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Huracán Gilberto: El fenómeno que sorprendió a Nuevo León hace 33 años
Han transcurrido 33 años de esa enorme catástrofe donde, impotente por no poder hacer nada, el cerro de la silla fue testigo de una terrible historia.
Como una enorme bestia acechando a su presa, el Huracán Gilberto, permaneció en el Golfo de México durante 9 días.
Fue durante la tarde del 16 de septiembre de 1988, y noche de ese mismo día, cuando el también conocido, Huracán del Siglo XX, decidió atacar con toda su fuerza a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Han transcurrido 33 años de esa enorme catástrofe donde, impotente por no poder hacer nada, el cerro de la silla fue testigo de una terrible historia.
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Ráfagas de viento, de más de 298 kilómetros por hora, y fuertes torrenciales, provocaron que en tan solo unos minutos se elevarán los niveles de agua en ríos y arroyos, siendo el río Santa Catarina el escenario de uno de los mayores desastres registrados en la historia de Nuevo León.
Según informes, más de 200 personas murieron, cuando viajaban en al menos 5 autobuses que cruzaban el río Santa Catarina y fueron revolcados por la fuerte corriente de agua que se desbordaba, llevándose todo a su paso.
Aunque se informó que durante las fuertes lluvias murieron 300 personas y 3 mil más quedaron damnificados, para muchos otros, las cifras fueron más alarmantes, ya que los daños se valuaron en más 10 mil millones de pesos.
En esta amarga tragedia también se destaca la muerte de 6 elementos de la entonces policía judicial, que murieron mientras intentaban rescatar a los pasajeros varados en los camiones, entre los que se cuenta, había varios niños.
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Debido a su gran impacto y los enormes daños que ocasionó, en la primavera de 1989, la Organización Meteorológica Mundial decidió retirar el nombre de Gilberto, para que no volviera a ser utilizado, siendo este, el primer nombre en quitarse, desde el huracán Gloria, ocurrido en 1985.
Como consecuencia del Huracán Gilberto, el gobierno de Nuevo León decidió construir entre el 2002 y el 2004, la presa rompepicos en la zona de La Huasteca, misma que tuvo un costo de 530 millones de pesos.
Gracias a esto, se considera que los efectos y daños de posteriores huracanes y tormentas tropicales han sido menores.
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A pesar de que en su momento se atribuyó la muerte y destrucción de la ciudad a la poca capacitación que se tenía para prevenir y actuar en situaciones de ese tipo, en la actualidad, las autoridades establecen protocolos para resguardar la integridad de todas las personas.
Con la esperanza de no volver a vivir una historia de terror como la de 1988, la población de Nuevo León sigue aprendiendo a vivir con la llegada y efectos de los fenómenos naturales que, cada vez más, llegan al estado, como si su propósito fuera ser, también, parte de la historia de Nuevo León.
Fuente: Posta.
La justicia federal otorgó a la Fiscalía General de la República la facultad de atracción tras advertir irregularidades graves en un expediente impulsado desde el gobierno estatal.
Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.
- La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
- El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.
El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:
- En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
- Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
- La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
- La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
- La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
- Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
- Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
- Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
- Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.
Con información de «zonafree.mx»
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
