Nacional
México enfrenta llegada de 6,244 migrantes deportados por Trump, 1,371 no son mexicanos
El Gobierno mexicano ha recibido 6 mil 244 migrantes deportados en las primeras dos semanas de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, incluyendo al menos mil 371 de otras nacionalidades, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumentó que “son pocos”.
“Del 20 al 26 de enero se han repatriado un total de 5 mil 282 personas, de ellas 4 mil 83 son mexicanos. El 27 de enero fueron 527, de las cuales 355 son mexicanos, y el 28 (de enero) 435 personas”, informó la mandataria en su conferencia matutina.
Estos son más de dos mil deportados más que los 4 mil 094 que Sheinbaum había reportado el lunes como saldo de la primera semana de redadas migratorias del Gobierno de Trump.
La presidenta aseveró que “son pocos, de hecho el número no es muy grande, comparado con fechas previas, de mexicanos y de extranjeros que llegan al país”.
“En el caso de migrantes que no tienen la nacionalidad mexicana, el Instituto Nacional de Migración (INM) abre distintas posibilidades, la mayoría de ellos quieren ser repatriados a sus países, entonces en ese caso les facilitamos el transporte para que puedan llegar, principalmente a Centroamérica”, agregó.
Sheinbaum ha recibido críticas de la oposición por aceptar deportados de otras nacionalidades, a quienes México ofrece “asistencia humanitaria”.
“Llegaban también antes, eso es importante, no es que por primera vez estén llegando personas de otra nacionalidad, sino que esto es algo que ya ocurría en nuestro país”, defendió Sheinbaum este jueves.
La jefa del Ejecutivo también señaló que solo han detectado dos casos de presuntas violaciones de derechos humanos de migrantes deportados desde Estados Unidos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un mexicano, sin dar más detalles.
Las autoridades migratorias estadounidense han detenido en la primera semana del mandato de Trump al menos a 2 mil 382 inmigrantes indocumentados y han cursado mil 797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de deportación, según cifras oficiales.
En México inquietan las deportaciones masivas prometidas por Trump, porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) del país, que en 2024 habría recibido un récord estimado de 65 mil millones de dólares.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
