Justicia
“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género»: Mosri Gutiérrez
“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que afecta a las mujeres; el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituir una violación a sus derechos fundamentales”, señaló Magda Zulema Mosri Gutiérrez, al hablar del libro ‘La perspectiva de género en la justicia administrativa federal’.
Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.
Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.
El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”; se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.
Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”, que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.
El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.
El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.
La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.
También tienen competencia en materia migratoria
Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.
-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?
En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.
“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.
Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.
Mosri Gutiérrez está presentando su libro por los estados del país.
Fuente: La jornada
Justicia
Revés judicial para la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua: ordenan cancelar orden de aprehensión
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta un nuevo revés judicial luego de que una jueza federal concediera un amparo a José Pedro López Elías y determinara que la orden de aprehensión emitida en su contra deberá quedar sin efectos.
De acuerdo con la resolución dictada el 28 de agosto, la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua concluyó que el mandamiento judicial no cumplió con los requisitos constitucionales necesarios, particularmente en lo relacionado con la competencia de la autoridad que lo emitió.
La orden había sido librada por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.
Durante el análisis del amparo, la autoridad federal determinó que la competencia del juez debía revisarse antes de autorizar cualquier orden de captura. Al no cumplirse este requisito, la resolución estableció que la orden era inconstitucional.
Como consecuencia, el juez estatal deberá dejar sin efectos la orden de aprehensión correspondiente a la causa penal 3050/2024 y reconocer que carece de competencia para resolver sobre la solicitud presentada.
La decisión representa un golpe relevante para la estrategia jurídica seguida por la Fiscalía Anticorrupción en este expediente, pues se suma a otra resolución judicial que previamente ordenó trasladar el caso al ámbito federal.
El nuevo fallo coloca bajo cuestionamiento la manera en que fue integrada y judicializada la investigación contra López Elías.
Aunque la sentencia de amparo se concentra específicamente en la legalidad de la orden de aprehensión y no determina por sí misma la inocencia o responsabilidad del involucrado, sí invalida uno de los principales actos procesales impulsados hasta ahora por las autoridades estatales, obligándolas a replantear la ruta jurídica del caso. La resolución también eleva el escrutinio sobre las decisiones adoptadas durante la judicialización y sobre la solidez técnica del expediente presentado inicialmente.
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Justicia
Nuevo golpe a Abelardo Valenzuela: justicia federal invalida orden de aprehensión
El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, enfrenta un nuevo tropiezo judicial en el caso contra José Pedro López Elías, luego de que una jueza federal ordenara dejar sin efectos la orden de aprehensión solicitada por la dependencia estatal.
La sentencia definitiva fue emitida el 28 de agosto por la Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua, dentro de un juicio de amparo promovido desde marzo de 2025.
El punto central de la resolución es contundente: la orden de aprehensión no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 16 constitucional porque fue emitida por una autoridad judicial que carecía de competencia para hacerlo.
La orden había sido dictada por Humberto Chávez Allende, Juez Penal del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 3050/2024, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora, la justicia federal instruyó al juzgador estatal para cancelar la orden y reconocer expresamente que no tiene competencia para atender la solicitud.
La decisión representa un nuevo revés para Valenzuela Holguín y su equipo, cuya actuación en este asunto ya había sido cuestionada mediante resoluciones anteriores.
El expediente ha comenzado a trasladarse al terreno federal, debilitando la ruta procesal originalmente seguida por la Fiscalía de Chihuahua.
Más allá de las disputas políticas que rodean el caso, la resolución pone el foco sobre una cuestión básica: una institución dedicada precisamente a investigar actos de corrupción está obligada a sostener sus acusaciones dentro de procedimientos jurídicamente sólidos.
Cuando una orden de aprehensión es anulada por falta de competencia de la autoridad que la emitió, el problema deja de ser únicamente discursivo.
Se convierte en un cuestionamiento directo sobre la construcción jurídica de la investigación y sobre las decisiones tomadas desde la propia Fiscalía Anticorrupción. El fallo también obliga a revisar con mayor rigor cada actuación posterior vinculada con este expediente.
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Justicia
Enrique Inzunza rompe el silencio y niega culpabilidad ante la indagatoria de la FGR
Enrique Inzunzareapareció en el Senadoante medios tras más de 4 meses de ausencia.
En conferencia de prensa, Enrique Inzunzareiteró su inocenciay habló de la investigación de laFGRtras señalamientos por parte de Estados Unidos por presuntosvínculos con el narcotráfico.
El senador considera que laFGR debería concluir la investigación en su contratras falta de pruebas y reiteró su apoyo a Morena, así como su trabajo para defender la soberanía nacional.
Enrique Inzunza reaparece en el Senado y confía en que la FGR lo deslinde de acusaciones
El lunes 31 de agosto,Enrique Inzunzaaprovechó la presencia de medios en elSenadopara defender su inocencia, así como reiterar suapoyo a Morena.
Los cuestionamientos a Enrique Inzunza iniciaron en el estacionamiento del Senado, donde expresó brevemente que era inocente de los señalamientos en su contra.
Enrique Inzunza arremetió contra elDepartamento de Justicia de Estados Unidos, luego de que aseguraran que tenía vínculos con el narcotráfico y hasta con el Cártel de Sinaloa.
El senador asegura que en más de 4 meses, esta institución no ha aportado pruebas en su contra.
“La Fiscalía General de la República informó orpotunamente de la apertura de su propia investigación (…) y están cumpliendo una investigación bajo los principios que rigen en nuestro orden constitucional de manera diligente”
Asimismo, Enrique Inzunza asegura que laFGR investiga el casoy que la institución será diligente e imparcial, pero hasta el momento no ha comparecido ante el Ministerio Público.
Es por eso que el senador considera que la FGR debería de concluir la investigación en su contra, puesestos meses han sido suficientes para que se le deslinde de responsabilidades.
“Soy constitucional y verídicamente inocente, son patrañas que se me atribuyen y estoy seguro que la Fiscalía General de la República en el momento que sea oportuno así lo determinará”
Enrique Inzunza estuvo ausente 126 días del Senado, pero niega que abandonara sus funciones
Otro de los puntos que aclaróEnrique Inzunzafue suausencia de la vida públicadurante más de 4 meses.
Al respecto,negó que haya abandonado sus responsabilidadeslegislativas, pese a no presentarse en el Pleno de la Cámara de Senadores.
“Jamás me ausenté de mis responsabilidades legislativas”
Enrique Inzuza explicó que el grupo parlamentario deMorena no lo convocóa las sesiones, por lo que se ausentó del Senado.
El funcionario asegura que estuvo trabajando al frente de laComisión de Estudios Legislativosy la dictaminación de 22 reformas, por lo que cumplió con la agenda de trabajo interno.
Por último, Enrique Inzunza reiteró su apoyo a Morena y afirmó que seguirá votando por las iniciativas que estén relacionadas a la defensa de la soberanía nacional.
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