Nacional
Reclamaban a la administración del Estado por qué hay apatía en el tema de los desaparecidos
Al grito de “¿Dónde están, nuestros hijos dónde están?” y armadas con sartenes y cacerolas para hacer el mayor ruido posible, madres de personas no localizadas madrugaron y desde las 07:30 horas llegaron al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que se firme el convenio a través del cual las compañías de telefonía divulguen las fichas de búsqueda.
Integrantes de varios colectivos, pero en especial de Amores, llegaron hasta las escalinatas que llevan a la puerta principal del recinto para, a través de expresiones verbales y con el ruido de los artículos de cocina, presionar al gobierno estatal.
Las mujeres, muchas de ellas, adultos mayores, reclamaban a la administración del Estado por qué hay apatía en el tema de los desaparecidos.
A través del decreto número 314 emitido por el gobernador Samuel García y que fue publicado en el Periódico Oficial de Nuevo León, se indicaba que por adecuaciones realizadas en el Congreso local, se adicionaba un tercer párrafo al artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León.
Las compañías telefónicas podrían distribuir las fichas de búsqueda de los desaparecidos a través de mensajes que llegarían a sus usuarios.
“Nos hemos reunido para exigir que ya no haya más desapariciones, pues a la fecha oficialmente hay 6 mil desaparecidos. Gobernador, usted firmó el decreto que faculta a la autoridad para que las compañías telefónicas divulguen fichas de búsqueda mediante mensajes a sus clientes y se tienen que celebrar convenios”, se leyó durante la manifestación.
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A pesar de ser una buena herramienta, destacó el colectivo Amores, y del tiempo transcurrido, no se ha firmado nada.
Las personas que asistieron también solicitan recursos necesarios a la Fiscalía y a la Comisión Estatal de Búsqueda para que cada carpeta de investigación se atienda .
La reunión se dio en el marco de la Semana de Desaparecidos.
Luis Orozco, vicefiscal de Nuevo León, se reunió brevemente familiares de personas desaparecidas, después de la manifestación a las afueras del Palacio de Gobierno.
“Somos sensibles al reclamo de las víctimas que tienen derecho a tener verdad y reparación y evitar la repetición de los hechos”, destacó Orozco.
Entre las solicitudes que recibió el vicefiscal destacan mayor apertura en los casos y que se den reuniones más seguidas para conocer si hay avances significativos en las búsquedas.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
La Secretaría de Economía informó que canceló las importaciones de acero provenientes de la mitad de los molinos registrados en el extranjero, como una medida para impedir la triangulación ilegal de mercancías y la evasión de aranceles.
Para poder importar productos siderúrgicos a México desde cualquier país del mundo, se necesita que cada molino de origen se incluya en un registro ante la Secretaría de Economía.
“En ese registro, las empresas deben informar los datos de los molinos de acero, del cual proviene el material que están importando. Nos ordenó la presidenta que revisáramos uno por uno, son más de 2,000”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en la conferencia de prensa diaria que da la presidenta Claudia Sheinbaum.
Parte del contexto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la imposición de un arancel de 25% a todas las importaciones de acero, aluminio y ciertos derivados de ambos metales a Estados Unidos desde el 12 de marzo de 2025.
Con ello, Trump eliminó las exenciones que otorgó a varios países en su primer mandato presidencial, entre ellos México y Canadá, con quien opera un tratado de libre comercio (T-MEC).
Ebrard comentó también: “En este momento tenemos personal, más o menos, en seis países del mundo, el más lejano es Malasia en este momento, haciendo inspecciones. Entonces, de todo ese trabajo se ha llegado a la conclusión, todavía no terminamos, de que 1,062 molinos que están en registro presentado por quien importa el acero tienen inconsistencias, o tienen irregularidades o de plano no existen, y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, de esos registros”.
En consecuencia, según Ebrard, con estas medidas se evitará que las empresas importadoras usen registros apócrifos para importar acero. “Vamos a reducir la evasión arancelaria, porque no pagan impuestos tampoco, es decir, pagan impuestos menores o tienen beneficios”, dijo.
