Esto ocurre luego de que Donald Trump hablara con los tres mayores fabricantes estadounidenses que ensamblan vehículos en los dos países vecinos.

La Casa Blanca anunció este miércoles que retrasará hasta el 2 de abril la imposición de aranceles del 25 por ciento sobre los automóviles que entren en EU procedentes de México y Canadá después de que el presidente, Donald Trump, hablara con los tres mayores fabricantes estadounidenses que ensamblan vehículos en los dos países vecinos.

“Hablamos con los tres grandes concesionarios de automóviles. Vamos a otorgar una exención de un mes para todos los automóviles que ingresen a través del T-MEC”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

La funcionaria detalló en conferencia de prensa que Trump sostuvo una llamada con los presidentes ejecutivos de General Motors, Ford y Stellantis en donde acordó el retraso de 30 días a los aranceles para los vehículos fabricados en Norteamérica.

En 2024, las tres marcas exportaron en conjunto 1.5 millones de vehículos desde México, lo que representó 43 por ciento de los envíos de autos hechos en territorio nacional al exterior.

Leavitt dijo que la entrada en vigor de aranceles recíprocos a cualquier país que grave los productos estadounidenses sigue vigente para el 2 de abril.

Industria automotriz advierte de subidas de precios

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo el martes en una entrevista con Fox Business, que Donald Trump podría encontrar una posición común con México y Canadá respecto a los aranceles ya que reconoció que los precios subirían.

Asimismo, John Bozzella, dirigente de la Alianza para la Innovación Automotriz de Estados Unidos advirtió, en sintonía con Lutnick, que los nuevos aranceles provocarán drásticas subidas de precios.

“Todos los fabricantes de automóviles se verán afectados por estos aranceles a Canadá y México”, dijo John Bozzella, cuya organización aglutina a importantes empresas como General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai y Stellantis.

La mayoría anticipa que el precio de algunos modelos de vehículos aumentará hasta un 25 por ciento y el impacto negativo en el precio y la disponibilidad de vehículos se sentirá casi de inmediatoJohn Bozzella, dirigente de la Alianza para la Innovación Automotriz de Estados Unidos

Los fabricantes de automóviles advierten que los aranceles interrumpirán la cadena de suministro integrada en América del Norte que ha estado vigente durante más de 25 años. Algunas piezas pueden cruzar una frontera seis o más veces antes del ensamblaje final.

“No se puede reubicar la producción automotriz y la cadena de suministro de la noche a la mañana. Ese es el desafío y el dilema: los aranceles a los automóviles en América del Norte podrían terminar aumentando los costos para los consumidores antes de que los empleos regresen al país”, agregó Bozzella.

El sector del automóvil de EU, Canadá y México está totalmente integrado, y algunas partes utilizadas para la fabricación de vehículos cruzan las fronteras hasta ocho veces durante el proceso manufacturero.

Con el voto a favor de todos los diputados de los partidos políticos, en sesión extraordinaria de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, avanzó la reforma que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pese a que los diputados del PAN votaron a favor, exigieron incluir en la discusión las iniciativas que han propuesto para acabar de fondo con el nepotismo político y gubernamental; en tanto, los partidos PRI y MC también exigieron cambios de fondo en la discusión, sobre todo demandaron incluir la no sobre representación en los congresos.

La Cámara de Diputados avaló por unanimidad con 38 votos a favor de la comisión de Puntos Constitucionales y 24 de la Comisión de Reforma Electoral, el dictamen que modifica la ley para prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva.

La reforma busca modificar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la  Constitución, para establecer que la no reelección aplicará para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrán contender para el mismo cargo que están ejerciendo en un periodo inmediato posterior.

La prohibición de reelección de las personas servidoras públicas serían aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.

En cuanto al nepotismo electoral, se propone como un requisito de idoneidad que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja.

Así como parentesco consanguíneo o civil en la línea recta sin limitación de grado, y en la línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán. Dichas disposiciones serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.

