Nacional
INE recibe oficialmente las candidaturas judiciales propuestas por el Senado
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) los listados de candidaturas que aparecerán en las boletas de la elección judicial del próximo 1 de junio.
Ahora, el INE procederá a hacer la revisión de las listas para garantizar la paridad de género en la elección, informó el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Judicial.
“Lo que continúa en este proceso es revisar y preservar la paridad en los cargos en disputa, realizar las asignaciones que correspondan y que la ciudadanía que contenderá capture su información en el sistema Conóceles, tal y como disponen nuestros acuerdo y lineamientos Desde aquí les deseo una contienda exitosa que contribuya al estado democrático”, sostuvo Montaño.
El senador Fernández Noroña detalló que las listas entregadas al INE se distribuyen de la siguiente manera: a la lista del Legislativo corresponden mil 416 candidaturas, a la del Ejecutivo mil 430 y Judicial 965, más los juzgadores que tenían pase directo a la elección que representan el 74 por ciento de los juzgadores en funciones.
La presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, dijo que las campañas electorales comenzarán en el mes de marzo, por lo que llamó a los candidatos a conducirse en apego a la ley.
“Hoy recibimos las solicitudes de registro de candidaturas a los diversos cargos del Poder Judicial, conforme a los plazos establecidos en la norma darán inicio las campañas en el mes de marzo y estas abrirán los espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía para la construcción de un nuevo ciclo de gobernabilidad en México”, indicó.
En tanto, el senador Fernández Noroña garantizó que el Senado ya no intervendrá en la elección judicial, pues ahora es tarea del INE conducir la inédita elección, por lo que se limitará a promover la participación ciudadana.
“Nosotros ya no tenemos más tarea, ejerceremos nuestro derecho de difundir la fecha de la elección y convocar a la gente a participar y nada más, no intervendremos en un proceso que queda en manos del órgano electoral, en el cual confiamos plenamente en la voluntad del pueblo de México”, dijo.
En el evento participaron los integrantes de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Judicial, los consejeros Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, así como los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey y la secretaria del Senado, Noemí Camino Farjat.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
