Nacional
Las denuncias por acoso y violencia sexual acorralan a la universidad pública más grande del norte de México
Las estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León reclaman que el protocolo contra la violencia machista no funciona y las deja en total desamparo frente a los agresores
MARÍA JULIA CASTAÑEDA
México – 18 MAR 2022
Las alumnas de la universidad pública más grande del norte de México estudian con miedo. Ni siquiera en donde van a clases se sienten a salvo de la violencia de género que azota al país. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) está en el centro de la polémica por el acoso y las agresiones sexuales que las estudiantes llevan años denunciado. Por lo menos un centenar de casos han salido a la luz en redes sociales y foros creados por las estudiantes. Una nueva ola de acusaciones, encabezadas por las más jóvenes que estudian preparatoria, ha hecho saltar las alarmas y ha puesto contra las cuerdas a la institución.
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“No quiero a un pedófilo de maestro”, exclamaba un letrero colgado en la Preparatoria 1. “La UANL encubre a acosadores”, señalaba otro. En los baños de mujeres de la Preparatoria 2, las adolescentes escribían los nombres de los profesores y alumnos que las han violentado. Lo mismo pasaba en las facultades. “En la Facultad de Ciencias Biológicas cuidan a sus acosadores y no a sus alumnas”, advertía otro mensaje pegado en el plantel. A los lados, más nombres de agresores con los que las estudiantes comparten las aulas.
Como un grito de auxilio frente al silencio a su alrededor, las alumnas llenaron los muros de varias preparatorias y facultades con sus denuncias al calor de las manifestaciones del 8M. Desde casos de violencia sexual hasta amenazas de feminicidio, fueron expuestos en las paredes de al menos 28 planteles de nivel medio y superior, según confirmaron las alumnas del colectivo Tendedero de Agresores UANL. Las actividades de denuncia fueron organizadas para “exponer el acoso y abuso, tanto de alumnos, como docentes y otros puestos administrativos”, afirman las representantes del colectivo, en entrevista con este diario.
Entre las reacciones machistas a los señalamientos de las chicas comenzó una campaña de amenazas en redes sociales. Una cuenta de Facebook advertía de un supuesto tiroteo en la Preparatoria 22 Juárez, mientras que mensajes reenviados una y otra vez por Whatsapp avisaban del ingreso de armas en varios planteles, y de agresiones físicas y sexuales contra quienes colocaran letreros o portaran cualquier prenda morada. “En las preparatorias donde se presentaron mayor cantidad de amenazas, las mismas alumnas tenían planeado armar sus propios tendederos”, advierte el colectivo.
La respuesta de los docentes de varios planteles fue desechar las quejas. Algunos arrancaron los carteles y los tiraron a la basura, según se observa en fotografías y videos compartidos por las estudiantes. “Nosotros no podemos despedir a un empleado nada más porque ustedes pegaron un cartelón o porque están exigiendo que lo corran, porque nos vamos a quedar sin maestros y nos van a llover demandas”, le dijo el tutor de la Preparatoria 1 a un grupo de alumnas que protestaban por el menosprecio a las denuncias. Grabado con un móvil, el sermón de ese profesor, que ha sido identificado como José Juan Miranda Torres, se volvió viral al tiempo que las amenazas aterrorizaron al estudiantado y provocaron la movilización de policías en al menos cinco preparatorias, según reportaron medios locales.
Las alumnas señalan que administrativos y profesores les han recomendado establecer una demanda legal contra los agresores expuestos, pero no les han ofrecido asesoría o acompañamiento para hacerlo. “¿Cómo una niña, dado que la mayoría son menores de edad, va a saber moverse en ese mundo?”, recalcan las estudiantes. “Especialmente si el mismo Secretario de Seguridad Estatal, Aldo Fasci Zuazua, menospreció de manera pública que no llegaron a atender un robo de un reloj en San Pedro [uno de los municipios más ricos de Latinoamérica] por andar viendo balaceras inexistentes en las prepas”, citan.
