Justicia
Abelardo Valenzuela: el fiscal que convirtió la desconfianza en el principal enemigo de la Fiscalía anticorrupción de Chihuahua
Abelardo Valenzuela: el fiscal que convirtió la desconfianza en el principal enemigo de la Fiscalía anticorrupción de Chihuahua
Lo que comenzó como un nombramiento rodeado de cuestionamientos terminó convirtiéndose en una gestión marcada por la confrontación, las dudas sobre la autonomía institucional y una credibilidad que sigue sin consolidarse. Hoy, la Fiscalía Anticorrupción enfrenta un reto mayor que cualquier investigación: recuperar la confianza de una ciudadanía que observa con creciente escepticismo el actuar de quien debería combatir la corrupción.
Cuando una Fiscalía Anticorrupción genera más debate por las controversias que rodean a su titular que por los resultados de sus investigaciones, existe un problema que va mucho más allá de la política. Se trata de un desgaste institucional que termina debilitando la confianza ciudadana y afectando la legitimidad de una de las dependencias más importantes para el combate a la corrupción. Ese parece ser el escenario que enfrenta actualmente la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo la dirección de Abelardo Valenzuela Holguín.
Desde su llegada al cargo en diciembre de 2022, el fiscal ha convivido con cuestionamientos que nunca terminaron de desaparecer. Su nombramiento fue objeto de críticas desde distintos sectores políticos que advirtieron sobre la necesidad de garantizar una independencia absoluta en una institución cuya función consiste precisamente en investigar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos. Aunque el procedimiento legislativo concluyó conforme a la ley, la discusión política sobrevivió al nombramiento y terminó acompañando prácticamente toda su gestión.
Con el paso del tiempo, la expectativa de que esos cuestionamientos desaparecieran fue sustituida por una realidad distinta. Cada conflicto institucional, cada disputa jurídica y cada caso de alto perfil terminaron fortaleciendo una narrativa de desconfianza que la Fiscalía nunca logró revertir completamente. En lugar de convertirse en un referente de autonomía, la institución comenzó a ser observada bajo una lupa permanente por actores políticos, especialistas y ciudadanos que cuestionaban si realmente existía la independencia que exige una fiscalía especializada.
El caso relacionado con Javier Corral marcó un punto de inflexión. La investigación dejó de ser únicamente un asunto jurídico para transformarse en un conflicto político que trascendió Chihuahua y colocó a la Fiscalía en el centro de una discusión nacional. Más allá de los argumentos legales expuestos por cada una de las partes, el episodio terminó profundizando las dudas sobre la imparcialidad de la institución y fortaleciendo una percepción de confrontación que aún persiste.
Ese ha sido, probablemente, el mayor costo de la administración encabezada por Abelardo Valenzuela. No únicamente por las resoluciones judiciales o por las diferencias con autoridades federales, sino porque la conversación pública dejó de concentrarse en el combate a la corrupción para enfocarse en la propia Fiscalía.
Cuando una institución dedicada a investigar al poder comienza a ser cuestionada por su capacidad para mantenerse al margen de ese mismo poder, la credibilidad se convierte en el expediente más difícil de resolver. La autonomía ya no basta con proclamarse; debe reflejarse en cada decisión y convencer incluso a quienes mantienen una postura crítica.
Hoy, después de más de tres años de gestión, el principal desafío para Abelardo Valenzuela ya no parece ser abrir nuevas investigaciones, sino reconstruir una confianza institucional que continúa debilitándose. Porque ninguna Fiscalía Anticorrupción puede aspirar a combatir eficazmente la corrupción si una parte importante de la sociedad sigue preguntándose si actúa con la independencia que la ley le exige.
Industria
¡No firmaremos en blanco! Trabajadores de USG Tijuana denuncian un procedimiento que exige respuestas
Los afectados aseguran que rechazaron firmar hojas en blanco y pidieron esperar a un abogado.
El señalamiento se suma a reclamos por pagos y al testimonio de una espera sin comida ni descanso.
TIJUANA.— Los trabajadores dijeron que no. Afuera de USG Tijuana, personas inconformes con la terminación de sus contratos denunciaron que les pedían firmar hojas en blanco. Su respuesta fue exigir que llegara un abogado antes de continuar.
El señalamiento es uno de los más graves del episodio. Una firma puede tener consecuencias para quien la entrega; por eso, conocer el contenido del documento resulta indispensable. Los afectados no tenían confianza en el procedimiento que describen.
No hay copias de esas hojas en el material compartido ni una explicación de USG. La acusación corresponde a los trabajadores y necesita esclarecerse. La empresa debe responder qué documentos presentó y cómo informó a cada persona sobre su salida.
