En Alpura, la amenaza de huelga promovida por Isaías González Cuevas no suena a lucha sindical, sino a una ruleta rusa con la economía de miles de familias. El líder de la CROC parece decidido a empujar a los empleados a un paro sin haber previsto un plan de respaldo. Sin un fondo de resistencia, los hogares enfrentarían días —o semanas— sin un solo peso entrando.

En lugar de plantear soluciones, González Cuevas se ha limitado a discursos y llamados a “defender los derechos”, sin explicar cómo piensa que un padre o una madre podrá poner comida en la mesa en medio de un paro. Con el regreso a clases encima, muchos trabajadores sienten que se les está empujando a un callejón sin salida.

Mientras tanto, su realidad es otra. Con propiedades, un hotel en Los Cabos y una vida sin preocupaciones económicas, Isaías no tendrá que elegir entre pagar la renta o comprar útiles escolares. El impacto de la huelga lo pagarán otros.

Cada día que pasa sin una respuesta clara aumenta la indignación. Para muchos, este no es un movimiento por justicia laboral, sino un riesgo calculado en el que el líder sindical nunca perderá… pero sus agremiados sí.

Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.

Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.

En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.

“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.

Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.

Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.

Fuente: México 24/7

La política en México atraviesa un punto de inflexión sin precedentes. La reciente Reforma del Poder Judicial ha puesto a jueces, magistrados y ministros en una posición que jamás imaginaron, la arena electoral.

De ser figuras casi intocables, resguardadas por la solemnidad de las cortes y los juzgados, ahora deben aprender a construir narrativas, conectar con la ciudadanía y, sobre todo, pedir el voto.

Este cambio representa un reto monumental en términos de comunicación política, pues tradicionalmente, la labor de los juzgadores se desarrollaba en tribunales y salas de audiencia, donde el lenguaje técnico y la discreción eran sus principales herramientas. Su legitimidad provenía del conocimiento jurídico, la jurisprudencia y la interpretación de la Ley, no de la simpatía o el carisma frente a las masas. Hoy, ese modelo del pasado ya no es suficiente.

De jueces a candidatos: la transformación del discurso

El primer desafío de quienes participan en la elección del Poder Judicial es la adaptación del mensaje. Los jueces están acostumbrados a argumentar con base en códigos y precedentes, pero el ciudadano de a pie no habla ese idioma.

La complejidad de su trabajo debe traducirse en discursos claros, emotivos y persuasivos, no basta con demostrar experiencia o capacidad técnica; deben generar confianza y cercanía con el electorado que, en muchos casos, no entiende a fondo el impacto de sus decisiones en la vida cotidiana.

Además, la imparcialidad, valor central del Poder Judicial, entra en tensión con la dinámica electoral, pues un juez candidato ya no solo interpreta la Ley, ahora toma posturas, debate y se somete al escrutinio público.

En ese contexto, las candidatas y candidatos a un cargo como juzgadores enfrentan el reto de encontrar el equilibrio entre la necesidad de ganar votos y no comprometer la esencia de su función. ¿Cómo evitar que la justicia se contamine con la lógica proselitista?

¿Qué podría prometer alguien que aspira a un cargo como éstos? ¿Qué sus decisiones serán más “justas”? ¿Qué siempre verá por los más desfavorecidos? ¿Qué sus resoluciones ahora serán más “sociales”? ¿Qué el pueblo que votó por él recibirá un trato mucho más justo y expedito?. Lo que estamos viendo en medio de las campañas es la recurrencia a lugares comunes en los que realmente solo tratan de llenar el espacio con conceptos vacíos pero efectivos en medio de una realidad política polarizada: que se humanizará el sistema judicial, que se acabará con la corrupción o que serán transparentes en sus decisiones.

La exposición mediática y el riesgo de la crisis

Otro reto crucial es la gestión de su reputación y las crisis que enfrentarán, ya que los jueces estaban acostumbrados a operar en la sombra, con un margen de privacidad mucho mayor al de cualquier funcionario tradicional y ahora, su trayectoria, decisiones pasadas e incluso su vida personal, los tiene bajo la lupa. La prensa, los adversarios y las redes sociales no perdonan, ni perdonarán las contradicciones o errores del pasado.

Las campañas políticas tradicionales en México suelen ser despiadadas. La guerra sucia, los ataques personalizados y la desinformación están a la orden del día, pero evidentemente, los jueces en su mayoría no están preparados para responder a estas crisis públicas en medio de una campaña y tampoco cuentan con equipos profesionales que les ayuden a gestionar el embate de los escándalos, porque lo que antes era una simple resolución judicial, ahora podría convertirse en un arma política.

Fuente: Juan Carlos Zepeda Revista Fortuna