Al inicio de la sesión la diputada Paulina Rubio solicitó ante ambas comisiones considerar dentro del dictamen las iniciativas que el PAN presentó antes de esta reforma la del 2022 y desechada en el 2023, que era sobre el nepotismo, así también la actual presentada el día 16 de octubre de 2024 y que se encuentra alojada en la gaceta parlamentaria, de la misma manera la que presentó el PAN como grupo parlamentario en el mes de febrero de este año firmada por el coordinador Elías Lixa.

Durante las rondas de participación, la diputada Noemí Luna Ayala del PAN reconoció el interés de la jefa del Ejecutivo para erradicar este problema tan grave que aqueja a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, como es el nepotismo, aunque esta se queda corta.

“Tenemos la oportunidad para hacerlo en serio, porque como lo han dicho ya asociaciones civiles la iniciativa de la presidenta se limita a la sucesión directa en el cargo, pero deja intacta las redes familiares en el poder más que una solución real es una medida discursiva sin impacto realmente en la corrupción”.

Señaló que el PAN propone ampliar el catálogo en donde no pueda postularse a la presidencia de la República ningún pariente directo del presidente en turno hasta que hayan pasado al menos 10 años.

“’Es el reto Andy’ que no permitamos que sean familia las que sigan empoderarse como si esta nación fuera una monarquía y no una democracia”, sostuvo.

En cuanto a Movimiento Ciudadano habló Iraís Reyes, recordó que el voto será a favor de la reforma en lo general, ante la importancia de dignificar la actividad política a través del principio ético de que los cargos no se hereden, para contribuir a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la política.

Dijo que la minuta del Senado contraviene la propuesta de la Presidenta y toma como entrada en vigor el 2030, esto luego de que Adán Augusto López y Manuel Velasco, junto al PRI modificaron la propuesta original de la Presidenta para que la ley entrara en vigor en 2027.

“Yo les pregunto compañeros, especialmente de Morena, si están en contra del nepotismo, más allá del discurso, por qué no respaldan la propuesta de la presidenta en sus términos originales para que nos aplique desde ya, desde el 2027”.

La diputada Gabriela Jiménez Godoy, de Morena, advirtió que defenderán la reforma que envió la presidenta y que tras llegar acuerdos con diferentes grupos parlamentarios, no van a regresar el dictamen al Senado, porque no cuentan con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio, “le digo a la presidenta a Claudia Sheinbaum que la apoyamos que la respaldamos”.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo la mañana de este martes que el gobierno de Estados Unidos aún no ha respondido a la solicitud de México de extraditar de regreso al país a Ismael «El Mayo» Zambada, acusado de narcotráfico.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el gobierno de México realizó la solicitud de extradición de Zambada García a Estados Unidos, desde julio de 2024.

Gertz Manero precisó que «El Mayo» cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en el país.

El fiscal general de la República reiteró que el Gobierno de México ha cumplido con todos los procedimientos legales para la extradición de Ismael «El Mayo» Zambada, presunto líder del Cártel de Sinaloa, y que la falta de respuesta corresponde a las autoridades estadounidenses.

«Hemos insistido en cuatro ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso que nos llevaron a eso», mencionó.

Además, precisó que este procedimiento se realizará con cualquier mexicano que haya sido acusado o llevado a juicio en otro país, por lo que en el caso de Zambada García no es una acción de excepción.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 25 de febrero, Gertz Manero recordó que el proceso de extradición se inició desde julio del año pasado, cuando ocurrieron los hechos que derivaron en la solicitud.

«Es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del Gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible», señaló.

Explicó que en diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció haber recibido la solicitud, pero hasta ahora no ha emitido una respuesta formal.

El Fiscal también aclaró que, según las evidencias disponibles, la captura de Zambada se habría dado en un aeródromo cercano a Culiacán, y que no hay pruebas que sustenten la presunta participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano. «El expediente está abierto como cualquier otro para que se aporten pruebas en ese sentido», afirmó. 

También, criticó la lentitud del proceso judicial estadounidense, al destacar que a pesar de que los hechos ocurrieron hace un año, «todavía no tenemos la primera audiencia de fondo».

Finalmente, Gertz Manero expuso las dificultades en los procesos de extradición dentro de México, y denunció que la legislación establece un plazo máximo de 45 días, pero que en algunos casos las demoras han alcanzado hasta 11 años debido al uso abusivo de amparos.