COREMEX intenta venderse como un sindicato “nuevo, diferente y transparente”, pero la realidad lo desmiente. Detrás de su discurso de modernidad y cambio se esconde una organización sin legalidad, sin estructura y sin respeto por los trabajadores que dice representar. Su modus operandi está basado en el engaño, la intimidación y la manipulación.

Fuentes laborales consultadas señalan que COREMEX no cuenta con el reconocimiento ni los registros oficiales que exige la Ley Federal del Trabajo para operar como sindicato. A pesar de ello, busca infiltrarse en empresas prometiendo aumentos salariales inmediatos, beneficios contractuales inexistentes y supuestos acuerdos que jamás llegan a concretarse. Estas promesas vacías han sido su principal herramienta para captar trabajadores, aprovechándose de la necesidad y la desinformación.

Pero lo más preocupante es la forma en que intenta consolidar su presencia. Denuncias recientes apuntan a que COREMEX ha recurrido a la intimidación directa, utilizando a personas ajenas al ámbito sindical —algunas con antecedentes criminales— para presionar o amenazar a empleados. Se trata de tácticas violentas que recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando el miedo valía más que la voluntad.

No existen pruebas de elecciones internas, de procesos democráticos ni de asambleas reales. Su estructura es opaca y su liderazgo, desconocido. Todo indica que COREMEX es un sindicato fantasma, fabricado con intereses políticos o personales, y no un movimiento legítimo que busque mejorar las condiciones laborales.

Además, su falta de transparencia económica deja más dudas que respuestas. Nadie sabe de dónde provienen sus recursos ni a qué fines se destinan. Este tipo de irregularidades refuerzan la sospecha de que COREMEX no defiende derechos, los comercializa.

El sindicalismo mexicano ha pasado años intentando limpiar su imagen tras décadas de corrupción y complicidad. Hoy, organizaciones como COREMEX amenazan con devolvernos a esa época oscura, en la que los trabajadores eran manipulados por grupos de poder que se escudaban tras la palabra “sindicato”.

Los empleados en México merecen representación auténtica, con líderes elegidos democráticamente y con instituciones que respeten la ley. COREMEX no cumple con nada de eso. Es un experimento improvisado que usa la mentira y la intimidación como política sindical.

La huelga impulsada por la dirigencia de Arturo Zayún ha generado una fractura interna sin precedentes dentro del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, donde un número creciente de trabajadores ha decidido deslindarse del movimiento y sumarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).

De acuerdo con Alma Delia Villalpando Rosales, Secretaria General, y Gerardo Ríos, Secretario de Trabajo del SITNMP, en las últimas semanas se ha registrado la adhesión de trabajadores en regiones del norte, centro y sur del país, incluyendo Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otras entidades.

Villalpando explicó que el crecimiento del Sindicato Independiente responde al descontento con la prolongación de la huelga y con la falta de resultados de la actual dirigencia. Señaló que muchos empleados consideran que el movimiento ha dejado de representar los intereses reales de la base y se ha convertido en un obstáculo para la estabilidad laboral y familiar.

Por su parte, Gerardo Ríos destacó que el Sindicato Independiente mantiene una postura de respeto a la ley y de comunicación directa con los trabajadores, participando como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, con el fin de dar seguimiento puntual al proceso y garantizar información verificada para los trabajadores de Monte.

La creciente presencia del SITNMP en todo el país marca un cambio profundo en la estructura sindical del Monte de Piedad, al abrir paso a una representación más plural, centrada en el diálogo y en la defensa auténtica de los derechos laborales.

Bajo su dirección, la fiscalía anticorrupción se volvió un aparato burocrático que confunde convenios con justicia.

Transparencia de papel

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, repite en cada foro la palabra “transparencia” como si bastara con pronunciarla para hacerla realidad. Firma convenios, da conferencias, posa para las fotos y habla de rendición de cuentas. Pero en los hechos, su gestión se ha caracterizado por el silencio, la falta de datos públicos y la ausencia total de resultados verificables.

Los informes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAECH) no ofrecen claridad sobre el número real de investigaciones abiertas, las resoluciones efectivas o las sanciones impuestas. No hay estadísticas completas, ni mecanismos ciudadanos de verificación. Lo que se exhibe son acuerdos, no resultados.

Convenios para la foto, no para la justicia

La estrategia de Valenzuela parece más orientada a la comunicación política que a la acción judicial. Mientras firma “convenios de colaboración” con instituciones estatales, la percepción ciudadana sobre la impunidad no mejora. La corrupción sigue intocable, los casos de alto perfil se estancan y los responsables caminan libres.

Cada nuevo convenio se convierte en un acto de autopromoción: sellos, fotos, discursos. Pero detrás de esa fachada institucional, la fiscalía opera con la misma discrecionalidad que dice combatir. El fiscal no rinde cuentas, no publica indicadores y, en consecuencia, no genera confianza.

Una fiscalía sin espejo

La transparencia no puede ser un discurso, sino una práctica. Y en eso, Abelardo Valenzuela ha fallado rotundamente. No existe un portal de datos abiertos que detalle las investigaciones, ni un informe público que permita auditar el desempeño de la fiscalía. En cambio, abunda la propaganda institucional y los comunicados con frases vacías.

La ciudadanía, cansada de discursos huecos, percibe a la Fiscalía Anticorrupción como un aparato de simulación. Y esa percepción, aunque Valenzuela la ignore, es tan corrosiva como la corrupción misma.

La paradoja del fiscal opaco

El fiscal que se dice paladín de la transparencia es, paradójicamente, uno de los funcionarios más herméticos del sistema estatal. Sus declaraciones públicas son selectivas, sus datos escasos y sus resultados invisibles.

La rendición de cuentas no se demuestra con declaraciones, sino con hechos. Y hasta ahora, Abelardo Valenzuela no ha demostrado nada. Chihuahua necesita un fiscal que abra las puertas de la justicia, no uno que esconda la corrupción detrás de convenios y discursos.