Para dar carpetazo al escándalo en la universidad financiada por el Estado, la Fiscalía estatal afirmó que las amenazas eran falsas y que provenían de “grupos radicales provenientes del centro del país”. El fiscal Aldo Fasci aseguró que ese mismo grupo fue el responsable de romper algunas cristaleras y prender fuego a la puerta del Palacio de Gobierno, después de la manifestación del 8 de marzo. “Detrás de eventos muy diferentes, como fueron los ataques al palacio y esta campaña para provocar miedo en la población y distraer a la autoridad, está un grupo radical”, dijo en una rueda de prensa.
El Frente Universitario Feminista UANL destaca que “la veracidad de las amenazas, independientemente de si no se llevaron a cabo dentro de las instalaciones en los días siguientes o anunciados, no disminuye la gravedad de los hechos y los actos en búsqueda de intimidación y censura”. “Es importantísimo hacer hincapié en que las amenazas las hicieron maestros y alumnos que estaban siendo denunciados para amedrentar a las denunciantes”, subraya el colectivo. Pese a todo lo ocurrido, la UANL negó que sus estudiantes estén en peligro, a través de un comunicado difundido en redes sociales. “No se ha presentado ninguna situación que represente algún riesgo en las instalaciones de las preparatorias”, dijo la casa de estudios.
La universidad ha informado que desde el 8 de marzo ha recibido cinco denuncias formales que están siendo atendidas por la Unidad de Género. “Además, se están observando las demandas que fueron pegadas en cartulinas para dar seguimiento a peticiones y denuncias”, indicó un vocero de la institución a EL PAÍS. Con más de 123.000 estudiantes, 50,1% de ellos mujeres, la UANL no cuenta con cifras públicas o indicadores publicados sobre los casos atendidos de acoso y abuso sexual. Según el portavoz, actualmente se prepara un informe al respecto “para tener plasmada la historia de la Uniigénero [Unidad de género de la universidad]”. Este periódico llamó en varias ocasiones al teléfono de atención de esa unidad que recibe las denuncias de violencia sexual, pero nadie atendió la llamada.
‘A mí me cambiaron de lugar, pero muchas niñas van a seguir llegando’
El problema del acoso en la UANL no es nuevo. Cuando Ana —que prefiere no revelar su identidad por protección— leyó lo que estaba pasando en su alma máter, no pudo evitar revivir el trauma de ser acosada 10 años atrás por un profesor de matemáticas de la Preparatoria 1. Tenía 17 cuando el maestro de unos 50 le ofreció aprobar la materia a cambio de “un masaje de pies a cabeza”, cuenta a EL PAÍS la ahora egresada de la carrera de relaciones internacionales por la UANL. “Me sentí demasiado incómoda, la verdad me quedé en shock”, narra. “El maestro me dijo: ‘mira, ya no pasa nada, te voy a pasar, pero tienes mi número para cuando te sientas sola”, recuerda.
El acoso no se detuvo. El primer día de clases del cuarto semestre, el mismo maestro se acercó a su banco y comenzó a hacerle insinuaciones frente a toda la clase. Ella abandonó el salón al borde del llanto y se refugió con sus amigos, pero, a la salida, el hombre la estaba esperando en las escaleras e insistía en preguntarle cómo se iría a casa. Ana se armó de valor y al día siguiente fue con su madre a la dirección para denunciar lo que estaba pasando.
“Mi mamá estaba a mi lado y la secretaria nos dijo que ese maestro ya tenía muchas denuncias, pero que lo único que podían hacer era cambiarme de salón y levantar el reporte”, asegura. Una década después, la exalumna lamenta que la respuesta de la UANL siga siendo la misma. “A mí me cambiaron de lugar, pero hay muchas niñas que van a seguir llegando”, advierte. “Así como me pasó a mí, que era muy chica, me imagino de tantas situaciones que suceden y no se vale que respalden a los acosadores”, recalca.
Cuando Ana estudiaba la preparatoria, no existía el protocolo institucional para atender el acoso y la violencia sexual, ni la Unidad de Género encargada de recibir y acompañar las denuncias en la UANL. Estos mecanismos fueron creados en 2018 a raíz del primer estallido de denuncias que sacudieron las universidades de Nuevo León con el impulso del #MeToo y obligan a investigar de oficio cualquier denuncia de alumnas menores de edad. Los primeros casos fueron expuestos un año antes en una página web que sumó cientos de acusaciones, pero también amenazas e intentos de hackeo.
