Justicia
“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género»: Mosri Gutiérrez
“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que afecta a las mujeres; el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituir una violación a sus derechos fundamentales”, señaló Magda Zulema Mosri Gutiérrez, al hablar del libro ‘La perspectiva de género en la justicia administrativa federal’.
Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.
Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.
El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”; se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.
Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”, que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.
El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.
El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.
La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.
También tienen competencia en materia migratoria
Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.
-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?
En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.
“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.
Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.
Mosri Gutiérrez está presentando su libro por los estados del país.
Fuente: La jornada
Justicia
Abelardo Valenzuela: el fiscal que convirtió la desconfianza en el principal enemigo de la Fiscalía anticorrupción de Chihuahua
Abelardo Valenzuela: el fiscal que convirtió la desconfianza en el principal enemigo de la Fiscalía anticorrupción de Chihuahua
Lo que comenzó como un nombramiento rodeado de cuestionamientos terminó convirtiéndose en una gestión marcada por la confrontación, las dudas sobre la autonomía institucional y una credibilidad que sigue sin consolidarse. Hoy, la Fiscalía Anticorrupción enfrenta un reto mayor que cualquier investigación: recuperar la confianza de una ciudadanía que observa con creciente escepticismo el actuar de quien debería combatir la corrupción.
Cuando una Fiscalía Anticorrupción genera más debate por las controversias que rodean a su titular que por los resultados de sus investigaciones, existe un problema que va mucho más allá de la política. Se trata de un desgaste institucional que termina debilitando la confianza ciudadana y afectando la legitimidad de una de las dependencias más importantes para el combate a la corrupción. Ese parece ser el escenario que enfrenta actualmente la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo la dirección de Abelardo Valenzuela Holguín.
Desde su llegada al cargo en diciembre de 2022, el fiscal ha convivido con cuestionamientos que nunca terminaron de desaparecer. Su nombramiento fue objeto de críticas desde distintos sectores políticos que advirtieron sobre la necesidad de garantizar una independencia absoluta en una institución cuya función consiste precisamente en investigar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos. Aunque el procedimiento legislativo concluyó conforme a la ley, la discusión política sobrevivió al nombramiento y terminó acompañando prácticamente toda su gestión.
Con el paso del tiempo, la expectativa de que esos cuestionamientos desaparecieran fue sustituida por una realidad distinta. Cada conflicto institucional, cada disputa jurídica y cada caso de alto perfil terminaron fortaleciendo una narrativa de desconfianza que la Fiscalía nunca logró revertir completamente. En lugar de convertirse en un referente de autonomía, la institución comenzó a ser observada bajo una lupa permanente por actores políticos, especialistas y ciudadanos que cuestionaban si realmente existía la independencia que exige una fiscalía especializada.
El caso relacionado con Javier Corral marcó un punto de inflexión. La investigación dejó de ser únicamente un asunto jurídico para transformarse en un conflicto político que trascendió Chihuahua y colocó a la Fiscalía en el centro de una discusión nacional. Más allá de los argumentos legales expuestos por cada una de las partes, el episodio terminó profundizando las dudas sobre la imparcialidad de la institución y fortaleciendo una percepción de confrontación que aún persiste.
Ese ha sido, probablemente, el mayor costo de la administración encabezada por Abelardo Valenzuela. No únicamente por las resoluciones judiciales o por las diferencias con autoridades federales, sino porque la conversación pública dejó de concentrarse en el combate a la corrupción para enfocarse en la propia Fiscalía.
Cuando una institución dedicada a investigar al poder comienza a ser cuestionada por su capacidad para mantenerse al margen de ese mismo poder, la credibilidad se convierte en el expediente más difícil de resolver. La autonomía ya no basta con proclamarse; debe reflejarse en cada decisión y convencer incluso a quienes mantienen una postura crítica.
Hoy, después de más de tres años de gestión, el principal desafío para Abelardo Valenzuela ya no parece ser abrir nuevas investigaciones, sino reconstruir una confianza institucional que continúa debilitándose. Porque ninguna Fiscalía Anticorrupción puede aspirar a combatir eficazmente la corrupción si una parte importante de la sociedad sigue preguntándose si actúa con la independencia que la ley le exige.
