Nacional
Sheinbaum busca transformar México con 12 reformas en el próximo periodo legislativo
La presidenta Claudia Sheinbaum presentará 12 reformas clave en el nuevo periodo legislativo, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la economía, el sector energético y los derechos sociales en México, adelantó la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, durante su participación en la Segunda Plenaria de Morena en el Senado.
Entre las propuestas destacan la regulación del maíz transgénico, la lucha contra la extorsión, la simplificación de trámites y el fortalecimiento de CFE y Pemex, así como reformas en materia de telecomunicaciones, vivienda y la Guardia Nacional.
¿Cuáles son las 12 reformas que presentará Claudia Sheinbaum?
Godoy detalló la agenda de reformas que el gobierno de Sheinbaum impulsará en el Congreso:
- Regulación del maíz transgénico.
- Reforma contra la extorsión.
- Ley para eliminar trámites burocráticos y combatir la corrupción.
- Ley Nacional de Simplificación y Digitalización.
- Regulación de la no reelección y medidas contra el nepotismo electoral.
- Reformas en competencia económica, telecomunicaciones y transparencia.
- Nueva ley de obras públicas y transporte ferroviario.
- Reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos.
- Modificaciones a las leyes del Infonavit y derecho a la vivienda.
- Reformas energéticas para simplificación en hidrocarburos y transición energética.
- Fortalecimiento de CFE y Pemex.
- Reformas al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública y la Guardia Nacional.
Un nuevo derecho constitucional para México
La Consejera Jurídica destacó que estas iniciativas forman parte de lo que llamó el “nuevo derecho constitucional mexicano”, consolidando un marco normativo basado en la soberanía popular, la dignidad nacional y la defensa de lo público.
Además, señaló que en el primer periodo legislativo se aprobaron reformas estructurales en seguridad, bienestar social y la reorganización del Poder Judicial, poniendo en el centro los derechos humanos, la igualdad de género y la seguridad nacional.
Respaldo del Senado a la agenda de reformas
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, dio la bienvenida a Godoy y reconoció su papel en la construcción del nuevo marco legal del país.
Por su parte, la Consejera Jurídica destacó el papel histórico del Senado en este proceso, calificando a los legisladores como parte del “Senado Fundacional”, en referencia a su papel en la consolidación del proyecto de transformación impulsado por el Ejecutivo.
Con esta agenda, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca consolidar los cambios estructurales en diversos sectores, fortaleciendo el andamiaje legal para garantizar seguridad, transparencia, desarrollo económico y bienestar social.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
