Nacional
Senado respalda reforma de Sheinbaum contra nepotismo y reelección inmediata
En la discusión de los artículos reservados, Morena y el Partido Verde introdujeron un cambio clave: posponer la entrada en vigor de la prohibición hasta 2030,
El Senado de la República aprobó este martes, en lo general y particular, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prohíbe la reelección inmediata y el nepotismo electoral.
Sin embargo, en la discusión de los artículos reservados, Morena y el Partido Verde introdujeron un cambio clave: posponer la entrada en vigor de la prohibición hasta 2030.
Esta modificación abre la puerta para que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, pueda competir por la gubernatura en las elecciones de 2027.
La reserva fue presentada por los líderes parlamentarios de Morena, Adán Augusto López Hernández, y del Partido Verde, Manuel Velasco Coello.
“Voy a presentar una propuesta de modificación en nombre propio y del senador Manuel Velasco Coello, para que la reforma en materia de nepotismo electoral sea aplicable en las elecciones, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030”, anunció López Hernández.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que la modificación fue producto de un acuerdo dentro del bloque oficialista para “mantener la unidad”.
Durante la discusión la senadora Ruth González hizo uso de la voz en el Pleno senatorial para asegurar que ella fue elegida por el pueblo y en 2027, el mismo pueblo decidirá por quién vota.
Críticas de la oposición
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó la reforma y advirtió que el aplazamiento desvirtúa su propósito original.
“Históricamente, las reformas electorales han surgido de la demanda de la oposición para equilibrar la competencia política. Hoy, en cambio, esta reforma es promovida por quienes buscan preservar el poder”, afirmó.
Históricamente, las reformas electorales han surgido de la demanda de la oposición para equilibrar la competencia política. Hoy, en cambio, esta reforma es promovida por quienes buscan preservar el poder
El legislador señaló que no se está eliminando realmente la reelección, sino que se mantiene el modelo en el que los políticos alternan entre distintos cargos para perpetuarse en el poder.
“Quienes hoy son diputados federales, mañana serán diputados locales y luego volverán a ser federales. No se está eliminando la reelección, solo se está maquillando”, sostuvo.
También criticó que el nepotismo sigue siendo una práctica común en el país y que la postergación de la reforma permite que políticos con familiares en el poder mantengan sus aspiraciones para 2027.
“Si realmente hubiera un compromiso para combatir el nepotismo, se aplicaría de inmediato y en todos los niveles de gobierno. En lugar de eso, vemos una reforma que se pospone hasta 2030 para permitir que ciertos personajes sigan con sus aspiraciones políticas”, denunció.
Cambio de última hora
Castañeda recordó que la propuesta original de Sheinbaum establecía la prohibición del nepotismo a partir de 2027, pero el Senado modificó la fecha para aplicarla hasta 2030, lo que permitiría que políticos como Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y Ruth González Silva puedan contender en los próximos comicios estatales.
“Es evidente que lo que se busca es mantener el poder. No nos explican la razón del cambio, pero es claro que se trata de una estrategia para beneficiar a ciertas élites políticas”, acusó.
El senador insistió en la necesidad de una reforma electoral integral que garantice reglas claras y evite que un solo partido controle el Congreso mediante mayorías artificiales.
“Lamento que no vayamos más allá en una discusión que le urge a este país. Una reforma electoral debe equilibrar la competencia política, no ser un instrumento para perpetuar el poder”, concluyó.
¿Qué establece la reforma?
La reforma de Sheinbaum busca cerrar el paso al nepotismo electoral, estableciendo restricciones claras para impedir que los cargos públicos sean heredados dentro de grupos familiares o políticos.
Puntos clave de la reforma:
Prohibición de candidaturas por vínculo familiar:
- Nadie podrá postularse a un cargo de elección popular si en los últimos tres años ha tenido un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con quien ocupe ese puesto.
Aplicación en todos los niveles de gobierno:
- La medida aplicará en cargos federales, estatales y municipales, incluyendo diputaciones, senadurías, gubernaturas y presidencias municipales.
Mecanismos de fiscalización:
- Se establecerán sanciones y controles para garantizar el cumplimiento de la norma.
Posposición de la entrada en vigor:
- Aunque la reforma originalmente aplicaba desde 2027, el cambio de última hora permitirá que políticos con familiares en el poder puedan competir en las elecciones de 2027.
Impacto y controversia
- La reforma responde a denuncias sobre dinastías políticas en estados como Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí, donde hijos, hermanos y cónyuges han sucedido a gobernadores y alcaldes en el poder.
- La oposición advierte que el cambio beneficia directamente a figuras como Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal y Ruth González Silva, quienes podrían contender en 2027.
- Se ha señalado que la medida es insuficiente, ya que no combate el nepotismo en cargos administrativos y de alto nivel dentro del gobierno.
Aunque la reforma representa un avance en la regulación del nepotismo, su implementación diferida ha genera cuestionamientos sobre su efectividad real a corto plazo. .
La votación en el Senado dejó en evidencia que, más allá del discurso de combate a las dinastías políticas, las negociaciones entre Morena y el Partido Verde han asegurado que ciertos perfiles aún tengan margen para competir en las próximas elecciones.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Nacional
La certeza marcaria impulsada por Santiago Nieto toma relevancia en la discusión constitucional sobre renovaciones
- La Corte revisará un mecanismo esencial para evitar abusos y proteger derechos adquiridos.
La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.
El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.
La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.
Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.
La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.
Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.
