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Federación promete regular empresas contaminantes de Nuevo León
Sin fijar plazos concretos, el Gobierno federal se comprometió con el estado de Nuevo León a combatir la contaminación, mejorando la calidad de la gasolina e invirtiendo en la refinería de Pemex en Cadereyta.
Este lunes la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, el gobernador Samuel García; el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, en representación de 18 municipios, y cámaras empresariales firmaron el acuerdo para instalar la Comisión Ambiental Metropolitana que establece compromisos y acciones de los tres niveles de Gobierno.
En primera instancia, la Federación realizará un diagnóstico para conocer cuáles son los principales contaminantes y quiénes los emiten, el cual llevaría un estimado de ocho meses.
“No quiere decir que nos vamos a esperar a que el estudio esté listo. El estudio va a demorar unos ocho meses, porque también queremos hacer un modelo de cómo se comportan los vientos en esta ciudad. Sabemos que muchos vienen, o sea, cómo se está dando esta difusión de los contaminantes. Mientras eso ocurre, en paralelo vamos a sacar las normas que hemos hablado, que es la norma de los motocicletas, de los vehículos”, dijo la funcionaria.
Bárcena Ibarra reconoció que la refinería contamina, pero alegó que no es la única. Por ello modificaran las leyes a nivel federal y local, para ordenar a la gran industria, principalmente las concreteras.
“Vamos a venir con los expertos nuestros, para ver exactamente qué es lo que tienen que hacer a corto plazo. Porque lógicamente se trata de equipos viejos que vamos a tener que ir viendo cuáles son los más importantes que conviene rehabilitar. Sin duda, yo creo que las de sulfuradoras, que son las que están emitiendo óxidos de azúcar”, agregó.
En cuanto a la gasolina, se pretende que sea de igual calidad que la que venden en Ciudad de México y Guadalajara, sin embargo, el monto de inversión en estos procesos y tiempo en que se tomaría la decisión dependerá de Pemex.
“Primeramente, se está trabajando con la industria del cemento, de tal forma que va a haber una nueva normatividad que va a ser más restrictivo los límites máximos previsibles de esta industria, en aras de tener una menor contaminación de este sector”.
“Por otra parte, se está trabajando por primera vez, vamos a tener una norma oficial mexicana que va a regular las emisiones de las motocicletas nuevas. Aproximadamente entre un millón y un millón 100 mil motocicletas se venden cada año en el país, y tener una regulación eficiente y efectiva en las motocicletas nos va a permitir tener una mejora de calidad del aire de este sector”.
“En el caso de los automotores ligeros, vehículos, camionetas, automóviles, también estamos trabajando la regulación correspondiente y en este año se va a aplicar los nuevos límites máximos permisibles a este sector, de tal manera que puedan tener una reducción en emisiones de partículas, de óxidos de nitrógeno y de hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles”, puntualizó.
En tanto, el gobernador Samuel García adelantó que el Estado impondrá las penas máximas contra las empresas contaminantes y los municipios deberán hacer lo propio con vehículos contaminantes.
Además tienen otros encargos como:
- Reducir emisiones vehiculares
- Evitar quema de basura
- Reducir emisiones de restaurantes, crematorios y otros negocios
- Evitar generación de polvo en obras, baldíos y vialidades
Mientras que el Estado se enfocará en:
- Pedreras
- Asfalteras
- Concreteras
- Vehículos de carga y taxis contaminantes
“Además, el alcalde Adrián de la Garza nos pidió a la Federación y al Estado que haya mayores atribuciones y mayores recursos para los municipios. Esa propuesta se va a mandar al Congreso local, para que ellos puedan hacer los operativos de retiro de vehículos altamente, ostensiblemente contaminantes, tener vigilancia y cámaras en fuentes fijas, fuentes móviles y junto con PROFEPA, las inspecciones para el cuidado de parques, ríos y arroyos”, dijo Samuel.
La Secretaría de Medio Ambiente federal informó que dentro de las nuevas normas que impactarán la calidad del aire en todo el país, se regulará de una forma más estricta para la industria del cemento, las motocicletas nuevas y vehículos ligeros.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
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Cuando un sindicato acosa, pierde legitimidad: COREMEX sustituye el diálogo por la presión en Lerma
Un sindicato que acosa deja de representar. Esa es la línea que COREMEX ha cruzado en Lerma, donde trabajadores denuncian que la afiliación sindical no se consulta, se exige. Lo que debería ser un proceso libre y voluntario se ha convertido, según los señalamientos, en una práctica de hostigamiento constante que utiliza la presión como método de expansión.
COREMEX no dialoga, insiste. No convence, presiona. Y esa diferencia es clave. Un sindicato auténtico se gana la confianza de los trabajadores demostrando resultados, defendiendo derechos y respetando decisiones. COREMEX, en cambio, parece haber optado por arrancar firmas a base de desgaste, intimidación y presencia invasiva en los centros de trabajo.
Los testimonios provenientes de Lerma describen un patrón repetido: visitas constantes, discursos que minimizan la libertad de elección y un ambiente de tensión que empuja al trabajador a firmar no por convicción, sino para evitar problemas. Así, la afiliación deja de ser un derecho y se transforma en una imposición.
En Lerma, la afiliación se exige, no se consulta. Esa frase resume con crudeza lo que viven los trabajadores. La negativa a afiliarse no es respetada; por el contrario, se convierte en el detonante de más presión. El mensaje implícito es claro: resistirse tiene costos.
Un sindicato que necesita presionar para crecer revela su debilidad. Si COREMEX tuviera respaldo real, no recurriría al hostigamiento. La presión es el recurso de quien no logra legitimidad por la vía democrática.
La libertad sindical no es negociable. Incluye tanto el derecho a afiliarse como el derecho a no hacerlo. Cuando un sindicato reconoce sólo una de esas opciones, deja de ser democrático y se convierte en un aparato de control.
El daño no es menor. Estas prácticas no sólo afectan a los trabajadores directamente acosados, también erosionan la credibilidad del sindicalismo en su conjunto. Cada firma obtenida bajo presión es una prueba de que algo está profundamente mal.
Sin libertad sindical, no hay representación real. COREMEX enfrenta hoy ese cuestionamiento de frente. Porque un sindicato que acosa pierde legitimidad, autoridad moral y razón de ser.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
