Justicia
“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género»: Mosri Gutiérrez
“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que afecta a las mujeres; el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituir una violación a sus derechos fundamentales”, señaló Magda Zulema Mosri Gutiérrez, al hablar del libro ‘La perspectiva de género en la justicia administrativa federal’.
Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.
Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.
El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”; se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.
Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”, que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.
El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.
El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.
La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.
También tienen competencia en materia migratoria
Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.
-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?
En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.
“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.
Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.
Mosri Gutiérrez está presentando su libro por los estados del país.
Fuente: La jornada
Justicia
De la CIA al caso Javier Corral: las controversias de Maru Campos y Abelardo Valenzuela que ponen a Chihuahua bajo escrutinio
El enfrentamiento de la gobernadora con Claudia Sheinbaum, la investigación por 98.6 millones de pesos y la propuesta de fuero para Héctor Acosta reavivan el debate sobre las responsabilidades de las autoridades estatales.
Chihuahua enfrenta una serie de controversias institucionales que involucran al gobierno estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado.
Entre los episodios que han generado mayor atención se encuentran el enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum por un operativo relacionado con la CIA, la investigación contra Javier Corral y la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al auditor Héctor Acosta Félix.
Aunque se trata de asuntos distintos, todos han generado discusiones sobre las atribuciones de las autoridades, los mecanismos de control y la relación entre instituciones estatales y federales.
El encuentro que terminó en reclamos
Maru Campos reconoció públicamente que sostuvo una conversación tensa con Claudia Sheinbaum durante una reunión celebrada en Ciudad Juárez.
La discusión estuvo relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino.
Según la gobernadora, ambas elevaron el tono de voz e intercambiaron reclamos. Campos también negó que se hubiera celebrado algún pacto político.
Posteriormente, Sheinbaum aseguró que la gobernadora había señalado al exfiscal César Jáuregui Moreno como responsable de determinadas decisiones relacionadas con el operativo.
El episodio abrió interrogantes sobre la coordinación institucional y la delimitación de responsabilidades entre autoridades estatales y federales.
Abelardo Valenzuela y el caso de los 98.6 millones
En el ámbito judicial, Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ha encabezado las actuaciones relacionadas con una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos.
El expediente tiene como antecedente una auditoría sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua realizado en 2019, durante el gobierno de Javier Corral.
La investigación involucró a Corral, Arturo Fuentes Vélez y José Pedro López Elías.
Los cuestionamientos sobre la auditoría incluyen señalamientos por presuntas irregularidades en la valoración de documentación, mientras las autoridades estatales han defendido la legalidad de sus procedimientos.
Maru Campos y las acusaciones de persecución
Javier Corral ha sostenido que las investigaciones en su contra responden a una persecución política vinculada con la actual administración estatal.
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado esa interpretación y afirmado que sus actuaciones están relacionadas con posibles irregularidades financieras.
Los antecedentes políticos de Valenzuela han generado cuestionamientos sobre la autonomía de la institución, aunque no demuestran que Maru Campos haya intervenido ilegalmente en el expediente.
Fuero constitucional en medio de las controversias
El Congreso de Chihuahua también analiza una reforma para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional.
La propuesta avanzó en septiembre de 2026 y coincide con una denuncia presentada ante la FGR contra Héctor Acosta y otros funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con la auditoría del refinanciamiento.
La iniciativa busca fortalecer la independencia de la fiscalización, pero requiere un análisis de sus efectos sobre la rendición de cuentas.
Una discusión que va más allá de los protagonistas
Las controversias relacionadas con Maru Campos, Abelardo Valenzuela y Héctor Acosta plantean preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.
La independencia de la justicia no solamente depende de proteger a sus titulares frente a presiones externas, sino también de garantizar que sus decisiones puedan ser revisadas y que existan mecanismos efectivos para investigar posibles irregularidades.
El desarrollo de estos expedientes y las decisiones del Congreso serán determinantes para conocer cómo se resolverán los cuestionamientos institucionales.
Economía
¿Negocio o abuso? La polémica por los convenios millonarios entre USG México y Corporación HRC
USG México y Corporación HRC: deuda millonaria, convenios cuestionados y una batalla judicial por inmuebles
Una deuda superior a 260 millones de pesos desató un conflicto entre USG México y Corporación HRC que terminó en los tribunales. La controversia involucra propiedades entregadas como parte de pago, acuerdos firmados durante la hospitalización de un empresario y cuestionamientos sobre la mediación privada.
De una alianza comercial a un conflicto millonario
Durante años, USG México, empresa reconocida por la fabricación de Tablaroca y materiales para la construcción, mantuvo una estrecha relación comercial con Corporación HRC, uno de sus principales distribuidores en el país.
La colaboración incluso derivó en un contrato de opción de compra de acciones firmado en septiembre de 2013, mediante el cual USG buscaba ampliar su participación en el negocio de distribución.
Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 provocó dificultades financieras para Corporación HRC, cuyos clientes comenzaron a retrasar sus pagos.
Ante los incumplimientos, USG México suspendió el suministro de materiales a crédito y estableció nuevas condiciones comerciales. Estas decisiones profundizaron las diferencias y contribuyeron al deterioro de la relación empresarial.
Una deuda de 266 millones y propiedades en disputa
El conflicto escaló cuando USG México reclamó el pago de materiales suministrados a Corporación HRC, con un adeudo que inicialmente se ubicó en 262 millones de pesos.
