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Incertidumbre comercial y aranceles podrían desacelerar el PIB de México en 2025
La incertidumbre que imprime el fantasma de los aranceles que quiere aplicar Estados Unidos a México seguirá retrasando las decisiones de inversión productiva y afectando al crecimiento, advirtieron economistas de Goldman Sachs y Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex).
Sobre todo la expectativa de que México responda con una represalia, puede imprimir una presión adicional en la dinámica de la actividad económica, refirió el economista para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos.
“Incluso si nunca se aplican aranceles, la incertidumbre de la política comercial puede restar entre medio punto del PIB y un punto del PIB al crecimiento de la economía”, previó.
La incertidumbre conduce a decisiones de inversión y gasto más defensivas. Es en este sentido que impactaría negativamente al crecimiento económico, señaló Ramos.
Aparte, el economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, Víctor Ceja Cruz, coincidió que entrar en una guerra comercial con Estados Unidos vía represalias, podría generar una reacción en el tipo de cambio que presionaría la inflación.
Bajo este escenario de presiones inflacionarias Banco de México tendría que reaccionar vía tasas, lo que también motivaría una presión adicional sobre la economía.
Ceja Cruz, matizó que hay un efecto contrario de los aranceles: el encarecimiento de los flujos comerciales que baja el crecimiento económico y disminuye la demanda agregada.
Teniendo estos impactos contrapuestos, la decisión del Banco de México es recortar la tasa pues no es muy claro el impacto de los aranceles en la economía mexicana, señaló Ceja Cruz.
Los analistas anticipan que en la presentación del Informe Trimestral del Banco de México (Banxico) que se divulgará este miércoles al mediodía, el instituto central actualizará su pronóstico de crecimiento incorporando el efecto de los aranceles y la incertidumbre en la actividad económica.
Algunas firmas, como la administradora de fondos, Franklin Templeton, ya están poniendo números a los escenarios negativos que se presentarían en caso de que se apliquen aranceles.
Ahí suponen que se presentaría una recesión que llevaría al PIB a registrar cero crecimiento en promedio que conduciría a una degradación de dos niveles en la calificación. A este escenario le conceden un 20% de probabilidad.
Recesión conduciría a perder grado de inversión
Las tres calificadoras de mayor operación mundial: Fitch, Moody’s y S&P ya advirtieron públicamente que la economía mexicana podría caer en una recesión durante este año si no se consigue desactivar la amenaza de los aranceles de 25% en todos los productos de importación hacia Estados Unidos.
En Fitch específicamente, proyectaron que el Producto Interno Bruto (PIB) del 2025 podría registrar un avance de apenas 0.3%, que incorpora la posibilidad de una contracción económica en algún tramo del año.
El economista de Valmex agregó que una recesión conduciría a una menor recaudación tributaria, en particular el IVA e ISR y por tanto se debilitaría la capacidad de México para responder a sus obligaciones. Esto significa que no podría bajar el déficit fiscal del 6% del PIB, lo que impondría un riesgo adicional, que es perder el Grado de inversión.
“El riesgo que Fitch está viendo está más cargado al crecimiento económico. Si bien no hay señal de hacer un downgrade /recorte, porque la perspectiva está todavía estable, en la eventualidad de que se caiga en recesión y se afecte la capacidad de pago, el riesgo de perder el grado de inversión sería mayor”, señaló.
La calificación soberana de México en “BBB-/perspectiva estable”, que es el nivel más bajo del grado de inversión, o un escalón arriba de las notas especulativas.
Apenas el 5 de febrero, la encuesta recabada por Citi evidenció que el mercado esperaba un crecimiento promedio de 1 por ciento.
Esta proyección se encuentra en un rango de pronósticos que oscilan entre 0.2%, el más bajo, anticipado por Banamex y el más alto de 1.7% estimado por Signum Research.
Las previsiones fueron recabadas después de conocerse la negociación de la presidenta de México Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos que abrió una prórroga de un mes a la entrada en vigor de los aranceles.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
