Nacional
Las denuncias por acoso y violencia sexual acorralan a la universidad pública más grande del norte de México
Las estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León reclaman que el protocolo contra la violencia machista no funciona y las deja en total desamparo frente a los agresores
MARÍA JULIA CASTAÑEDA
México – 18 MAR 2022
Las alumnas de la universidad pública más grande del norte de México estudian con miedo. Ni siquiera en donde van a clases se sienten a salvo de la violencia de género que azota al país. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) está en el centro de la polémica por el acoso y las agresiones sexuales que las estudiantes llevan años denunciado. Por lo menos un centenar de casos han salido a la luz en redes sociales y foros creados por las estudiantes. Una nueva ola de acusaciones, encabezadas por las más jóvenes que estudian preparatoria, ha hecho saltar las alarmas y ha puesto contra las cuerdas a la institución.
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“No quiero a un pedófilo de maestro”, exclamaba un letrero colgado en la Preparatoria 1. “La UANL encubre a acosadores”, señalaba otro. En los baños de mujeres de la Preparatoria 2, las adolescentes escribían los nombres de los profesores y alumnos que las han violentado. Lo mismo pasaba en las facultades. “En la Facultad de Ciencias Biológicas cuidan a sus acosadores y no a sus alumnas”, advertía otro mensaje pegado en el plantel. A los lados, más nombres de agresores con los que las estudiantes comparten las aulas.
Como un grito de auxilio frente al silencio a su alrededor, las alumnas llenaron los muros de varias preparatorias y facultades con sus denuncias al calor de las manifestaciones del 8M. Desde casos de violencia sexual hasta amenazas de feminicidio, fueron expuestos en las paredes de al menos 28 planteles de nivel medio y superior, según confirmaron las alumnas del colectivo Tendedero de Agresores UANL. Las actividades de denuncia fueron organizadas para “exponer el acoso y abuso, tanto de alumnos, como docentes y otros puestos administrativos”, afirman las representantes del colectivo, en entrevista con este diario.
Entre las reacciones machistas a los señalamientos de las chicas comenzó una campaña de amenazas en redes sociales. Una cuenta de Facebook advertía de un supuesto tiroteo en la Preparatoria 22 Juárez, mientras que mensajes reenviados una y otra vez por Whatsapp avisaban del ingreso de armas en varios planteles, y de agresiones físicas y sexuales contra quienes colocaran letreros o portaran cualquier prenda morada. “En las preparatorias donde se presentaron mayor cantidad de amenazas, las mismas alumnas tenían planeado armar sus propios tendederos”, advierte el colectivo.
La respuesta de los docentes de varios planteles fue desechar las quejas. Algunos arrancaron los carteles y los tiraron a la basura, según se observa en fotografías y videos compartidos por las estudiantes. “Nosotros no podemos despedir a un empleado nada más porque ustedes pegaron un cartelón o porque están exigiendo que lo corran, porque nos vamos a quedar sin maestros y nos van a llover demandas”, le dijo el tutor de la Preparatoria 1 a un grupo de alumnas que protestaban por el menosprecio a las denuncias. Grabado con un móvil, el sermón de ese profesor, que ha sido identificado como José Juan Miranda Torres, se volvió viral al tiempo que las amenazas aterrorizaron al estudiantado y provocaron la movilización de policías en al menos cinco preparatorias, según reportaron medios locales.
Las alumnas señalan que administrativos y profesores les han recomendado establecer una demanda legal contra los agresores expuestos, pero no les han ofrecido asesoría o acompañamiento para hacerlo. “¿Cómo una niña, dado que la mayoría son menores de edad, va a saber moverse en ese mundo?”, recalcan las estudiantes. “Especialmente si el mismo Secretario de Seguridad Estatal, Aldo Fasci Zuazua, menospreció de manera pública que no llegaron a atender un robo de un reloj en San Pedro [uno de los municipios más ricos de Latinoamérica] por andar viendo balaceras inexistentes en las prepas”, citan.
Para dar carpetazo al escándalo en la universidad financiada por el Estado, la Fiscalía estatal afirmó que las amenazas eran falsas y que provenían de “grupos radicales provenientes del centro del país”. El fiscal Aldo Fasci aseguró que ese mismo grupo fue el responsable de romper algunas cristaleras y prender fuego a la puerta del Palacio de Gobierno, después de la manifestación del 8 de marzo. “Detrás de eventos muy diferentes, como fueron los ataques al palacio y esta campaña para provocar miedo en la población y distraer a la autoridad, está un grupo radical”, dijo en una rueda de prensa.
