Nacional
EE.UU. da prórroga y retrasa aranceles a automóviles mexicanos y canadienses hasta el 2 de abril
Esto ocurre luego de que Donald Trump hablara con los tres mayores fabricantes estadounidenses que ensamblan vehículos en los dos países vecinos.
La Casa Blanca anunció este miércoles que retrasará hasta el 2 de abril la imposición de aranceles del 25 por ciento sobre los automóviles que entren en EU procedentes de México y Canadá después de que el presidente, Donald Trump, hablara con los tres mayores fabricantes estadounidenses que ensamblan vehículos en los dos países vecinos.
“Hablamos con los tres grandes concesionarios de automóviles. Vamos a otorgar una exención de un mes para todos los automóviles que ingresen a través del T-MEC”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.
La funcionaria detalló en conferencia de prensa que Trump sostuvo una llamada con los presidentes ejecutivos de General Motors, Ford y Stellantis en donde acordó el retraso de 30 días a los aranceles para los vehículos fabricados en Norteamérica.
En 2024, las tres marcas exportaron en conjunto 1.5 millones de vehículos desde México, lo que representó 43 por ciento de los envíos de autos hechos en territorio nacional al exterior.
Leavitt dijo que la entrada en vigor de aranceles recíprocos a cualquier país que grave los productos estadounidenses sigue vigente para el 2 de abril.
Industria automotriz advierte de subidas de precios
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo el martes en una entrevista con Fox Business, que Donald Trump podría encontrar una posición común con México y Canadá respecto a los aranceles ya que reconoció que los precios subirían.
Asimismo, John Bozzella, dirigente de la Alianza para la Innovación Automotriz de Estados Unidos advirtió, en sintonía con Lutnick, que los nuevos aranceles provocarán drásticas subidas de precios.
“Todos los fabricantes de automóviles se verán afectados por estos aranceles a Canadá y México”, dijo John Bozzella, cuya organización aglutina a importantes empresas como General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai y Stellantis.
La mayoría anticipa que el precio de algunos modelos de vehículos aumentará hasta un 25 por ciento y el impacto negativo en el precio y la disponibilidad de vehículos se sentirá casi de inmediatoJohn Bozzella, dirigente de la Alianza para la Innovación Automotriz de Estados Unidos
Los fabricantes de automóviles advierten que los aranceles interrumpirán la cadena de suministro integrada en América del Norte que ha estado vigente durante más de 25 años. Algunas piezas pueden cruzar una frontera seis o más veces antes del ensamblaje final.
“No se puede reubicar la producción automotriz y la cadena de suministro de la noche a la mañana. Ese es el desafío y el dilema: los aranceles a los automóviles en América del Norte podrían terminar aumentando los costos para los consumidores antes de que los empleos regresen al país”, agregó Bozzella.
El sector del automóvil de EU, Canadá y México está totalmente integrado, y algunas partes utilizadas para la fabricación de vehículos cruzan las fronteras hasta ocho veces durante el proceso manufacturero.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