La cofundadora del colectivo Acoso en la U, Priscila Palomares, recuerda que pese a que las denuncias en la UANL eran más de un centenar, la institución no tomó acción hasta un año después. “No había dónde denunciar porque no tenían protocolos”, señala. “Ahora, no hay transparencia en el protocolo, no me parece que haya una debida atención”, expone. “Es más, yo creo que aquí vale la pena preguntarnos ese protocolo de la UANL para quién es, ¿para qué la institución quede bien o para atender a las personas?”, cuestiona.
El fracaso del protocolo ha hecho que se mantengan las protestas, como los tendederos que han puesto las alumnas. En menos de una semana, solo las redes sociales del Tendedero de Agresores UANL han recibido cerca de 40 acusaciones, algunas de ellas hechas por alumnas menores de edad. Entre los señalados hay docentes, alumnos y egresados. “Sabemos, tanto por experiencias propias como ajenas, que no se nos da el seguimiento debido como víctimas. Muchos casos se quedan congelados, muchos más, ni siquiera los toman”, alertan las estudiantes del colectivo.
Las denuncias en Nuevo León no son un hecho aislado. Las alumnas de otras universidades en el país han alzado la voz para poner freno a la violencia que viven. Como por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guerrero, la Universidad de Sonora y la Universidad de Guadalajara, entre otras. En muchas de ellas, el movimiento de mujeres forzó la creación de mecanismos de atención, seguimiento y sanción del acoso y el abuso. Como respuesta algunas de esas universidades han llegado a expulsar a varios de los agresores, entre los que hay profesores, alumnos y personal técnico. “Las universidades, las preparatorias y la secundarias deben ser espacios a los que las mujeres podamos acceder sin correr el riesgo de que nos violen, nos agredan, nos amenacen o nos maten”, reclama Palomares.
Fuente: El País
Justicia
De la CIA al caso Javier Corral: las controversias de Maru Campos y Abelardo Valenzuela que ponen a Chihuahua bajo escrutinio
El enfrentamiento de la gobernadora con Claudia Sheinbaum, la investigación por 98.6 millones de pesos y la propuesta de fuero para Héctor Acosta reavivan el debate sobre las responsabilidades de las autoridades estatales.
Chihuahua enfrenta una serie de controversias institucionales que involucran al gobierno estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado.
Entre los episodios que han generado mayor atención se encuentran el enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum por un operativo relacionado con la CIA, la investigación contra Javier Corral y la propuesta legislativa para otorgar fuero constitucional al auditor Héctor Acosta Félix.
Aunque se trata de asuntos distintos, todos han generado discusiones sobre las atribuciones de las autoridades, los mecanismos de control y la relación entre instituciones estatales y federales.
El encuentro que terminó en reclamos
Maru Campos reconoció públicamente que sostuvo una conversación tensa con Claudia Sheinbaum durante una reunión celebrada en Ciudad Juárez.
La discusión estuvo relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino.
Según la gobernadora, ambas elevaron el tono de voz e intercambiaron reclamos. Campos también negó que se hubiera celebrado algún pacto político.
Posteriormente, Sheinbaum aseguró que la gobernadora había señalado al exfiscal César Jáuregui Moreno como responsable de determinadas decisiones relacionadas con el operativo.
El episodio abrió interrogantes sobre la coordinación institucional y la delimitación de responsabilidades entre autoridades estatales y federales.
Abelardo Valenzuela y el caso de los 98.6 millones
En el ámbito judicial, Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ha encabezado las actuaciones relacionadas con una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos.
El expediente tiene como antecedente una auditoría sobre el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua realizado en 2019, durante el gobierno de Javier Corral.
La investigación involucró a Corral, Arturo Fuentes Vélez y José Pedro López Elías.
Los cuestionamientos sobre la auditoría incluyen señalamientos por presuntas irregularidades en la valoración de documentación, mientras las autoridades estatales han defendido la legalidad de sus procedimientos.
Maru Campos y las acusaciones de persecución
Javier Corral ha sostenido que las investigaciones en su contra responden a una persecución política vinculada con la actual administración estatal.
