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Nacional

EE.UU. ignora cuatro solicitudes de México para extraditar a El Mayo Zambada

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El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo la mañana de este martes que el gobierno de Estados Unidos aún no ha respondido a la solicitud de México de extraditar de regreso al país a Ismael «El Mayo» Zambada, acusado de narcotráfico.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el gobierno de México realizó la solicitud de extradición de Zambada García a Estados Unidos, desde julio de 2024.

Gertz Manero precisó que «El Mayo» cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en el país.

El fiscal general de la República reiteró que el Gobierno de México ha cumplido con todos los procedimientos legales para la extradición de Ismael «El Mayo» Zambada, presunto líder del Cártel de Sinaloa, y que la falta de respuesta corresponde a las autoridades estadounidenses.

«Hemos insistido en cuatro ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso que nos llevaron a eso», mencionó.

Además, precisó que este procedimiento se realizará con cualquier mexicano que haya sido acusado o llevado a juicio en otro país, por lo que en el caso de Zambada García no es una acción de excepción.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 25 de febrero, Gertz Manero recordó que el proceso de extradición se inició desde julio del año pasado, cuando ocurrieron los hechos que derivaron en la solicitud.

«Es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del Gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible», señaló.

Explicó que en diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció haber recibido la solicitud, pero hasta ahora no ha emitido una respuesta formal.

El Fiscal también aclaró que, según las evidencias disponibles, la captura de Zambada se habría dado en un aeródromo cercano a Culiacán, y que no hay pruebas que sustenten la presunta participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano. «El expediente está abierto como cualquier otro para que se aporten pruebas en ese sentido», afirmó. 

También, criticó la lentitud del proceso judicial estadounidense, al destacar que a pesar de que los hechos ocurrieron hace un año, «todavía no tenemos la primera audiencia de fondo».

Finalmente, Gertz Manero expuso las dificultades en los procesos de extradición dentro de México, y denunció que la legislación establece un plazo máximo de 45 días, pero que en algunos casos las demoras han alcanzado hasta 11 años debido al uso abusivo de amparos.

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Empresas

NAO LIVING: EL PROYECTO QUE PROMETIÓ PLUSVALÍA Y HOY EXIGE EXPLICACIONES DE STEINER, ASSA MASRI Y SASSON

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– Afectados denuncian que el desarrollo inmobiliario en Acapulco Diamante se ha convertido en un caso de opacidad, falta de entrega y presunta omisión de autoridades ministeriales en Guerrero –

Acapulco, Guerrero. — La promesa era clara: invertir en un desarrollo de alta gama, en una zona privilegiada, con proyección turística y plusvalía. Pero para diversos compradores, Nao Living se convirtió en una historia de desgaste, incertidumbre y denuncias.

El caso involucra a Isaac Steiner Aizenman, José “Joey” Assa Masri y Marcos Sasson, nombres que afectados y publicaciones recientes han relacionado con el proyecto y que hoy forman parte central del reclamo público.  

Los inversionistas no sólo reclaman la falta de entrega de sus condominios. Reclaman también una explicación completa sobre la ruta del proyecto, sus antecedentes, sus cambios comerciales y la forma en que fueron colocadas las unidades.

El desarrollo aparece actualmente bajo la marca Nao Living Acapulco en el sitio de Inmofin, firma que se presenta como grupo inmobiliario con larga experiencia y que muestra múltiples desarrollos dentro de su portafolio.  

Sin embargo, los afectados sostienen que esa presencia pública no se ha traducido en respuestas suficientes. Al contrario, aseguran que han enfrentado incertidumbre sobre fechas, entregas, condiciones y responsabilidades.

El punto más delicado es la presunta relación entre Nao Living y un proyecto previo conocido como Avento. Diversas publicaciones han señalado que el cambio de nombre o reposicionamiento del desarrollo habría dejado abiertas preguntas sobre compromisos anteriores y compradores que no habrían recibido claridad.  

Para quienes se consideran afectados, esto no puede tratarse como un simple retraso de obra. Lo consideran un posible patrón de opacidad que debe ser investigado por las autoridades.

