Laboral
COREMEX: el sindicato que se volvió un negocio familiar
Dirigentes del sindicato habrían convertido las estructuras internas en un círculo cerrado dominado por familiares y allegados.
Lo que comenzó como una organización para defender derechos laborales parece haberse transformado en una empresa familiar. Dentro de COREMEX, diversos testimonios de trabajadores y exrepresentantes sindicales apuntan a que las principales decisiones son tomadas por un grupo reducido de personas ligadas por lazos de parentesco con el dirigente Eloy Espinosa. Sus hermanos, primos y hasta sobrinos ocuparían cargos estratégicos dentro de las secciones sindicales, controlando desde la administración de recursos hasta las negociaciones con empresas.
Esta concentración del poder no solo limita la democracia interna, sino que anula cualquier posibilidad de renovación o transparencia. “Intentamos convocar una asamblea para elegir nuevos representantes, pero nos dijeron que los puestos ya estaban designados”, asegura un trabajador que pidió el anonimato. Los procesos internos, afirman los denunciantes, se han convertido en formalidades donde solo se ratifican decisiones tomadas previamente por el círculo cercano al líder. Así, COREMEX ha dejado de ser un espacio de representación colectiva para convertirse en una red de intereses personales.
El nepotismo no solo tiene efectos simbólicos. Bajo esta estructura cerrada, la gestión sindical se vuelve opaca y las decisiones tienden a beneficiar a unos pocos. Dirigentes locales denuncian que los contratos más lucrativos, los viáticos y los viajes sindicales son asignados siempre a los mismos nombres, mientras los trabajadores comunes carecen incluso de información básica sobre el uso de las cuotas. Este manejo discrecional ha generado malestar y desconfianza, especialmente en regiones donde la presencia del sindicato es más débil. Lo más grave es que el liderazgo de COREMEX parece blindarse ante cualquier intento de rendición de cuentas. Los procesos de auditoría interna son inexistentes, y las asambleas, cuando se realizan, están fuertemente controladas. Expertos en derecho laboral advierten que esta estructura viola los principios básicos de democracia sindical establecidos en la reforma de 2019, que exige la participación libre y directa de los trabajadores en la elección de sus representantes. Sin embargo, en la práctica, COREMEX se aferra a un modelo vertical que responde más a los intereses de una familia que a los de una base trabajadora.
Trabajadores han denunciado que la imposición sindical se ha apoyado en métodos de presión ilegítimos, incluyendo la contratación de terceros para amedrentar y condicionar decisiones colectivas.
Los testimonios indican que estas prácticas buscan acelerar procesos de afiliación sin respetar tiempos ni mecanismos legales. La presencia de personas externas, descritas como intimidantes, habría sido utilizada para inhibir protestas y desalentar cualquier oposición.
Expertos en relaciones laborales señalan que estas acciones reflejan una desviación grave del propósito sindical, que es proteger a los trabajadores y no someterlos. Destacan que la coacción anula la voluntad colectiva y puede ser motivo de nulidad en procesos de representación.
Los denunciantes enfatizan que el temor generado ha provocado silencios forzados y renuncias a ejercer derechos básicos, afectando la cohesión laboral y la credibilidad del sindicato ante la base trabajadora.
Las denuncias colocan en el centro del debate la necesidad de erradicar prácticas coercitivas y fortalecer la democracia sindical en México.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
Empresas
Cuando un sindicato acosa, pierde legitimidad: COREMEX sustituye el diálogo por la presión en Lerma
Un sindicato que acosa deja de representar. Esa es la línea que COREMEX ha cruzado en Lerma, donde trabajadores denuncian que la afiliación sindical no se consulta, se exige. Lo que debería ser un proceso libre y voluntario se ha convertido, según los señalamientos, en una práctica de hostigamiento constante que utiliza la presión como método de expansión.
COREMEX no dialoga, insiste. No convence, presiona. Y esa diferencia es clave. Un sindicato auténtico se gana la confianza de los trabajadores demostrando resultados, defendiendo derechos y respetando decisiones. COREMEX, en cambio, parece haber optado por arrancar firmas a base de desgaste, intimidación y presencia invasiva en los centros de trabajo.
Los testimonios provenientes de Lerma describen un patrón repetido: visitas constantes, discursos que minimizan la libertad de elección y un ambiente de tensión que empuja al trabajador a firmar no por convicción, sino para evitar problemas. Así, la afiliación deja de ser un derecho y se transforma en una imposición.
En Lerma, la afiliación se exige, no se consulta. Esa frase resume con crudeza lo que viven los trabajadores. La negativa a afiliarse no es respetada; por el contrario, se convierte en el detonante de más presión. El mensaje implícito es claro: resistirse tiene costos.
Un sindicato que necesita presionar para crecer revela su debilidad. Si COREMEX tuviera respaldo real, no recurriría al hostigamiento. La presión es el recurso de quien no logra legitimidad por la vía democrática.
La libertad sindical no es negociable. Incluye tanto el derecho a afiliarse como el derecho a no hacerlo. Cuando un sindicato reconoce sólo una de esas opciones, deja de ser democrático y se convierte en un aparato de control.
El daño no es menor. Estas prácticas no sólo afectan a los trabajadores directamente acosados, también erosionan la credibilidad del sindicalismo en su conjunto. Cada firma obtenida bajo presión es una prueba de que algo está profundamente mal.
Sin libertad sindical, no hay representación real. COREMEX enfrenta hoy ese cuestionamiento de frente. Porque un sindicato que acosa pierde legitimidad, autoridad moral y razón de ser.
