Nacional
Aprueban en comisiones dictamen que limita la reelección consecutiva y el nepotismo
Con el voto a favor de todos los diputados de los partidos políticos, en sesión extraordinaria de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, avanzó la reforma que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pese a que los diputados del PAN votaron a favor, exigieron incluir en la discusión las iniciativas que han propuesto para acabar de fondo con el nepotismo político y gubernamental; en tanto, los partidos PRI y MC también exigieron cambios de fondo en la discusión, sobre todo demandaron incluir la no sobre representación en los congresos.
La Cámara de Diputados avaló por unanimidad con 38 votos a favor de la comisión de Puntos Constitucionales y 24 de la Comisión de Reforma Electoral, el dictamen que modifica la ley para prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva.
La reforma busca modificar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución, para establecer que la no reelección aplicará para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrán contender para el mismo cargo que están ejerciendo en un periodo inmediato posterior.
La prohibición de reelección de las personas servidoras públicas serían aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
En cuanto al nepotismo electoral, se propone como un requisito de idoneidad que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja.
Así como parentesco consanguíneo o civil en la línea recta sin limitación de grado, y en la línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán. Dichas disposiciones serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
Al inicio de la sesión la diputada Paulina Rubio solicitó ante ambas comisiones considerar dentro del dictamen las iniciativas que el PAN presentó antes de esta reforma la del 2022 y desechada en el 2023, que era sobre el nepotismo, así también la actual presentada el día 16 de octubre de 2024 y que se encuentra alojada en la gaceta parlamentaria, de la misma manera la que presentó el PAN como grupo parlamentario en el mes de febrero de este año firmada por el coordinador Elías Lixa.
Durante las rondas de participación, la diputada Noemí Luna Ayala del PAN reconoció el interés de la jefa del Ejecutivo para erradicar este problema tan grave que aqueja a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, como es el nepotismo, aunque esta se queda corta.
“Tenemos la oportunidad para hacerlo en serio, porque como lo han dicho ya asociaciones civiles la iniciativa de la presidenta se limita a la sucesión directa en el cargo, pero deja intacta las redes familiares en el poder más que una solución real es una medida discursiva sin impacto realmente en la corrupción”.
Señaló que el PAN propone ampliar el catálogo en donde no pueda postularse a la presidencia de la República ningún pariente directo del presidente en turno hasta que hayan pasado al menos 10 años.
“’Es el reto Andy’ que no permitamos que sean familia las que sigan empoderarse como si esta nación fuera una monarquía y no una democracia”, sostuvo.
En cuanto a Movimiento Ciudadano habló Iraís Reyes, recordó que el voto será a favor de la reforma en lo general, ante la importancia de dignificar la actividad política a través del principio ético de que los cargos no se hereden, para contribuir a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la política.
Dijo que la minuta del Senado contraviene la propuesta de la Presidenta y toma como entrada en vigor el 2030, esto luego de que Adán Augusto López y Manuel Velasco, junto al PRI modificaron la propuesta original de la Presidenta para que la ley entrara en vigor en 2027.
“Yo les pregunto compañeros, especialmente de Morena, si están en contra del nepotismo, más allá del discurso, por qué no respaldan la propuesta de la presidenta en sus términos originales para que nos aplique desde ya, desde el 2027”.
La diputada Gabriela Jiménez Godoy, de Morena, advirtió que defenderán la reforma que envió la presidenta y que tras llegar acuerdos con diferentes grupos parlamentarios, no van a regresar el dictamen al Senado, porque no cuentan con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio, “le digo a la presidenta a Claudia Sheinbaum que la apoyamos que la respaldamos”.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
