El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó este martes que “garantías» de que el presidente Donald Trump no impondrá aranceles a México, no hay.

“No, a ver, la garantía, no hay garantías, pues lo que hay es el espacio de tiempo para que nosotros lo aprovechemos y lo vamos a aprovechar», respondió a pregunta específica.

Entrevistado en la Cámara de Senadores, dijo que el acuerdo alcanzado entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, por el que se aplazó un mes la eventual imposición de aranceles a importaciones mexicanas es “un gran éxito político para nuestra presidenta».

“Hace pocas horas pensábamos que era imposible. Lo logró la doctora Sheinbaum, y luego se pegó Canadá, a la sombrillita mexicana se pegaron los canadienses, que ya ves que nos querían sacar del Tratado».

Sheinbaum convenció a Trump, detalló, primero, “de lo obvio, que no se aplicaran las tarifas, que de suyo ya es mérito suficiente porque las tarifas sí nos pueden perjudicar mucho».

Segundo, de que se abra una mesa de negociación “que no es tan asimétrica como si nos hubieran puesto las tarifas, porque, si ya estuvieran vigentes se imaginan en qué condiciones habríamos negociado».

Y tercero, puso sobre la mesa preocupaciones de México como, por ejemplo, el tema de armas, porque “las preocupaciones de Estados Unidos nos quedan muy claras».

“Porque sí se habla mucho del fentanilo, pero ¿quién arma los carteles?, ¿verdad? Entonces, se arman todititos allá. Entonces, ya se metieron esos temas también sobre la mesa», afirmó.

El Gobierno mexicano ha recibido 6 mil 244 migrantes deportados en las primeras dos semanas de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, incluyendo al menos mil 371 de otras nacionalidades, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumentó que “son pocos”.

“Del 20 al 26 de enero se han repatriado un total de 5 mil 282 personas, de ellas 4 mil 83 son mexicanos. El 27 de enero fueron 527, de las cuales 355 son mexicanos, y el 28 (de enero) 435 personas”, informó la mandataria en su conferencia matutina.

Estos son más de dos mil deportados más que los 4 mil 094 que Sheinbaum había reportado el lunes como saldo de la primera semana de redadas migratorias del Gobierno de Trump.

La presidenta aseveró que “son pocos, de hecho el número no es muy grande, comparado con fechas previas, de mexicanos y de extranjeros que llegan al país”.

“En el caso de migrantes que no tienen la nacionalidad mexicana, el Instituto Nacional de Migración (INM) abre distintas posibilidades, la mayoría de ellos quieren ser repatriados a sus países, entonces en ese caso les facilitamos el transporte para que puedan llegar, principalmente a Centroamérica”, agregó.

Sheinbaum ha recibido críticas de la oposición por aceptar deportados de otras nacionalidades, a quienes México ofrece “asistencia humanitaria”.

“Llegaban también antes, eso es importante, no es que por primera vez estén llegando personas de otra nacionalidad, sino que esto es algo que ya ocurría en nuestro país”, defendió Sheinbaum este jueves.

La jefa del Ejecutivo también señaló que solo han detectado dos casos de presuntas violaciones de derechos humanos de migrantes deportados desde Estados Unidos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un mexicano, sin dar más detalles.

Las autoridades migratorias estadounidense han detenido en la primera semana del mandato de Trump al menos a 2 mil 382 inmigrantes indocumentados y han cursado mil 797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de deportación, según cifras oficiales.

En México inquietan las deportaciones masivas prometidas por Trump, porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) del país, que en 2024 habría recibido un récord estimado de 65 mil millones de dólares.

“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que afecta a las mujeres; el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituir una violación a sus derechos fundamentales”, señaló Magda Zulema Mosri Gutiérrez, al hablar del libro ‘La perspectiva de género en la justicia administrativa federal’.

Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.

Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.

El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”;  se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.

Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”,  que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.

El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.

El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.

La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.

También tienen competencia en materia migratoria

Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.

-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?

En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.

“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.

Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.

Mosri Gutiérrez  está presentando su libro por los estados del país.

Fuente: La jornada