Para julio de 2022, la cantidad reclamada ascendía a aproximadamente 266 millones de pesos, lo que llevó a la celebración de convenios que contemplaban la entrega de diversos inmuebles como parte del pago.
Entre las operaciones se encontraban siete propiedades valuadas en 95.5 millones de pesos y otras tres transmisiones patrimoniales por 14.28 millones.
Sin embargo, el representante de Corporación HRC cuestionó las condiciones en las que se formalizaron los acuerdos y decidió impugnarlos judicialmente.
Convenios durante una hospitalización: el punto más delicado
Uno de los aspectos que mayor controversia ha generado es la situación médica que atravesaba el director general de Corporación HRC cuando comenzaron a formalizarse los compromisos patrimoniales.
De acuerdo con los antecedentes del litigio, el empresario padecía complicaciones neurológicas derivadas de un tumor en la base del cráneo, enfermedad que lo mantuvo alejado de sus actividades laborales durante aproximadamente dos años y medio.
El 5 de noviembre de 2021, mientras permanecía hospitalizado en el área de terapia intermedia del Hospital Ángeles Interlomas, dos asistentes de un mediador privado se habrían presentado para solicitar su firma en un convenio relacionado con garantías inmobiliarias.
El empresario sostiene que su estado de salud afectaba su capacidad para asumir compromisos de esa naturaleza, argumento que forma parte de su reclamación judicial.
El mediador privado y los cuestionamientos sobre los acuerdos
En los convenios intervino el abogado Federico Gabriel Lucio Decanini, mediador privado certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Su participación ha adquirido relevancia debido a los cuestionamientos sobre las condiciones en las que se realizaron los procedimientos y se formalizaron los acuerdos.
La controversia plantea interrogantes sobre las garantías que deben existir para asegurar que las personas comprendan y acepten libremente las obligaciones patrimoniales que suscriben.
No obstante, los señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad o irregularidad por parte del mediador.
Tribunales y obstáculos para resolver el conflicto
Tras su recuperación, el empresario emprendió acciones legales para solicitar la declaración de inexistencia de los convenios relacionados con la deuda y la entrega de inmuebles.
Sin embargo, el procedimiento enfrentó dificultades.
Inicialmente, un juzgado especializado en juicios orales mercantiles no admitió la demanda al considerar que se trataba de un asunto de cuantía indeterminada.
Posteriormente, otro juzgado se declaró incompetente al estimar que la controversia correspondía a la materia civil y no mercantil.
Estas decisiones llevaron a la parte demandante a presentar nuevos recursos para buscar una resolución sobre el fondo del conflicto.
Una disputa que va más allá del dinero
El enfrentamiento entre USG México y Corporación HRC refleja cómo una relación comercial de años puede transformarse en una controversia judicial con importantes consecuencias económicas y patrimoniales.
La disputa no solamente involucra el cobro de una deuda millonaria, sino también la validez de convenios, la transmisión de propiedades, la actuación de mecanismos de mediación y la protección jurídica de personas en condiciones de vulnerabilidad.
El principal desafío para los tribunales será determinar la validez de los acuerdos impugnados y esclarecer las circunstancias en las que fueron celebrados.
Chihuahua
¿Fuero o impunidad? Congreso de Chihuahua pretende proteger a Héctor Acosta en medio de denuncia federal
Los diputados deberán justificar por qué buscan ampliar la protección constitucional del auditor superior mientras existe una denuncia ante la FGR.
La reforma abre un debate sobre los límites del fuero y los mecanismos para exigir responsabilidades a funcionarios públicos.
El Congreso de Chihuahua deberá decidir si incorpora al titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, al régimen de fuero constitucional. La iniciativa avanzó el 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, según información publicada por ZonaFree.
La reforma se presenta como una garantía para proteger la función fiscalizadora de presiones políticas. Sin embargo, su discusión coincide con una denuncia ante la Fiscalía General de la República relacionada con la actuación del auditor.
¿Por qué el Congreso de Chihuahua quiere otorgar fuero?
José Pedro López Elías denunció presuntas irregularidades en la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública estatal de 2019. De acuerdo con el denunciante, la revisión habría servido para sustentar acusaciones penales.
La existencia de una denuncia no acredita responsabilidad penal. Tampoco demuestra, por sí misma, que la propuesta legislativa tenga como finalidad impedir investigaciones. Ambas cuestiones requieren información comprobable y una discusión pública rigurosa.
El Congreso deberá precisar si el fuero modificaría los procedimientos para ejercer acción penal contra el auditor y qué mecanismos permitirían retirarlo cuando correspondiera legalmente.
También tendría que explicar si la protección alcanzaría únicamente a hechos posteriores a la reforma y cómo se garantizaría que ninguna persona quedara privada de acceso a la justicia.
Transparencia y rendición de cuentas en Chihuahua
Otro punto relevante es el papel de los órganos fiscalizadores. Su independencia protege el interés público, pero debe coexistir con transparencia, revisión de sus decisiones y responsabilidad de sus titulares.
Los diputados tienen la oportunidad de publicar el texto completo de la iniciativa, justificar sus alcances y abrir un debate informado antes de cualquier votación definitiva.
La controversia no se resolverá mediante consignas. Requiere documentos, argumentos jurídicos y respuestas precisas sobre la denuncia y la reforma.
El resultado mostrará cómo entiende Chihuahua el equilibrio entre autonomía institucional y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sin privilegios ni excepciones.
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