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Te pueden multar en Nuevo León por el uso de pirotecnia
A pocos días de la celebración de Año Nuevo, autoridades en Nuevo León han reafirmado la prohibición del uso de cohetes y fuegos pirotécnicos, una práctica común a pesar de las restricciones impuestas desde hace algunos años.
En un esfuerzo por mitigar accidentes y preservar el medio ambiente, las autoridades de Nuevo León han establecido estrictas medidas. Según un decreto publicado el 15 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado, quienes vendan o utilicen pirotecnia enfrentarán multas significativas, que van desde los ocho mil hasta un millón de pesos.
Es importante destacar que no se han otorgado permisos para la instalación de mercados o establecimientos de venta de pirotecnia en el estado, reforzando así la prohibición.
El documento también prohíbe el uso de pirotecnia en eventos públicos, incluso si no se ha declarado una contingencia ambiental. Esto se aplica tanto a eventos gubernamentales como a aquellos contratados por dependencias o entidades administrativas.
Protección Civil llama a denunciar venta y posesión de pirotecnia
En este contexto, Protección Civil de Nuevo León ha lanzado un llamado urgente a la población para denunciar la venta y posesión de pirotecnia.
El director de la corporación, Erik Cavazos, subrayó los riesgos que esta práctica conlleva, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente.
Cavazos resaltó los daños que la pirotecnia puede ocasionar, desde afectaciones a la calidad del aire y a la fauna hasta posibles incendios que amenazan el patrimonio y la salud de las personas.
Además, recordó casos de accidentes graves, como la pérdida de extremidades, provocados por el uso irresponsable de artefactos pirotécnicos.
Se insta a la población a respetar las disposiciones legales vigentes y a reportar cualquier actividad ilegal al número de emergencia 911, priorizando así la seguridad y el cuidado del entorno durante las festividades de fin de año.
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Chihuahua bajo el teatro de la fiscalía: Abelardo Valenzuela y su guion de simulación
El fiscal anticorrupción volvió a convertir una investigación menor en espectáculo mediático para proyectar poder y distraer del fracaso institucional.
Mientras la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se enfrenta a señalamientos por usar sus investigaciones como herramienta de presión, su titular, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, vuelve a exhibir la selectividad y el oportunismo que marcan su gestión.
La investigación que huele a consigna
El nombre de Abelardo Valenzuela volvió a los titulares tras anunciar que su Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la renuncia de la jueza María Cristina Berjes Cardoso, quien dejó su cargo para asumir una secretaría de sala. Aunque el hecho, en apariencia administrativo, fue presentado como un acto de transparencia, detrás del anuncio muchos vieron una jugada política: un expediente abierto en el momento exacto en que el poder judicial chihuahuense se encuentra dividido por pugnas internas.
Valenzuela aprovechó el eco mediático para posicionarse como “defensor de la legalidad”. Pero más que combatir la corrupción, su fiscalía parece estar librando batallas mediáticas por encargo. El discurso anticorrupción volvió a ser su escudo: frases solemnes, declaraciones grandilocuentes y cero resultados verificables.
Fiscalía selectiva: castiga a unos, protege a otros
Desde su llegada, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua actúa con una doble vara: investiga con estridencia a figuras que incomodan al poder político, mientras guarda silencio en casos donde los nombres involucrados son aliados o cercanos al gobierno estatal.
En el caso de la jueza Berjes, el mensaje fue claro: la fiscalía está lista para castigar… siempre que convenga al guion político del momento.
Bajo el mando de Valenzuela, la justicia se volvió un instrumento narrativo. Cada investigación o declaración pública está calibrada para reforzar la imagen del “fiscal que no teme”, aunque en realidad solo se atreva con quienes ya fueron señalados desde arriba.
La justicia como espectáculo
Valenzuela se ha convertido en un maestro del timing mediático. Su oficina lanza comunicados justo cuando algún escándalo político amenaza con salpicar al gobierno o a sus aliados.
Así, los titulares sobre su supuesta “implacabilidad” funcionan como cortina de humo: distraen la atención mientras los verdaderos casos de corrupción permanecen bajo llave.
En lugar de fortalecer la confianza institucional, esta estrategia convierte a la fiscalía en un show de control político donde el público ya conoce el final: mucho ruido, poca justicia y un fiscal siempre dispuesto a encender los reflectores cuando le conviene.