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado esa interpretación y afirmado que sus actuaciones están relacionadas con posibles irregularidades financieras.
Los antecedentes políticos de Valenzuela han generado cuestionamientos sobre la autonomía de la institución, aunque no demuestran que Maru Campos haya intervenido ilegalmente en el expediente.
Fuero constitucional en medio de las controversias
El Congreso de Chihuahua también analiza una reforma para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional.
La propuesta avanzó en septiembre de 2026 y coincide con una denuncia presentada ante la FGR contra Héctor Acosta y otros funcionarios por presuntas irregularidades relacionadas con la auditoría del refinanciamiento.
La iniciativa busca fortalecer la independencia de la fiscalización, pero requiere un análisis de sus efectos sobre la rendición de cuentas.
Una discusión que va más allá de los protagonistas
Las controversias relacionadas con Maru Campos, Abelardo Valenzuela y Héctor Acosta plantean preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.
La independencia de la justicia no solamente depende de proteger a sus titulares frente a presiones externas, sino también de garantizar que sus decisiones puedan ser revisadas y que existan mecanismos efectivos para investigar posibles irregularidades.
El desarrollo de estos expedientes y las decisiones del Congreso serán determinantes para conocer cómo se resolverán los cuestionamientos institucionales.
Economía
¿Negocio o abuso? La polémica por los convenios millonarios entre USG México y Corporación HRC
USG México y Corporación HRC: deuda millonaria, convenios cuestionados y una batalla judicial por inmuebles
Una deuda superior a 260 millones de pesos desató un conflicto entre USG México y Corporación HRC que terminó en los tribunales. La controversia involucra propiedades entregadas como parte de pago, acuerdos firmados durante la hospitalización de un empresario y cuestionamientos sobre la mediación privada.
De una alianza comercial a un conflicto millonario
Durante años, USG México, empresa reconocida por la fabricación de Tablaroca y materiales para la construcción, mantuvo una estrecha relación comercial con Corporación HRC, uno de sus principales distribuidores en el país.
La colaboración incluso derivó en un contrato de opción de compra de acciones firmado en septiembre de 2013, mediante el cual USG buscaba ampliar su participación en el negocio de distribución.
Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 provocó dificultades financieras para Corporación HRC, cuyos clientes comenzaron a retrasar sus pagos.
Ante los incumplimientos, USG México suspendió el suministro de materiales a crédito y estableció nuevas condiciones comerciales. Estas decisiones profundizaron las diferencias y contribuyeron al deterioro de la relación empresarial.
Una deuda de 266 millones y propiedades en disputa
El conflicto escaló cuando USG México reclamó el pago de materiales suministrados a Corporación HRC, con un adeudo que inicialmente se ubicó en 262 millones de pesos.
Para julio de 2022, la cantidad reclamada ascendía a aproximadamente 266 millones de pesos, lo que llevó a la celebración de convenios que contemplaban la entrega de diversos inmuebles como parte del pago.
Entre las operaciones se encontraban siete propiedades valuadas en 95.5 millones de pesos y otras tres transmisiones patrimoniales por 14.28 millones.
Sin embargo, el representante de Corporación HRC cuestionó las condiciones en las que se formalizaron los acuerdos y decidió impugnarlos judicialmente.
Convenios durante una hospitalización: el punto más delicado
Uno de los aspectos que mayor controversia ha generado es la situación médica que atravesaba el director general de Corporación HRC cuando comenzaron a formalizarse los compromisos patrimoniales.
De acuerdo con los antecedentes del litigio, el empresario padecía complicaciones neurológicas derivadas de un tumor en la base del cráneo, enfermedad que lo mantuvo alejado de sus actividades laborales durante aproximadamente dos años y medio.
El 5 de noviembre de 2021, mientras permanecía hospitalizado en el área de terapia intermedia del Hospital Ángeles Interlomas, dos asistentes de un mediador privado se habrían presentado para solicitar su firma en un convenio relacionado con garantías inmobiliarias.
El empresario sostiene que su estado de salud afectaba su capacidad para asumir compromisos de esa naturaleza, argumento que forma parte de su reclamación judicial.
