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Familiares de personas desaparecidas en Nuevo León se manifestaron al exterior del Palacio de Gobierno.
Armados con cacerolas y pancartas, familiares de personas desaparecidas en Nuevo León se manifestaron al exterior del Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que se apliquen los protocolos de acción prometidos desde enero para agilizar la búsqueda de sus seres queridos.
En conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el grupo Amores (Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas) arribó al recinto para manifestarse de manera pacífica, remarcando que la atención a sus casos ha sido prácticamente nula.
Los manifestantes recordaron que hace más cinco meses se aprobaron reformas que obligarían a las empresas prestadoras de servicios telefónicos a colaborar con el proceso de búsqueda de desaparecidos en la entidad, mismas que no se han puesto en marcha.
Dichas medidas forman parte del Decreto 314, firmado por el gobernador Samuel García desde diciembre de 2022, y que agrega un apartado al Artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, mismo que faculta a la autoridad para solicitar a las empresas de telefonía celular la distribución de fichas o boletines de búsqueda mediante mensajes de texto a sus clientes.
“Las autoridades competentes del Estado podrán solicitar a los concesionarios de telefonía móvil la difusión de los boletines o alertas que emitan para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas o no localizadas, con base en los convenios de colaboración que para tal efecto se celebren”, puede leerse en el documento.
La reforma, pese a ser publicada desde el pasado 26 de enero en el Periódico Oficial del Estado, aún no entra en vigor.
Tras la protesta, Luis Enrique Orozco, Vicefiscal de Justicia de Nuevo León, atendió el reclamo de las presentes y les proporcionó un contacto directo para darle seguimiento personal a cada uno de sus casos.
La huelga que estalló en el Nacional Monte de Piedad, encabezada por el dirigente sindical Arturo Zayún, enfrenta un escenario crítico por el bajo apoyo real de los trabajadores. Aunque la dirigencia presentó el movimiento como una defensa de los derechos laborales, lo cierto es que en las sucursales donde los trabajadores mantienen guardia y entre la base sindicalizada predomina la apatía, el desencanto y la desconfianza hacia el liderazgo que promueve el paro.
Diversos trabajadores consultados reconocen que el ambiente está muy lejos de la unidad. Muchos recuerdan que apenas en 2024 la mayoría de la plantilla votó a favor del Convenio Modificatorio que permitió superar la huelga anterior, avalado además por la autoridad laboral.
Dicho acuerdo fue ratificado en votación libre y secreta, pero ahora la dirigencia de Zayún insiste en desconocerlo, lo que ha generado molestia entre quienes consideran que la actual huelga carece de sentido y atenta contra la estabilidad de sus empleos.
La escasa presencia de trabajadores en las movilizaciones es muestra del desgaste del movimiento. En contraste con huelgas pasadas, hoy no hay grandes concentraciones ni respaldo visible en las calles; la mayoría prefiere mantenerse al margen, preocupados más por el pago de sus salarios, la proximidad del aguinaldo y los bonos de fin de año, que por los intereses personales de la dirigencia sindical.
Los propios trabajadores adheridos al sindicato advierten que la estrategia de Zayún parece más orientada a recuperar privilegios perdidos que a velar por los derechos colectivos. El descontento interno es evidente, pues mientras algunos trabajadores se resignan a la suspensión temporal de actividades, otros buscan alternativas de representación que realmente respondan a sus necesidades como el Sindicato Independiente e incluso la desafiliación.
La huelga, más que una demostración de fuerza, se perfila como el reflejo de un liderazgo debilitado y de una base trabajadora que ha dejado de seguir ciegamente a su dirigente.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
