COREMEX intenta venderse como un sindicato “nuevo, diferente y transparente”, pero la realidad lo desmiente. Detrás de su discurso de modernidad y cambio se esconde una organización sin legalidad, sin estructura y sin respeto por los trabajadores que dice representar. Su modus operandi está basado en el engaño, la intimidación y la manipulación.

Fuentes laborales consultadas señalan que COREMEX no cuenta con el reconocimiento ni los registros oficiales que exige la Ley Federal del Trabajo para operar como sindicato. A pesar de ello, busca infiltrarse en empresas prometiendo aumentos salariales inmediatos, beneficios contractuales inexistentes y supuestos acuerdos que jamás llegan a concretarse. Estas promesas vacías han sido su principal herramienta para captar trabajadores, aprovechándose de la necesidad y la desinformación.

Pero lo más preocupante es la forma en que intenta consolidar su presencia. Denuncias recientes apuntan a que COREMEX ha recurrido a la intimidación directa, utilizando a personas ajenas al ámbito sindical —algunas con antecedentes criminales— para presionar o amenazar a empleados. Se trata de tácticas violentas que recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando el miedo valía más que la voluntad.

No existen pruebas de elecciones internas, de procesos democráticos ni de asambleas reales. Su estructura es opaca y su liderazgo, desconocido. Todo indica que COREMEX es un sindicato fantasma, fabricado con intereses políticos o personales, y no un movimiento legítimo que busque mejorar las condiciones laborales.

Además, su falta de transparencia económica deja más dudas que respuestas. Nadie sabe de dónde provienen sus recursos ni a qué fines se destinan. Este tipo de irregularidades refuerzan la sospecha de que COREMEX no defiende derechos, los comercializa.

El sindicalismo mexicano ha pasado años intentando limpiar su imagen tras décadas de corrupción y complicidad. Hoy, organizaciones como COREMEX amenazan con devolvernos a esa época oscura, en la que los trabajadores eran manipulados por grupos de poder que se escudaban tras la palabra “sindicato”.

Los empleados en México merecen representación auténtica, con líderes elegidos democráticamente y con instituciones que respeten la ley. COREMEX no cumple con nada de eso. Es un experimento improvisado que usa la mentira y la intimidación como política sindical.

Bajo su dirección, la fiscalía anticorrupción se volvió un aparato burocrático que confunde convenios con justicia.

Transparencia de papel

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, repite en cada foro la palabra “transparencia” como si bastara con pronunciarla para hacerla realidad. Firma convenios, da conferencias, posa para las fotos y habla de rendición de cuentas. Pero en los hechos, su gestión se ha caracterizado por el silencio, la falta de datos públicos y la ausencia total de resultados verificables.

Los informes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAECH) no ofrecen claridad sobre el número real de investigaciones abiertas, las resoluciones efectivas o las sanciones impuestas. No hay estadísticas completas, ni mecanismos ciudadanos de verificación. Lo que se exhibe son acuerdos, no resultados.

Convenios para la foto, no para la justicia

La estrategia de Valenzuela parece más orientada a la comunicación política que a la acción judicial. Mientras firma “convenios de colaboración” con instituciones estatales, la percepción ciudadana sobre la impunidad no mejora. La corrupción sigue intocable, los casos de alto perfil se estancan y los responsables caminan libres.

Cada nuevo convenio se convierte en un acto de autopromoción: sellos, fotos, discursos. Pero detrás de esa fachada institucional, la fiscalía opera con la misma discrecionalidad que dice combatir. El fiscal no rinde cuentas, no publica indicadores y, en consecuencia, no genera confianza.

Una fiscalía sin espejo

La transparencia no puede ser un discurso, sino una práctica. Y en eso, Abelardo Valenzuela ha fallado rotundamente. No existe un portal de datos abiertos que detalle las investigaciones, ni un informe público que permita auditar el desempeño de la fiscalía. En cambio, abunda la propaganda institucional y los comunicados con frases vacías.

La ciudadanía, cansada de discursos huecos, percibe a la Fiscalía Anticorrupción como un aparato de simulación. Y esa percepción, aunque Valenzuela la ignore, es tan corrosiva como la corrupción misma.

La paradoja del fiscal opaco

El fiscal que se dice paladín de la transparencia es, paradójicamente, uno de los funcionarios más herméticos del sistema estatal. Sus declaraciones públicas son selectivas, sus datos escasos y sus resultados invisibles.

La rendición de cuentas no se demuestra con declaraciones, sino con hechos. Y hasta ahora, Abelardo Valenzuela no ha demostrado nada. Chihuahua necesita un fiscal que abra las puertas de la justicia, no uno que esconda la corrupción detrás de convenios y discursos.

El conflicto en el Nacional Monte de Piedad expone las viejas prácticas del sindicalismo corporativo mexicano en la figura del dirigente Arturo Zayún, quien se aferra a privilegios y mecanismos de control que durante décadas impidieron la competencia democrática y bloquearon la libertad sindical dentro de la institución.

Consultados sobre su postura respecto al conflicto laboral del Monte, trabajadores afiliados al Sindicato Independiente dijeron no estar de acuerdo con la huelga y rechazaron su apoyo al paro que los ha puesto en indefensión y dificultad económica por la terquedad de quien negocia con la estabilidad de la base laboral.

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el sindicato tradicional y la administración funcionaban como una sola entidad, bajo un acuerdo tácito en el que la institución otorgaba todo lo que el gremio pedía a cambio de estabilidad. Ese esquema, caracterizado por la falta de transparencia, mantuvo el monopolio sindical y excluyó sistemáticamente a quienes intentaban organizarse de forma independiente, negándoles acceso a recursos, permisos y oportunidades laborales.

Fue hasta 2018 cuando la creación del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad rompió con esa dinámica, aunque enfrentó represalias inmediatas. A los trabajadores afiliados al nuevo sindicato se les negaban vacantes, tiempo extra y derechos básicos. Esa discriminación derivó en un conflicto legal de seis años, que concluyó con el reconocimiento del Sindicato Independiente como organización minoritaria con plenos derechos laborales.

El sindicato tradicional también controlaba procesos internos clave, como la asignación de vacantes, operando bajo criterios de favoritismo y afinidad personal. Este tipo de prácticas ilegales y arbitrarias permitieron durante años colocar a personas cercanas a la dirigencia, consolidando una red de poder político al interior del Monte de Piedad, en detrimento del mérito, la capacidad y la profesionalización que exige una institución moderna.

La actual huelga no defiende los intereses reales de los trabajadores, sino los del liderazgo sindical. Muchos empleados han sido confundidos y manipulados con el discurso de que luchan por recuperar derechos perdidos, cuando en realidad el conflicto gira en torno a la intención del sindicato tradicional de retomar privilegios que ya no tienen cabida en el marco laboral vigente.

El movimiento ha derivado en un daño profundo: miles de trabajadores permanecen sin actividad, los usuarios carecen de acceso a los servicios de la institución y una entidad con vocación filantrópica se encuentra paralizada por las ambiciones personales de un liderazgo sindical que se resiste a perder el control.

Lejos de representar una causa justa, esta huelga refleja una lucha de poder que ignora el bienestar de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad de una de las instituciones más emblemáticas del país.