El Frente Universitario Feminista UANL destaca que “la veracidad de las amenazas, independientemente de si no se llevaron a cabo dentro de las instalaciones en los días siguientes o anunciados, no disminuye la gravedad de los hechos y los actos en búsqueda de intimidación y censura”. “Es importantísimo hacer hincapié en que las amenazas las hicieron maestros y alumnos que estaban siendo denunciados para amedrentar a las denunciantes”, subraya el colectivo. Pese a todo lo ocurrido, la UANL negó que sus estudiantes estén en peligro, a través de un comunicado difundido en redes sociales. “No se ha presentado ninguna situación que represente algún riesgo en las instalaciones de las preparatorias”, dijo la casa de estudios.
La universidad ha informado que desde el 8 de marzo ha recibido cinco denuncias formales que están siendo atendidas por la Unidad de Género. “Además, se están observando las demandas que fueron pegadas en cartulinas para dar seguimiento a peticiones y denuncias”, indicó un vocero de la institución a EL PAÍS. Con más de 123.000 estudiantes, 50,1% de ellos mujeres, la UANL no cuenta con cifras públicas o indicadores publicados sobre los casos atendidos de acoso y abuso sexual. Según el portavoz, actualmente se prepara un informe al respecto “para tener plasmada la historia de la Uniigénero [Unidad de género de la universidad]”. Este periódico llamó en varias ocasiones al teléfono de atención de esa unidad que recibe las denuncias de violencia sexual, pero nadie atendió la llamada.
‘A mí me cambiaron de lugar, pero muchas niñas van a seguir llegando’
El problema del acoso en la UANL no es nuevo. Cuando Ana —que prefiere no revelar su identidad por protección— leyó lo que estaba pasando en su alma máter, no pudo evitar revivir el trauma de ser acosada 10 años atrás por un profesor de matemáticas de la Preparatoria 1. Tenía 17 cuando el maestro de unos 50 le ofreció aprobar la materia a cambio de “un masaje de pies a cabeza”, cuenta a EL PAÍS la ahora egresada de la carrera de relaciones internacionales por la UANL. “Me sentí demasiado incómoda, la verdad me quedé en shock”, narra. “El maestro me dijo: ‘mira, ya no pasa nada, te voy a pasar, pero tienes mi número para cuando te sientas sola”, recuerda.
El acoso no se detuvo. El primer día de clases del cuarto semestre, el mismo maestro se acercó a su banco y comenzó a hacerle insinuaciones frente a toda la clase. Ella abandonó el salón al borde del llanto y se refugió con sus amigos, pero, a la salida, el hombre la estaba esperando en las escaleras e insistía en preguntarle cómo se iría a casa. Ana se armó de valor y al día siguiente fue con su madre a la dirección para denunciar lo que estaba pasando.
“Mi mamá estaba a mi lado y la secretaria nos dijo que ese maestro ya tenía muchas denuncias, pero que lo único que podían hacer era cambiarme de salón y levantar el reporte”, asegura. Una década después, la exalumna lamenta que la respuesta de la UANL siga siendo la misma. “A mí me cambiaron de lugar, pero hay muchas niñas que van a seguir llegando”, advierte. “Así como me pasó a mí, que era muy chica, me imagino de tantas situaciones que suceden y no se vale que respalden a los acosadores”, recalca.
Cuando Ana estudiaba la preparatoria, no existía el protocolo institucional para atender el acoso y la violencia sexual, ni la Unidad de Género encargada de recibir y acompañar las denuncias en la UANL. Estos mecanismos fueron creados en 2018 a raíz del primer estallido de denuncias que sacudieron las universidades de Nuevo León con el impulso del #MeToo y obligan a investigar de oficio cualquier denuncia de alumnas menores de edad. Los primeros casos fueron expuestos un año antes en una página web que sumó cientos de acusaciones, pero también amenazas e intentos de hackeo.
La cofundadora del colectivo Acoso en la U, Priscila Palomares, recuerda que pese a que las denuncias en la UANL eran más de un centenar, la institución no tomó acción hasta un año después. “No había dónde denunciar porque no tenían protocolos”, señala. “Ahora, no hay transparencia en el protocolo, no me parece que haya una debida atención”, expone. “Es más, yo creo que aquí vale la pena preguntarnos ese protocolo de la UANL para quién es, ¿para qué la institución quede bien o para atender a las personas?”, cuestiona.
El fracaso del protocolo ha hecho que se mantengan las protestas, como los tendederos que han puesto las alumnas. En menos de una semana, solo las redes sociales del Tendedero de Agresores UANL han recibido cerca de 40 acusaciones, algunas de ellas hechas por alumnas menores de edad. Entre los señalados hay docentes, alumnos y egresados. “Sabemos, tanto por experiencias propias como ajenas, que no se nos da el seguimiento debido como víctimas. Muchos casos se quedan congelados, muchos más, ni siquiera los toman”, alertan las estudiantes del colectivo.