La protesta también estuvo marcada por el cansancio. Uno de los afectados relató que salieron del turno a las 5:24 de la mañana y que Recursos Humanos les pidió firmar a las seis de la tarde. Aseguró que permanecieron en la calle sin comer ni dormir.
Además, mencionó un finiquito aproximado de 3,070 pesos y denunció un pago pendiente que identifica como “semana de fondo”. Según su versión, distintas áreas los enviaban unas con otras sin resolver sus dudas.
Ese recorrido de respuestas insuficientes ayuda a entender la desconfianza que expresaron. Para los trabajadores, pedir asesoría antes de firmar era una manera de protegerse ante una situación que no tenían clara.
Personal de la Secretaría del Trabajo y procuradores recabó sus datos, los orientó y propuso una denuncia colectiva, según el relato del video.
Los contratos mencionados tenían duraciones de 60 a 90 días y algunos afectados llevaban pocas semanas trabajando.
USG debe explicar el procedimiento denunciado. La salida de un trabajador exige claridad sobre documentos y pagos. Cuando esa claridad falta, la firma deja de ser un trámite y se vuelve motivo de conflicto.
El consultor afirma que buscó presentar documentación sobre los servicios prestados durante el refinanciamiento de la deuda estatal.
La carta cuestiona que el informe lo mencionara más de 150 veces sin que consiguiera la audiencia solicitada con el auditor.
José Pedro López Elías expuso ante el Congreso de Chihuahua que solicitó oportunidades para presentar documentación y responder a los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, sin conseguir la audiencia que buscaba con su titular. El reclamo aparece en la carta remitida al Legislativo.
El representante de López Elías Finanzas Públicas, S.C., vincula esas solicitudes con la auditoría forense sobre servicios relacionados con el refinanciamiento de la deuda estatal. Según su exposición, pretendía entregar elementos que permitieran aclarar las observaciones formuladas sobre la participación de la empresa.
La misiva sostiene que el informe lo menciona en más de ciento cincuenta ocasiones. Frente a esa presencia, López Elías cuestiona que sus intentos de interlocución no se tradujeran en una audiencia ante el auditor Héctor Acosta Félix para explicar los servicios.
El planteamiento incorpora una discusión sobre el derecho de defensa: el consultor pide valorar cómo se recibieron, examinaron o atendieron sus solicitudes dentro del proceso de fiscalización. Su versión presenta la falta de audiencia como un elemento relevante para revisar la actuación de la ASE.
El escrito también relaciona el informe forense con la denuncia presentada en 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra López Elías y Javier Corral. Esa secuencia constituye uno de los antecedentes que el firmante solicita poner a consideración de los legisladores.
La carta fue presentada en el contexto del proyecto para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado al régimen de fuero constitucional. López Elías considera necesario examinar los mecanismos de control y la tutela de derechos antes de resolver esa reforma.
Su solicitud no pide que el Congreso sustituya la investigación ministerial ni resuelva responsabilidades individuales. Propone que las actuaciones documentadas, incluidas las peticiones de audiencia, sean consideradas al discutir la protección procesal del funcionario responsable de conducir la fiscalización estatal.
Con información de zonafree.mx
La gestión sindical encabezada por Rafael Munguía Almeida permitió extender el beneficio desde junio de 2026, como parte de las acciones para reconocer el trabajo de las tripulaciones de cabina.
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) consiguió ampliar el periodo de aplicación del retroactivo de viáticos para las y los sobrecargos, luego de una gestión que permitió considerar el beneficio desde junio de 2026 y no únicamente a partir del 30 de agosto.
La medida representa un resultado favorable para las y los trabajadores, debido a que el periodo adicional no se encontraba contemplado originalmente. Ante esta situación, ASSA impulsó las gestiones necesarias para obtener mejores condiciones para sus integrantes.
Bajo la representación de su secretario general, Rafael Munguía Almeida, la organización sindical colocó como prioridad el reconocimiento al esfuerzo cotidiano de quienes desempeñan labores como sobrecargos y forman parte fundamental de la operación aérea.
El acuerdo sobre el retroactivo de viáticos también muestra la importancia de mantener una negociación sindical permanente que permita atender tanto los grandes temas laborales como aquellos beneficios que inciden directamente en las condiciones de las y los trabajadores.
Para ASSA, cada avance representa una oportunidad para fortalecer la representación de sus agremiados y reconocer el compromiso, profesionalismo y responsabilidad que las y los sobrecargos demuestran diariamente.
Con este resultado, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación mantiene su línea de trabajo orientada a generar beneficios concretos, fortalecer los derechos laborales y procurar mejores condiciones para las tripulaciones de cabina.
El retroactivo desde junio se suma así a las acciones de gestión sindical encaminadas a que el esfuerzo de las y los sobrecargos tenga un reconocimiento tangible.
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