones. Frente a esa presencia, López Elías cuestiona que sus intentos de interlocución no se tradujeran en una audiencia ante el auditor Héctor Acosta Félix para explicar los servicios.

El planteamiento incorpora una discusión sobre el derecho de defensa: el consultor pide valorar cómo se recibieron, examinaron o atendieron sus solicitudes dentro del proceso de fiscalización. Su versión presenta la falta de audiencia como un elemento relevante para revisar la actuación de la ASE.

El escrito también relaciona el informe forense con la denuncia presentada en 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra López Elías y Javier Corral. Esa secuencia constituye uno de los antecedentes que el firmante solicita poner a consideración de los legisladores.

La carta fue presentada en el contexto del proyecto para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional. López Elías considera necesario examinar los mecanismos de control y la tutela de derechos antes de resolver esa reforma.

Su solicitud no pide que el Congreso sustituya la investigación ministerial ni resuelva responsabilidades individuales. Propone que las actuaciones documentadas, incluidas las peticiones de audiencia, sean consideradas al discutir la protección procesal del funcionario responsable de conducir la fiscalización estatal.

Con información de zonafree.mx

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Justicia

ASSA amplía retroactivo de viáticos y reconoce el esfuerzo de las y los sobrecargos

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La gestión sindical encabezada por Rafael Munguía Almeida permitió extender el beneficio desde junio de 2026, como parte de las acciones para reconocer el trabajo de las tripulaciones de cabina.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) consiguió ampliar el periodo de aplicación del retroactivo de viáticos para las y los sobrecargos, luego de una gestión que permitió considerar el beneficio desde junio de 2026 y no únicamente a partir del 30 de agosto.

La medida representa un resultado favorable para las y los trabajadores, debido a que el periodo adicional no se encontraba contemplado originalmente. Ante esta situación, ASSA impulsó las gestiones necesarias para obtener mejores condiciones para sus integrantes.

Bajo la representación de su secretario general, Rafael Munguía Almeida, la organización sindical colocó como prioridad el reconocimiento al esfuerzo cotidiano de quienes desempeñan labores como sobrecargos y forman parte fundamental de la operación aérea.

El acuerdo sobre el retroactivo de viáticos también muestra la importancia de mantener una negociación sindical permanente que permita atender tanto los grandes temas laborales como aquellos beneficios que inciden directamente en las condiciones de las y los trabajadores.

Para ASSA, cada avance representa una oportunidad para fortalecer la representación de sus agremiados y reconocer el compromiso, profesionalismo y responsabilidad que las y los sobrecargos demuestran diariamente.

Con este resultado, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación mantiene su línea de trabajo orientada a generar beneficios concretos, fortalecer los derechos laborales y procurar mejores condiciones para las tripulaciones de cabina.

El retroactivo desde junio se suma así a las acciones de gestión sindical encaminadas a que el esfuerzo de las y los sobrecargos tenga un reconocimiento tangible.

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