Justicia
Fuero para Héctor Acosta avanza entre investigaciones y cuestionamientos
Mientras existen señalamientos e investigaciones relacionadas con la actuación de la Auditoría Superior del Estado, el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que otorgaría fuero constitucional a su titular, Héctor Acosta Félix. La coincidencia de ambos procesos abre una pregunta inevitable: ¿por qué hacerlo precisamente ahora?
En medio de cuestionamientos sobre la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua analiza otorgar una nueva protección constitucional a quien encabeza ese organismo: Héctor Acosta Félix.
La propuesta avanzó el pasado 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría llegar al Pleno del Congreso. La modificación busca incorporar al titular de la ASE entre los funcionarios que cuentan con fuero constitucional.
El argumento a favor es proteger la independencia de la función fiscalizadora. Sin embargo, el contexto en el que se discute la reforma ha provocado dudas que el Congreso deberá responder.
Acosta Félix aparece señalado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por José Pedro López Elías, titular de López Elías Finanzas Públicas, relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022.
La denuncia plantea presuntas irregularidades vinculadas con la investigación realizada por la ASE sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua de 2019. Entre los posibles delitos señalados se encuentran abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.
Hasta ahora, estos señalamientos no representan una sentencia ni acreditan responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para proceder.
Pero precisamente por encontrarse estos asuntos abiertos, el avance de una reforma para otorgar fuero al auditor genera una discusión que difícilmente puede separarse del momento en que ocurre.
El refinanciamiento que desató la controversia
Una parte importante del conflicto gira alrededor del refinanciamiento de la deuda estatal realizado en 2019.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó posteriormente la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Congreso autorizó esa operación y reconoció su validez. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación también realizó revisiones relacionadas con las operaciones financieras y la deuda pública estatal.
Años después, la ASE encabezada por Acosta Félix realizó una auditoría forense que derivó en nuevos señalamientos y en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
La diferencia entre las revisiones ha provocado cuestionamientos sobre cuáles fueron los nuevos elementos encontrados y cómo se llegó a las conclusiones posteriores.
A este escenario se agregó un juicio de amparo promovido por López Elías y su despacho, dentro del cual un juez federal concedió una suspensión definitiva relacionada con determinadas comunicaciones públicas sobre el empresario y el procedimiento iniciado en su contra.
La pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora?
El problema político para el Congreso no consiste únicamente en determinar si el titular de la ASE debería contar con fuero.
También deberá explicar por qué la reforma avanza en este momento y cuáles serían sus efectos sobre investigaciones o procedimientos relacionados con quien actualmente ocupa el cargo.
Si la intención es fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores tendrán que demostrar que la reforma protege a la institución y no se convierte en una protección personal para su titular.
Porque una cosa es garantizar que un auditor pueda realizar su trabajo sin presiones políticas y otra muy distinta sería crear obstáculos para que pueda ser investigado cuando existan denuncias en su contra.
Héctor Acosta Félix tiene derecho a la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Pero el Congreso también tiene una responsabilidad: explicar con claridad por qué considera necesario otorgarle fuero al titular de la ASE precisamente cuando existen investigaciones y cuestionamientos alrededor de su actuación.
Esa es la pregunta que, hasta ahora, continúa sobre la mesa.