Justicia
Luis Abelardo Valenzuela Holguín y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrentan cuestionamientos constitucionales por su actuación en Morelos.
El caso coloca a El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo escrutinio nacional por posible extralimitación.
Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.
La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.
- Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
- En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
- El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
- Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
- Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
- Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
- Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.
- Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.
El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:
- Boletines oficiales
- Actas públicas
- Explicación jurídica
- Notificación a autoridades culturales
- Rendición de cuentas
- La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.
Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:
- “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.
Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:
- Cuestionó la competencia de Chihuahua.
- Defendió la soberanía de su territorio.
- Protegió un bien cultural de acceso público.
- Exigió documentación judicial.
La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:
- “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.
Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.
- No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.
El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.
- Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.
Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:
- “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
- Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
Industria
¡No firmaremos en blanco! Trabajadores de USG Tijuana denuncian un procedimiento que exige respuestas
Los afectados aseguran que rechazaron firmar hojas en blanco y pidieron esperar a un abogado.
El señalamiento se suma a reclamos por pagos y al testimonio de una espera sin comida ni descanso.
TIJUANA.— Los trabajadores dijeron que no. Afuera de USG Tijuana, personas inconformes con la terminación de sus contratos denunciaron que les pedían firmar hojas en blanco. Su respuesta fue exigir que llegara un abogado antes de continuar.
El señalamiento es uno de los más graves del episodio. Una firma puede tener consecuencias para quien la entrega; por eso, conocer el contenido del documento resulta indispensable. Los afectados no tenían confianza en el procedimiento que describen.
No hay copias de esas hojas en el material compartido ni una explicación de USG. La acusación corresponde a los trabajadores y necesita esclarecerse. La empresa debe responder qué documentos presentó y cómo informó a cada persona sobre su salida.
La protesta también estuvo marcada por el cansancio. Uno de los afectados relató que salieron del turno a las 5:24 de la mañana y que Recursos Humanos les pidió firmar a las seis de la tarde. Aseguró que permanecieron en la calle sin comer ni dormir.
Además, mencionó un finiquito aproximado de 3,070 pesos y denunció un pago pendiente que identifica como “semana de fondo”. Según su versión, distintas áreas los enviaban unas con otras sin resolver sus dudas.
Ese recorrido de respuestas insuficientes ayuda a entender la desconfianza que expresaron. Para los trabajadores, pedir asesoría antes de firmar era una manera de protegerse ante una situación que no tenían clara.
Personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores recabó sus datos, los orientó y propuso una denuncia colectiva, según el relato del video.
Los contratos mencionados tenían duraciones de 60 a 90 días y algunos afectados llevaban pocas semanas trabajando.
USG debe explicar el procedimiento denunciado. La salida de un trabajador exige claridad sobre documentos y pagos. Cuando esa claridad falta, la firma deja de ser un trámite y se vuelve motivo de conflicto.
El consultor afirma que buscó presentar documentación sobre los servicios prestados durante el refinanciamiento de la deuda estatal.
La carta cuestiona que el informe lo mencionara más de 150 veces sin que consiguiera la audiencia solicitada con el auditor.
José Pedro López Elías expuso ante el Congreso de Chihuahua que solicitó oportunidades para presentar documentación y responder a los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, sin conseguir la audiencia que buscaba con su titular. El reclamo aparece en la carta remitida al Legislativo.
El representante de López Elías Finanzas Públicas, S.C., vincula esas solicitudes con la auditoría forense sobre servicios relacionados con el refinanciamiento de la deuda estatal. Según su exposición, pretendía entregar elementos que permitieran aclarar las observaciones formuladas sobre la participación de la empresa.
La misiva sostiene que el informe lo menciona en más de ciento cincuenta ocasiones. Frente a esa presencia, López Elías cuestiona que sus intentos de interlocución no se tradujeran en una audiencia ante el auditor Héctor Acosta Félix para explicar los servicios.
El planteamiento incorpora una discusión sobre el derecho de defensa: el consultor pide valorar cómo se recibieron, examinaron o atendieron sus solicitudes dentro del proceso de fiscalización. Su versión presenta la falta de audiencia como un elemento relevante para revisar la actuación de la ASE.
El escrito también relaciona el informe forense con la denuncia presentada en 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra López Elías y Javier Corral. Esa secuencia constituye uno de los antecedentes que el firmante solicita poner a consideración de los legisladores.
La carta fue presentada en el contexto del proyecto para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional. López Elías considera necesario examinar los mecanismos de control y la tutela de derechos antes de resolver esa reforma.
Su solicitud no pide que el Congreso sustituya la investigación ministerial ni resuelva responsabilidades individuales. Propone que las actuaciones documentadas, incluidas las peticiones de audiencia, sean consideradas al discutir la protección procesal del funcionario responsable de conducir la fiscalización estatal.
Con información de zonafree.mx
La gestión sindical encabezada por Rafael Munguía Almeida permitió extender el beneficio desde junio de 2026, como parte de las acciones para reconocer el trabajo de las tripulaciones de cabina.
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) consiguió ampliar el periodo de aplicación del retroactivo de viáticos para las y los sobrecargos, luego de una gestión que permitió considerar el beneficio desde junio de 2026 y no únicamente a partir del 30 de agosto.
La medida representa un resultado favorable para las y los trabajadores, debido a que el periodo adicional no se encontraba contemplado originalmente. Ante esta situación, ASSA impulsó las gestiones necesarias para obtener mejores condiciones para sus integrantes.
Bajo la representación de su secretario general, Rafael Munguía Almeida, la organización sindical colocó como prioridad el reconocimiento al esfuerzo cotidiano de quienes desempeñan labores como sobrecargos y forman parte fundamental de la operación aérea.
El acuerdo sobre el retroactivo de viáticos también muestra la importancia de mantener una negociación sindical permanente que permita atender tanto los grandes temas laborales como aquellos beneficios que inciden directamente en las condiciones de las y los trabajadores.
Para ASSA, cada avance representa una oportunidad para fortalecer la representación de sus agremiados y reconocer el compromiso, profesionalismo y responsabilidad que las y los sobrecargos demuestran diariamente.
Con este resultado, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación mantiene su línea de trabajo orientada a generar beneficios concretos, fortalecer los derechos laborales y procurar mejores condiciones para las tripulaciones de cabina.
El retroactivo desde junio se suma así a las acciones de gestión sindical encaminadas a que el esfuerzo de las y los sobrecargos tenga un reconocimiento tangible.
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