La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo cateos en cuatro inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, Nuevo León, como parte de una investigación contra una presunta red de empresas dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Durante el operativo fue detenido Jesús Ricardo Puente, identificado por autoridades federales como presunto integrante de la organización conocida como “Los Petrofactureros”, una red señalada por utilizar empresas inexistentes para simular operaciones relacionadas con los sectores energético, logístico y de transporte.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), esta organización estaría conformada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas que aparentemente no contaban con infraestructura real, pero eran utilizadas para generar operaciones ficticias.

La FGR informó que las acciones forman parte de los trabajos permanentes para combatir delitos relacionados con hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En los inmuebles intervenidos, las autoridades aseguraron diversos vehículos y equipo presuntamente relacionado con las actividades investigadas, entre ellos cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, dos retroexcavadoras y una grúa de canastilla.

También fueron localizados 62 contenedores cilíndricos, inmuebles, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, además de documentación vinculada con al menos tres empresas bajo investigación.

La Fiscalía señaló que las indagatorias continuarán con el objetivo de identificar a más integrantes de esta red y avanzar en el desmantelamiento de estructuras dedicadas a actividades ilícitas relacionadas con combustibles.

Estos operativos se suman a las detenciones realizadas en semanas anteriores contra integrantes de “Los Petrofactureros”, dentro de las investigaciones federales que buscan frenar el robo, comercialización ilegal y manejo irregular de hidrocarburos.

Autoridades federales y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizaron un nuevo túnel presuntamente relacionado con actividades de robo de combustible en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles 27 de mayo en un predio ubicado a un costado de varias bodegas en la colonia Nueva Castilla, cerca del Libramiento Noroeste.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de Seguridad Física de Pemex realizaban trabajos de inspección y limpieza en ductos mediante un dispositivo conocido como “El Diablo”, una herramienta especializada para detectar anomalías, revisar condiciones de la infraestructura y mantener el correcto funcionamiento del flujo de combustible.

Durante estas labores, el personal detectó irregularidades en la zona, lo que llevó a realizar una revisión más detallada del área.

Tras recibir el reporte, autoridades acudieron al sitio y encontraron un pozo con aparentes conexiones subterráneas, por lo que comenzaron las investigaciones para determinar las dimensiones del túnel y establecer si estaba siendo utilizado para actividades relacionadas con la extracción ilegal de hidrocarburos.

Elementos de la Guardia Nacional permanecen en el lugar como parte del resguardo de la zona, mientras trabajadores de Pemex realizan inspecciones técnicas para evaluar la infraestructura localizada y descartar posibles riesgos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer la longitud exacta del túnel encontrado.

La investigación continúa abierta para determinar el origen de la excavación, identificar a posibles responsables y establecer si existe relación con otras tomas clandestinas o redes dedicadas al robo de combustible detectadas anteriormente en Nuevo León.

El Congreso de Nuevo León aprobó reformas al Código Civil estatal que permitirán a jueces intervenir en conflictos relacionados con mascotas durante procesos de divorcio o separación, tomando en cuenta el bienestar de los animales de compañía.

Con esta modificación, las mascotas dejarán de ser tratadas únicamente como bienes materiales dentro de acuerdos patrimoniales y podrán ser consideradas desde una perspectiva de protección, convivencia y cuidado.

Anteriormente, en una separación legal los animales podían incluirse dentro de la repartición de bienes sin analizar aspectos relacionados con su calidad de vida. Ahora, los jueces familiares podrán valorar diferentes factores antes de determinar con quién permanecerá la mascota.

Entre los criterios que podrán tomarse en cuenta están las condiciones del hogar, el tiempo disponible de cada persona para brindar cuidados, el entorno donde vive el animal y quién ha sido responsable históricamente de su atención.

La reforma también contempla la posibilidad de establecer esquemas de convivencia entre las partes, similares a acuerdos de visitas, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Esto permitiría que las parejas puedan compartir responsabilidades relacionadas con alimentación, atención veterinaria, gastos y convivencia con sus mascotas después de una separación.

Diputados locales señalaron que la actualización responde a una realidad social en la que millones de personas consideran a perros, gatos y otros animales de compañía como integrantes de la familia.

De acuerdo con datos del INEGI, más del 70 por ciento de los hogares mexicanos cuentan con algún animal de compañía, principalmente perros y gatos.

La reforma recibió respaldo de colectivos animalistas, quienes destacaron que los cambios en la rutina y la separación de sus cuidadores pueden afectar emocionalmente a las mascotas, por lo que las decisiones legales deben priorizar su bienestar.

Especialistas en derecho familiar explicaron que este tipo de modificaciones ya existen en otros países y buscan reconocer que los animales de compañía tienen vínculos emocionales, necesidades y dinámicas de convivencia que deben ser consideradas dentro de los procesos legales.

Aunque la reforma ya fue aprobada por el Congreso estatal, todavía requiere su publicación oficial para entrar en vigor.

Con este cambio, Nuevo León establece un precedente al reconocer dentro de su legislación que las mascotas pueden verse afectadas durante una separación y que las decisiones sobre su futuro deben enfocarse en garantizar su protección y cuidado.

Legisladores señalaron que el objetivo principal es evitar que los animales queden en situación de abandono tras un divorcio y adaptar la ley a la importancia que tienen actualmente dentro de las familias mexicanas.