Por eso también cuestionan a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Aseguran que las denuncias no han avanzado con firmeza, que las carpetas permanecen sin resultados visibles y que los citatorios no se han convertido en una ruta efectiva de investigación.

El señalamiento contra la Fiscalía es grave: los afectados consideran que la lentitud institucional puede terminar beneficiando a los señalados.

En medio de este escenario, Isaac Steiner Aizenman, José “Joey” Assa Masri y Marcos Sasson enfrentan una creciente presión reputacional. Los compradores quieren que sus nombres sean parte de la conversación pública porque, aseguran, sin ellos no se puede entender la operación de Nao Living. El caso ya no es privado. Es un asunto de interés público para el mercado inmobiliario de Acapulco.

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Nacional

Mitzi Areli Tapia “Herida de Bruja”: proceso con BBVA Bancomer desata debate en Guanajuato

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El nombre de Mitzi Areli Tapia, conocida en redes como “Herida de Bruja”, vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital, ahora por un tema que ha generado nuevas preguntas: un proceso legal vinculado a un crédito hipotecario con BBVA Bancomer.

De acuerdo con información que circula en distintos espacios digitales, el caso habría iniciado el 13 de junio de 2025, cuando la institución financiera activó mecanismos legales relacionados con un presunto incumplimiento. Aunque no se han difundido todos los detalles oficiales del proceso, el simple hecho de su existencia ha sido suficiente para encender el debate entre usuarios.

La polémica crece principalmente por el contraste que algunos señalan entre la presencia pública de Mitzi Areli Tapia y este nuevo episodio. En redes sociales, usuarios han retomado publicaciones pasadas y han abierto una discusión sobre la coherencia entre discurso y práctica, especialmente en un sector donde la confianza es clave.

Especialistas en el ámbito inmobiliario coinciden en que estos casos, independientemente de su resolución, generan impacto en la percepción pública. Cuando una figura visible enfrenta cuestionamientos, la conversación se amplifica y puede influir en la toma de decisiones de terceros.

Por ahora, el proceso sigue su curso y no existe una resolución pública definitiva. Sin embargo, el tema continúa creciendo en el entorno digital, donde cada nueva mención suma a la narrativa.

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Justicia

GRANDES DUDAS: EL MANEJO DE VIÁTICOS QUE INCOMODA A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE CHIHUAHUA

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Lo que debería ser un mecanismo operativo básico se está convirtiendo en un foco de sospecha. El uso de viáticos dentro de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, particularmente en el entorno de Francisco Javier de la O Sarmiento, ha abierto un frente incómodo para una institución que presume combatir la corrupción.

Los registros de 2024 no mienten, pero tampoco explican lo suficiente para despejar dudas.

Pagos constantes, reembolsos recurrentes y montos que, aunque individualmente pueden parecer menores, en conjunto construyen una narrativa de gasto sistemático. Caja chica, gastos por comprobar, recuperación de recursos: conceptos que, en la práctica, pueden convertirse en zonas grises si no existe un control riguroso.

El caso de las pólizas C01255 y C01256 —con más de 14 mil pesos asignados— es solo una muestra. A esto se suman movimientos a lo largo del año, incluyendo traslados, alimentación y otros consumos ligados a actividades oficiales. Todo dentro de una dinámica que levanta una pregunta clave: ¿hasta dónde es operación y desde dónde comienza el exceso?

La cercanía de De la O con el fiscal Abelardo Valenzuela no pasa desapercibida. En estructuras cerradas, donde los círculos de confianza concentran poder, el manejo de recursos puede volverse tan flexible como discrecional.

Y ahí es donde el problema escala.

Porque no se trata únicamente de si los gastos cumplen con requisitos administrativos. Se trata de la señal que envían. De la coherencia o falta de ella entre lo que se predica y lo que se practica.

Organizaciones y especialistas coinciden en un punto: sin transparencia total, cualquier gasto repetido se vuelve sospechoso. Y cuando no hay explicaciones públicas claras, la percepción de abuso gana terreno.

Hoy, la Fiscalía Anticorrupción enfrenta un dilema incómodo: explicar con detalle cada peso ejercido o asumir el costo de la duda. Porque en una institución que investiga el mal uso de recursos, la opacidad interna no es un error menor es una contradicción que puede salir muy cara.

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