Las denuncias en Nuevo León no son un hecho aislado. Las alumnas de otras universidades en el país han alzado la voz para poner freno a la violencia que viven. Como por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guerrero, la Universidad de Sonora y la Universidad de Guadalajara, entre otras. En muchas de ellas, el movimiento de mujeres forzó la creación de mecanismos de atención, seguimiento y sanción del acoso y el abuso. Como respuesta algunas de esas universidades han llegado a expulsar a varios de los agresores, entre los que hay profesores, alumnos y personal técnico. “Las universidades, las preparatorias y la secundarias deben ser espacios a los que las mujeres podamos acceder sin correr el riesgo de que nos violen, nos agredan, nos amenacen o nos maten”, reclama Palomares.
Fuente: El País
Justicia
Luis Abelardo Valenzuela Holguín y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrentan cuestionamientos constitucionales por su actuación en Morelos.
El caso coloca a El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo escrutinio nacional por posible extralimitación.
Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.
La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.
- Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
- En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
- El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
- Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
- Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
- Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
- Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.
- Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.
El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:
- Boletines oficiales
- Actas públicas
- Explicación jurídica
- Notificación a autoridades culturales
- Rendición de cuentas
- La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.
Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:
- “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.
Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:
- Cuestionó la competencia de Chihuahua.
- Defendió la soberanía de su territorio.
- Protegió un bien cultural de acceso público.
- Exigió documentación judicial.
La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:
- “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.
Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.
- No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.
El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.
- Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.
Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:
- “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
- Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.
La omisión del gobierno estatal frente a las irregularidades de Valenzuela fortalece la percepción de encubrimiento político.
Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.
- La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.
- El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
- Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
- Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
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- Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
- Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.
- La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
- Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
- Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.
Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.
- Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
- La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.
Con información de Zone Free
La denuncia señala un patrón de persecución impulsado desde el poder estatal.
El titular del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., declaró que “desde la Fiscalía estatal (Anticorrupción) le han presionado para acusar al exgobernador Corral de algún delito a cambio de dejarle en paz”, publicó El País.
- El despacho prestó los servicios para el refinanciamiento de la deuda pública entre 2019 y 2020 y su titular, José López Elías, fue acusado del delito de peculado, aunque no es ni ha sido servidor público, bajo el argumento de no haber realizado el servicio contratado con recursos federales a través de un fideicomiso.
- “En octubre de 2024, un despacho de Chihuahua, a través de sus abogados, me dice que la Fiscalía me está ofreciendo que yo los apoyara, que me declarara testigo protegido y que declarara contra el exgobernador; me dijeron que les diera en un sobre mi declaración, porque ellos querían ver qué iba a decir en contra de él”, relató el empresario en una entrevista telefónica con el periodista Zedryk Raziel.
- “Les dije: perdón, yo no tengo nada que declarar contra él, no lo conozco, no tengo tratos con él”, dijo.
- López Elías dijo a El País que las autoridades de Chihuahua no le permiten comparecer al juicio a distancia.
“Me siguen presionando para que yo me presente ante el juez de control. En el fondo, lo que quieren es seguirme presionando para obligarme a declarar en contra de los exfuncionarios del Estado”, dijo López Elías al periódico.
- El empresario se considera a sí mismo un “daño colateral” de la revancha política de Campos contra Corral, de acuerdo con el texto de Zedryk Raziel.
- “Soy una piedra en el zapato. No les interesa que yo les aporte las pruebas, porque verían que no hay delito”, de acuerdo con el reportaje.
Por qué es importante: El reportaje de El País exhibe la componenda del gobierno de María Eugenia Campos Galván y autoridades como el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, en la persecución política y fabricación de un delito contra Javier Corral.
- El empresario José López Elías, junto con el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentez Vélez y el ex gobernador Javier Corral, fueron acusados a partir de la manipulación de una auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado.
- El Auditor, Héctor Acosta Félix, realizó una primera auditoría en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública en 2019 y no encontró ninguna irregularidad, pero por consigna de la gobernadora Campos Galván, practicó una segunda en la que supuestamente detectó que no se prestó el servicio por parte del despacho, al que se le pagaron 98.6 millones de pesos.
Contexto: El reportaje de El País también excibe el desacato en el que incurre las autoridades de Chihuahua, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral.
- “El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha adelantado que no remitirá la carpeta de investigación a la FGR porque, asegura, la resolución judicial no le obliga a ello”, publicó El País.
- La defensa de Corral, encabezada por el abogado Javier Schütte, sostiene que la negativa de Valenzuela “es un desacato anunciado que podría tener consecuencias penales”.
- “Nos parece que pudiera obedecer a que esos expedientes que se niega a enviar, lejos de contener pruebas sobre el supuesto delito imputado, son más bien las pruebas de la fabricación de la que son culpables los funcionarios de Chihuahua, las pruebas de los delitos que ellos cometieron”, dijo a Zedryk Raziel en una entrevista.
Con información de Zona Free
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