La credibilidad perdida
Abelardo Valenzuela presume autonomía, pero cada acción de su oficina desmiente su discurso. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no goza de independencia, sino de obediencia.
Y mientras el fiscal siga utilizando el combate a la corrupción como un eslogan personal, la ciudadanía seguirá viendo lo que es evidente: un funcionario que habla de legalidad, pero actúa con cálculo.
En Chihuahua, el combate a la corrupción se volvió un performance, y su protagonista, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, el actor principal de una obra en la que la justicia siempre queda fuera de escena.
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Trabajadores del Monte exigen auditoría a su sindicato por bienes de Arturo Zayún
El conflicto en el Nacional Monte de Piedad ha dejado de ser una disputa laboral. Hoy, el foco está en la figura de Arturo Zayún González, secretario general del sindicato titular del contrato colectivo, señalado por presunto enriquecimiento millonario mientras miles de trabajadores siguen sin salario por la huelga que él mismo promovió.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, Zayún habría adquirido seis propiedades en los últimos años —de San Luis Potosí a Playa del Carmen— con valores subdeclarados y operaciones notariales que despiertan sospechas. A eso se suman ingresos no comprobados por la renta de un deportivo sindical en la capital del país.
El dirigente exige a la institución “transparencia” y “respeto a los derechos laborales”, pero se niega a mostrar los estados financieros del sindicato. Las cuotas de los trabajadores, denuncian los propios agremiados, se manejan sin control, sin auditorías y sin reportes públicos.
“Pide rendición de cuentas, pero no da ninguna. Los trabajadores merecen saber en qué se gasta su dinero”, expresó un miembro del Monte.
Zayún no ha respondido. El silencio se convierte en un escudo, pero también en evidencia. Mientras la huelga mantiene paralizadas más de 300 sucursales y deja a miles de familias sin ingresos, crece la sensación de que el sindicalismo que prometía renovación terminó repitiendo las viejas fórmulas de poder, discrecionalidad y beneficio personal.
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Arturo Zayún: el líder sindical que cambió los derechos laborales por propiedades de lujo
Durante años, el dirigente del Sindicato del Monte de Piedad ha amasado un patrimonio difícil de explicar, mientras sus agremiados sobreviven con salarios congelados.
El periodista de Xpectro FM documenta una serie de operaciones que dejan a Arturo Zayún al borde de la sospecha penal: compra de inmuebles por montos subvaluados, pagos en efectivo y opacidad en el uso de recursos del sindicato. Entre 2012 y 2025 adquirió seis propiedades —cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen— cuyo valor real supera con creces lo declarado ante notaría. Paralelamente, rentas del deportivo sindical se cobran en efectivo y no aparecen en los registros contables. Todo esto mientras la huelga impulsada por él mantiene paralizado al Monte de Piedad, afectando a miles de trabajadores y usuarios. El sindicalismo que Zayún representa ya no defiende derechos: los negocia.
El caso resulta aún más ofensivo cuando se observa el contraste entre el discurso y la realidad. Mientras Zayún se proclama “defensor incansable de los derechos laborales”, la nota de Xpectro FM detalla que los trabajadores llevan años sin aumentos significativos, sin mejoras en prestaciones y con total desconocimiento del destino de sus cuotas. En lugar de fortalecer la transparencia o abrir las cuentas del sindicato a la revisión de los agremiados, el dirigente ha optado por el silencio y la manipulación. Los fondos que deberían servir para capacitación, defensa jurídica o bienestar de los trabajadores parecen haberse desvanecido en operaciones privadas y propiedades de lujo.
Su liderazgo, más cercano al autoritarismo que a la representación, ha hecho del sindicato una estructura cerrada, incapaz de renovarse. Zayún se sostiene con el control del miedo y la desinformación, en un entorno donde cualquier intento de cuestionar sus decisiones se castiga con marginación laboral o exclusión política. Mientras tanto, el conflicto laboral que él mismo ha extendido se utiliza como escudo para distraer de los señalamientos patrimoniales que pesan sobre su nombre.
La investigación de Xpectro FM desnuda a un dirigente que ha confundido el sindicato con su propiedad privada. Lo que en teoría debía ser una herramienta de lucha colectiva se ha convertido en el botín personal de un hombre que perdió de vista el principio básico del sindicalismo: servir a los trabajadores, no servirse de ellos. Arturo Zayún representa el rostro más viejo y corrosivo del poder sindical mexicano, ese que se aferra al cargo no por convicción, sino por conveniencia.
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