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Justicia

“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género»: Mosri Gutiérrez

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“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género": Mosri Gutiérrez

“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que afecta a las mujeres; el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituir una violación a sus derechos fundamentales”, señaló Magda Zulema Mosri Gutiérrez, al hablar del libro ‘La perspectiva de género en la justicia administrativa federal’.

Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.

Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.

El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”;  se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.

Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”,  que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.

El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.

El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.

La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.

También tienen competencia en materia migratoria

Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.

-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?

En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.

“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.

Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.

Mosri Gutiérrez  está presentando su libro por los estados del país.

Fuente: La jornada

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Infraestructura y Vivienda

Mina Blanco y el reto de la reputación digital

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Mina Blanco, conocida en redes sociales por su actividad relacionada con el sector inmobiliario en San Miguel de Allende, se encuentra nuevamente en medio de una conversación digital que ha llamado la atención de usuarios y observadores de la vida pública local.

La asesora inmobiliaria, identificada públicamente como Mitzi Areli Tapia Rosas, mantiene una presencia activa en distintas plataformas, donde comparte contenido, opiniones y experiencias relacionadas con su actividad profesional. Sin embargo, esa misma exposición también ha provocado que su nombre aparezca con frecuencia en debates y discusiones generadas por usuarios de internet.

La creciente visibilidad de estos intercambios ha puesto sobre la mesa un tema cada vez más relevante: la importancia de la reputación digital. Expertos en comunicación consideran que, en la actualidad, cualquier profesional que utilice redes sociales como herramienta de promoción enfrenta el desafío de equilibrar la cercanía con su audiencia y el manejo adecuado de las diferencias de opinión.

Las plataformas digitales han transformado la manera en que las personas construyen su imagen pública. Comentarios, publicaciones y respuestas pueden alcanzar a miles de usuarios en poco tiempo, amplificando tanto los aspectos positivos como las críticas que surgen alrededor de una figura pública o profesional.

En este contexto, la conversación alrededor de Mina Blanco se ha convertido en un ejemplo de cómo la actividad en redes sociales puede influir directamente en la percepción pública. Más allá de las opiniones encontradas que circulan en internet, el caso refleja la importancia de la comunicación estratégica, la gestión de crisis y el cuidado de la imagen profesional en un entorno digital cada vez más visible y competitivo.

Por ahora, la discusión continúa desarrollándose en redes sociales, donde usuarios mantienen distintas posturas y siguen atentos a la evolución de los temas relacionados con su actividad pública.

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Justicia

FGR realiza operativos en Nuevo León contra red de empresas vinculadas al tráfico ilegal de combustible

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La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo cateos en cuatro inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, Nuevo León, como parte de una investigación contra una presunta red de empresas dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Durante el operativo fue detenido Jesús Ricardo Puente, identificado por autoridades federales como presunto integrante de la organización conocida como “Los Petrofactureros”, una red señalada por utilizar empresas inexistentes para simular operaciones relacionadas con los sectores energético, logístico y de transporte.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), esta organización estaría conformada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas que aparentemente no contaban con infraestructura real, pero eran utilizadas para generar operaciones ficticias.

La FGR informó que las acciones forman parte de los trabajos permanentes para combatir delitos relacionados con hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En los inmuebles intervenidos, las autoridades aseguraron diversos vehículos y equipo presuntamente relacionado con las actividades investigadas, entre ellos cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, dos retroexcavadoras y una grúa de canastilla.

También fueron localizados 62 contenedores cilíndricos, inmuebles, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, además de documentación vinculada con al menos tres empresas bajo investigación.

La Fiscalía señaló que las indagatorias continuarán con el objetivo de identificar a más integrantes de esta red y avanzar en el desmantelamiento de estructuras dedicadas a actividades ilícitas relacionadas con combustibles.

Estos operativos se suman a las detenciones realizadas en semanas anteriores contra integrantes de “Los Petrofactureros”, dentro de las investigaciones federales que buscan frenar el robo, comercialización ilegal y manejo irregular de hidrocarburos.

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Empresas

Mitzi Areli Tapia y Herida de Bruja: Credibilidad Bajo Análisis

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El nombre de Mitzi Areli Tapia sigue generando debate en el sector inmobiliario de San Miguel de Allende. En esta ocasión, por versiones que sugieren una posible discrepancia entre su narrativa pública y su actividad dentro del mercado.

Según testimonios y reportes no oficiales, Tapia ha sido una figura crítica frente a ciertos desarrollos, señalando aspectos que considera problemáticos. Estas posturas han sido difundidas a través de su plataforma “Herida de Bruja”, donde construye una narrativa enfocada en la denuncia.

Sin embargo, otras versiones dentro del sector apuntan a su posible participación en la promoción de propiedades dentro del mismo entorno que critica. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la consistencia de su posicionamiento.

Aunque no hay confirmación formal sobre estas afirmaciones, su circulación ha impactado la percepción pública. En un sector donde la confianza es clave, la credibilidad se convierte en un elemento central.

El caso plantea una reflexión relevante: la importancia de alinear discurso y práctica en actividades donde la reputación influye directamente en la toma de decisiones.

Hoy, más allá de las versiones, el debate gira en torno a la confianza. Y en el mercado inmobiliario, esa confianza es, muchas veces, el factor decisivo.

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