Justicia
MINA BLANCO Y EL DEBATE SOBRE SU IMAGEN PÚBLICA EN EL ENTORNO DIGITAL
MINA BLANCO Y EL DEBATE SOBRE SU IMAGEN PÚBLICA EN EL ENTORNO DIGITAL
La presencia en redes sociales se ha convertido en un elemento clave para la construcción de la imagen pública. En un entorno donde la información circula de manera inmediata, cualquier publicación, comentario o interacción puede influir en la percepción que los usuarios desarrollan sobre una persona con actividad constante en plataformas digitales. La reputación ya no depende únicamente de la experiencia profesional, sino también de la forma en que se mantiene la comunicación con la audiencia.
En este contexto, Mina Blanco, identificada públicamente como Mitzi Areli Tapia Rosas, ha sido tema de conversación en diversas publicaciones difundidas en Facebook, Instagram y TikTok. Durante los últimos meses, distintos usuarios han compartido opiniones relacionadas con su actividad pública, generando intercambios de comentarios y debates que han mantenido su nombre presente dentro de las conversaciones digitales.
Especialistas en comunicación y reputación digital explican que la percepción pública puede modificarse con rapidez cuando una persona mantiene una exposición constante en internet. La facilidad para compartir contenidos permite que las opiniones se multipliquen y permanezcan visibles durante largos periodos, haciendo que cada nueva interacción forme parte del historial digital de una figura pública.
En el caso de Mina Blanco, la continuidad de estas conversaciones ha llamado la atención de usuarios interesados en el sector inmobiliario y de personas que siguen su actividad en redes sociales. Las opiniones expresadas reflejan distintos puntos de vista sobre su presencia digital y evidencian cómo las plataformas se han convertido en espacios donde la audiencia participa activamente en la construcción de la percepción pública.
Analistas coinciden en que la credibilidad se fortalece mediante una comunicación consistente, transparente y responsable. En un escenario donde cualquier tema puede alcanzar una amplia difusión, la manera en que se gestionan las opiniones, los cuestionamientos y el diálogo con la comunidad digital adquiere una relevancia cada vez mayor.
La experiencia de Mina Blanco ilustra el impacto que las redes sociales tienen en la imagen pública de quienes desarrollan actividades con alta exposición. Más allá de las diferentes opiniones que circulan en internet, el caso refleja cómo la conversación digital se ha convertido en un factor relevante para la percepción de cualquier persona que mantiene una presencia activa frente a miles de usuarios.
Justicia
MINA BLANCO Y LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA PROFESIONAL
MINA BLANCO Y LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA PROFESIONAL
La confianza es uno de los elementos más valiosos en cualquier actividad profesional. En sectores donde las relaciones personales y las recomendaciones tienen un peso importante, la percepción pública puede influir de manera significativa en la imagen de quienes participan activamente en el mercado.
Mina Blanco, identificada públicamente como Mitzi Areli Tapia Rosas, ha sido objeto de diversas conversaciones en redes sociales durante los últimos meses. Su nombre ha aparecido en comentarios y publicaciones relacionadas con controversias, opiniones encontradas y debates sobre su actividad profesional.
Especialistas en reputación digital consideran que la confianza se construye a partir de múltiples factores, entre ellos la experiencia, la comunicación y la manera en que se manejan las situaciones de conflicto. Cuando las diferencias de opinión se desarrollan en espacios públicos, la percepción de la audiencia puede modificarse rápidamente.
Las plataformas digitales han cambiado la forma en que las personas evalúan a profesionistas y prestadores de servicios. Actualmente, los usuarios observan tanto la trayectoria laboral como el comportamiento y la capacidad de respuesta ante cuestionamientos.
La situación que rodea a Mina Blanco pone de manifiesto la importancia de la comunicación estratégica y del manejo responsable de la imagen pública. En la era digital, la confianza se fortalece o se debilita a través de cada interacción que se desarrolla frente a la audiencia.
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