Justicia
Luis Abelardo Valenzuela Holguín y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrentan cuestionamientos constitucionales por su actuación en Morelos.
El caso coloca a El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo escrutinio nacional por posible extralimitación.
Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.
La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.
- Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
- En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
- El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
- Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
- Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
- Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
- Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.
- Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.
El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:
- Boletines oficiales
- Actas públicas
- Explicación jurídica
- Notificación a autoridades culturales
- Rendición de cuentas
- La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.
Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:
- “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.
Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:
- Cuestionó la competencia de Chihuahua.
- Defendió la soberanía de su territorio.
- Protegió un bien cultural de acceso público.
- Exigió documentación judicial.
La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:
- “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.
Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.
- No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.
El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.
- Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.
Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:
- “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
- Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
Justicia
Revés judicial para la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua: ordenan cancelar orden de aprehensión
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta un nuevo revés judicial luego de que una jueza federal concediera un amparo a José Pedro López Elías y determinara que la orden de aprehensión emitida en su contra deberá quedar sin efectos.
De acuerdo con la resolución dictada el 28 de agosto, la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua concluyó que el mandamiento judicial no cumplió con los requisitos constitucionales necesarios, particularmente en lo relacionado con la competencia de la autoridad que lo emitió.
La orden había sido librada por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.
Durante el análisis del amparo, la autoridad federal determinó que la competencia del juez debía revisarse antes de autorizar cualquier orden de captura. Al no cumplirse este requisito, la resolución estableció que la orden era inconstitucional.
Como consecuencia, el juez estatal deberá dejar sin efectos la orden de aprehensión correspondiente a la causa penal 3050/2024 y reconocer que carece de competencia para resolver sobre la solicitud presentada.
La decisión representa un golpe relevante para la estrategia jurídica seguida por la Fiscalía Anticorrupción en este expediente, pues se suma a otra resolución judicial que previamente ordenó trasladar el caso al ámbito federal.
El nuevo fallo coloca bajo cuestionamiento la manera en que fue integrada y judicializada la investigación contra López Elías.
Aunque la sentencia de amparo se concentra específicamente en la legalidad de la orden de aprehensión y no determina por sí misma la inocencia o responsabilidad del involucrado, sí invalida uno de los principales actos procesales impulsados hasta ahora por las autoridades estatales, obligándolas a replantear la ruta jurídica del caso. La resolución también eleva el escrutinio sobre las decisiones adoptadas durante la judicialización y sobre la solidez técnica del expediente presentado inicialmente.
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El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, enfrenta un nuevo tropiezo judicial en el caso contra José Pedro López Elías, luego de que una jueza federal ordenara dejar sin efectos la orden de aprehensión solicitada por la dependencia estatal.
La sentencia definitiva fue emitida el 28 de agosto por la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua, dentro de un juicio de amparo promovido desde marzo de 2025.
El punto central de la resolución es contundente: la orden de aprehensión no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 16 constitucional porque fue emitida por una autoridad judicial que carecía de competencia para hacerlo.
La orden había sido dictada por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 3050/2024, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora, la justicia federal instruyó al juzgador estatal para cancelar la orden y reconocer expresamente que no tiene competencia para atender la solicitud.
La decisión representa un nuevo revés para Valenzuela Holguín y su equipo, cuya actuación en este asunto ya había sido cuestionada mediante resoluciones anteriores.
El expediente ha comenzado a trasladarse al terreno federal, debilitando la ruta procesal originalmente seguida por la Fiscalía de Chihuahua.
Más allá de las disputas políticas que rodean el caso, la resolución pone el foco sobre una cuestión básica: una institución dedicada precisamente a investigar actos de corrupción está obligada a sostener sus acusaciones dentro de procedimientos jurídicamente sólidos.
Cuando una orden de aprehensión es anulada por falta de competencia de la autoridad que la emitió, el problema deja de ser únicamente discursivo.
Se convierte en un cuestionamiento directo sobre la construcción jurídica de la investigación y sobre las decisiones tomadas desde la propia Fiscalía Anticorrupción. El fallo también obliga a revisar con mayor rigor cada actuación posterior vinculada con este expediente.
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Enrique Inzunzareapareció en el Senadoante medios tras más de 4 meses de ausencia.
En conferencia de prensa, Enrique Inzunzareiteró su inocenciay habló de la investigación de laFGRtras señalamientos por parte de Estados Unidos por presuntosvínculos con el narcotráfico.
El senador considera que laFGR debería concluir la investigación en su contratras falta de pruebas y reiteró su apoyo a Morena, así como su trabajo para defender la soberanía nacional.
Enrique Inzunza reaparece en el Senado y confía en que la FGR lo deslinde de acusaciones
El lunes 31 de agosto,Enrique Inzunzaaprovechó la presencia de medios en elSenadopara defender su inocencia, así como reiterar suapoyo a Morena.
Los cuestionamientos a Enrique Inzunza iniciaron en el estacionamiento del Senado, donde expresó brevemente que era inocente de los señalamientos en su contra.
Enrique Inzunza arremetió contra elDepartamento de Justicia de Estados Unidos, luego de que aseguraran que tenía vínculos con el narcotráfico y hasta con el Cártel de Sinaloa.
El senador asegura que en más de 4 meses, esta institución no ha aportado pruebas en su contra.
“La Fiscalía General de la República informó orpotunamente de la apertura de su propia investigación (…) y están cumpliendo una investigación bajo los principios que rigen en nuestro orden constitucional de manera diligente”
Asimismo, Enrique Inzunza asegura que laFGR investiga el casoy que la institución será diligente e imparcial, pero hasta el momento no ha comparecido ante el Ministerio Público.
Es por eso que el senador considera que la FGR debería de concluir la investigación en su contra, puesestos meses han sido suficientes para que se le deslinde de responsabilidades.
“Soy constitucional y verídicamente inocente, son patrañas que se me atribuyen y estoy seguro que la Fiscalía General de la República en el momento que sea oportuno así lo determinará”
Enrique Inzunza estuvo ausente 126 días del Senado, pero niega que abandonara sus funciones
Otro de los puntos que aclaróEnrique Inzunzafue suausencia de la vida públicadurante más de 4 meses.
Al respecto,negó que haya abandonado sus responsabilidadeslegislativas, pese a no presentarse en el Pleno de la Cámara de Senadores.
“Jamás me ausenté de mis responsabilidades legislativas”
Enrique Inzuza explicó que el grupo parlamentario deMorena no lo convocóa las sesiones, por lo que se ausentó del Senado.
El funcionario asegura que estuvo trabajando al frente de laComisión de Estudios Legislativosy la dictaminación de 22 reformas, por lo que cumplió con la agenda de trabajo interno.
Por último, Enrique Inzunza reiteró su apoyo a Morena y afirmó que seguirá votando por las iniciativas que estén relacionadas a la defensa de la soberanía nacional.
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