El Gobierno mexicano ha recibido 6 mil 244 migrantes deportados en las primeras dos semanas de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, incluyendo al menos mil 371 de otras nacionalidades, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumentó que “son pocos”.

“Del 20 al 26 de enero se han repatriado un total de 5 mil 282 personas, de ellas 4 mil 83 son mexicanos. El 27 de enero fueron 527, de las cuales 355 son mexicanos, y el 28 (de enero) 435 personas”, informó la mandataria en su conferencia matutina.

Estos son más de dos mil deportados más que los 4 mil 094 que Sheinbaum había reportado el lunes como saldo de la primera semana de redadas migratorias del Gobierno de Trump.

La presidenta aseveró que “son pocos, de hecho el número no es muy grande, comparado con fechas previas, de mexicanos y de extranjeros que llegan al país”.

“En el caso de migrantes que no tienen la nacionalidad mexicana, el Instituto Nacional de Migración (INM) abre distintas posibilidades, la mayoría de ellos quieren ser repatriados a sus países, entonces en ese caso les facilitamos el transporte para que puedan llegar, principalmente a Centroamérica”, agregó.

Sheinbaum ha recibido críticas de la oposición por aceptar deportados de otras nacionalidades, a quienes México ofrece “asistencia humanitaria”.

“Llegaban también antes, eso es importante, no es que por primera vez estén llegando personas de otra nacionalidad, sino que esto es algo que ya ocurría en nuestro país”, defendió Sheinbaum este jueves.

La jefa del Ejecutivo también señaló que solo han detectado dos casos de presuntas violaciones de derechos humanos de migrantes deportados desde Estados Unidos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un mexicano, sin dar más detalles.

Las autoridades migratorias estadounidense han detenido en la primera semana del mandato de Trump al menos a 2 mil 382 inmigrantes indocumentados y han cursado mil 797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de deportación, según cifras oficiales.

En México inquietan las deportaciones masivas prometidas por Trump, porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) del país, que en 2024 habría recibido un récord estimado de 65 mil millones de dólares.

“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que afecta a las mujeres; el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituir una violación a sus derechos fundamentales”, señaló Magda Zulema Mosri Gutiérrez, al hablar del libro ‘La perspectiva de género en la justicia administrativa federal’.

Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.

Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.

El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”;  se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.

Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”,  que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.

El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.

El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.

La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.

También tienen competencia en materia migratoria

Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.

-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?

En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.

“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.

Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.

Mosri Gutiérrez  está presentando su libro por los estados del país.

Fuente: La jornada

Los antecedentes de construcción de infraestructura terrestre de los gobiernos de Morena se han caracterizado por desplomes, tragedias y alto costo ambiental. 

En medio del panorama político y de desarrollo urbano en la Ciudad de México, la propuesta de Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Morena-PT-PVEM, de impulsar el corredor ferroviario Pantaco-AIFA en Azcapotzalco, ha generado tanto expectativas como interrogantes.

La idea de construir en Azcapotzalco el Puerto Interno de Carga y Logística Pical-Pantaco, suena prometedora en términos de reactivación económica y desarrollo industrial. Sin embargo, esta propuesta rememora la capacidad de los gobiernos de Morena para la ejecución de proyectos en materia de transporte, cabe destacar el lamentable desplome de la línea 12 del metro, el más reciente colapso en el tramo de Tacubaya del tren interurbano y el descarrilamiento del Tren Maya. 

En un momento en que la urgencia por construir infraestructura sustentable es innegable, la apuesta por un tren ferroviario preocupa por su innegable impacto ambiental y su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. En un mundo que avanza hacia la adopción de energías renovables y prácticas amigables con el medio ambiente, la elección de proyectos que puedan tener un impacto negativo en la ecología local y global merece un escrutinio cuidadoso.

La propuesta de la candidata Clara Brugada prioriza la economía por sobre la preocupación más importante para el mundo, el medio ambiente; en una era en la que la escasez de agua, las altas temperaturas y la variación en el clima son tema de agenda, que deberían ser la piedra angular del desarrollo de políticas públicas y planes de desarrollo. 

Fuente: Industrias México