El mediador privado y los cuestionamientos sobre los acuerdos
En los convenios intervino el abogado Federico Gabriel Lucio Decanini, mediador privado certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Su participación ha adquirido relevancia debido a los cuestionamientos sobre las condiciones en las que se realizaron los procedimientos y se formalizaron los acuerdos.
La controversia plantea interrogantes sobre las garantías que deben existir para asegurar que las personas comprendan y acepten libremente las obligaciones patrimoniales que suscriben.
No obstante, los señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad o irregularidad por parte del mediador.
Tribunales y obstáculos para resolver el conflicto
Tras su recuperación, el empresario emprendió acciones legales para solicitar la declaración de inexistencia de los convenios relacionados con la deuda y la entrega de inmuebles.
Sin embargo, el procedimiento enfrentó dificultades.
Inicialmente, un juzgado especializado en juicios orales mercantiles no admitió la demanda al considerar que se trataba de un asunto de cuantía indeterminada.
Posteriormente, otro juzgado se declaró incompetente al estimar que la controversia correspondía a la materia civil y no mercantil.
Estas decisiones llevaron a la parte demandante a presentar nuevos recursos para buscar una resolución sobre el fondo del conflicto.
Una disputa que va más allá del dinero
El enfrentamiento entre USG México y Corporación HRC refleja cómo una relación comercial de años puede transformarse en una controversia judicial con importantes consecuencias económicas y patrimoniales.
La disputa no solamente involucra el cobro de una deuda millonaria, sino también la validez de convenios, la transmisión de propiedades, la actuación de mecanismos de mediación y la protección jurídica de personas en condiciones de vulnerabilidad.
El principal desafío para los tribunales será determinar la validez de los acuerdos impugnados y esclarecer las circunstancias en las que fueron celebrados.
Chihuahua
¿Fuero o impunidad? Congreso de Chihuahua pretende proteger a Héctor Acosta en medio de denuncia federal
Los diputados deberán justificar por qué buscan ampliar la protección constitucional del auditor superior mientras existe una denuncia ante la FGR.
La reforma abre un debate sobre los límites del fuero y los mecanismos para exigir responsabilidades a funcionarios públicos.
El Congreso de Chihuahua deberá decidir si incorpora al titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, al régimen de fuero constitucional. La iniciativa avanzó el 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, según información publicada por ZonaFree.
La reforma se presenta como una garantía para proteger la función fiscalizadora de presiones políticas. Sin embargo, su discusión coincide con una denuncia ante la Fiscalía General de la República relacionada con la actuación del auditor.
¿Por qué el Congreso de Chihuahua quiere otorgar fuero?
José Pedro López Elías denunció presuntas irregularidades en la Auditoría Forense AEF-54/2022, vinculada al refinanciamiento de la deuda pública estatal de 2019. De acuerdo con el denunciante, la revisión habría servido para sustentar acusaciones penales.
La existencia de una denuncia no acredita responsabilidad penal. Tampoco demuestra, por sí misma, que la propuesta legislativa tenga como finalidad impedir investigaciones. Ambas cuestiones requieren información comprobable y una discusión pública rigurosa.
El Congreso deberá precisar si el fuero modificaría los procedimientos para ejercer acción penal contra el auditor y qué mecanismos permitirían retirarlo cuando correspondiera legalmente.
También tendría que explicar si la protección alcanzaría únicamente a hechos posteriores a la reforma y cómo se garantizaría que ninguna persona quedara privada de acceso a la justicia.
Transparencia y rendición de cuentas en Chihuahua
Otro punto relevante es el papel de los órganos fiscalizadores. Su independencia protege el interés público, pero debe coexistir con transparencia, revisión de sus decisiones y responsabilidad de sus titulares.
Los diputados tienen la oportunidad de publicar el texto completo de la iniciativa, justificar sus alcances y abrir un debate informado antes de cualquier votación definitiva.
La controversia no se resolverá mediante consignas. Requiere documentos, argumentos jurídicos y respuestas precisas sobre la denuncia y la reforma.
El resultado mostrará cómo entiende Chihuahua el equilibrio entre autonomía institucional y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sin privilegios ni excepciones.
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