COREMEX intenta venderse como un sindicato “nuevo, diferente y transparente”, pero la realidad lo desmiente. Detrás de su discurso de modernidad y cambio se esconde una organización sin legalidad, sin estructura y sin respeto por los trabajadores que dice representar. Su modus operandi está basado en el engaño, la intimidación y la manipulación.

Fuentes laborales consultadas señalan que COREMEX no cuenta con el reconocimiento ni los registros oficiales que exige la Ley Federal del Trabajo para operar como sindicato. A pesar de ello, busca infiltrarse en empresas prometiendo aumentos salariales inmediatos, beneficios contractuales inexistentes y supuestos acuerdos que jamás llegan a concretarse. Estas promesas vacías han sido su principal herramienta para captar trabajadores, aprovechándose de la necesidad y la desinformación.

Pero lo más preocupante es la forma en que intenta consolidar su presencia. Denuncias recientes apuntan a que COREMEX ha recurrido a la intimidación directa, utilizando a personas ajenas al ámbito sindical —algunas con antecedentes criminales— para presionar o amenazar a empleados. Se trata de tácticas violentas que recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando el miedo valía más que la voluntad.

No existen pruebas de elecciones internas, de procesos democráticos ni de asambleas reales. Su estructura es opaca y su liderazgo, desconocido. Todo indica que COREMEX es un sindicato fantasma, fabricado con intereses políticos o personales, y no un movimiento legítimo que busque mejorar las condiciones laborales.

Además, su falta de transparencia económica deja más dudas que respuestas. Nadie sabe de dónde provienen sus recursos ni a qué fines se destinan. Este tipo de irregularidades refuerzan la sospecha de que COREMEX no defiende derechos, los comercializa.

El sindicalismo mexicano ha pasado años intentando limpiar su imagen tras décadas de corrupción y complicidad. Hoy, organizaciones como COREMEX amenazan con devolvernos a esa época oscura, en la que los trabajadores eran manipulados por grupos de poder que se escudaban tras la palabra “sindicato”.

Los empleados en México merecen representación auténtica, con líderes elegidos democráticamente y con instituciones que respeten la ley. COREMEX no cumple con nada de eso. Es un experimento improvisado que usa la mentira y la intimidación como política sindical.

La huelga impulsada por la dirigencia de Arturo Zayún ha generado una fractura interna sin precedentes dentro del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, donde un número creciente de trabajadores ha decidido deslindarse del movimiento y sumarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).

De acuerdo con Alma Delia Villalpando Rosales, Secretaria General, y Gerardo Ríos, Secretario de Trabajo del SITNMP, en las últimas semanas se ha registrado la adhesión de trabajadores en regiones del norte, centro y sur del país, incluyendo Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otras entidades.

Villalpando explicó que el crecimiento del Sindicato Independiente responde al descontento con la prolongación de la huelga y con la falta de resultados de la actual dirigencia. Señaló que muchos empleados consideran que el movimiento ha dejado de representar los intereses reales de la base y se ha convertido en un obstáculo para la estabilidad laboral y familiar.

Por su parte, Gerardo Ríos destacó que el Sindicato Independiente mantiene una postura de respeto a la ley y de comunicación directa con los trabajadores, participando como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, con el fin de dar seguimiento puntual al proceso y garantizar información verificada para los trabajadores de Monte.

La creciente presencia del SITNMP en todo el país marca un cambio profundo en la estructura sindical del Monte de Piedad, al abrir paso a una representación más plural, centrada en el diálogo y en la defensa auténtica de los derechos laborales.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.