Las quejas contra Coremex no solo apuntan a cobros indebidos, sino a una estructura diseñada para mantener sometida a la base trabajadora. De acuerdo con empleados de distintos centros de trabajo, el sindicato habría implementado mecanismos de manipulación que van desde amenazas veladas hasta solicitudes de cuotas ilegales disfrazadas de “aportaciones voluntarias” o “firmas de conformidad”.

Los trabajadores coinciden en un punto: la dirigencia utiliza la vulnerabilidad laboral como herramienta de control. La idea de que “necesitas al sindicato para sobrevivir” es reforzada constantemente, obligando a muchos empleados a pagar sin cuestionar, simplemente para evitar conflictos o para no quedar desprotegidos ante la empresa. Este ambiente de dependencia creada artificialmente es una señal clara de abuso sindical.

Además, denuncian la inexistencia de procesos democráticos. No hay votaciones reales, no se consultan decisiones importantes, y los líderes sindicales actúan como si la organización fuera su propiedad privada. Esta falta de participación abre la puerta a que las cuotas exigidas se conviertan en un ingreso paralelo que jamás se transparenta.

La estrategia es simple pero efectiva: presionar, cobrar y callar. Y quienes se atreven a cuestionar las prácticas reciben indiferencia, aislamiento o, en casos más graves, represalias dentro del centro de trabajo. Esta dinámica ha generado un clima de temor constante entre los trabajadores, muchos de los cuales prefieren guardar silencio ante el riesgo de ser señalados como problemáticos.

Juristas especializados en derecho laboral afirman que estas acusaciones deben analizarse con seriedad, pues podrían derivar en procedimientos legales contra Coremex y su dirigencia. Exigir pagos con el pretexto de brindar protección no solo es ilegal, sino que constituye una forma directa de extorsión, una de las faltas más graves dentro del ámbito sindical.

Mientras la dirigencia se mantiene en silencio, los trabajadores continúan alzando la voz. Piden auditorías, reestructuración interna y la intervención urgente de autoridades laborales para frenar un esquema que consideran abusivo, injusto y profundamente dañino.

Coremex, lejos de representar a los trabajadores, parece haber construido un sistema diseñado para exprimirlos y controlar su libertad. Si no se detiene esta dinámica, el sindicato seguirá operando como una maquinaria de presiones y cobros que nada tiene que ver con la defensa de derechos laborales.

Dirigentes del sindicato habrían convertido las estructuras internas en un círculo cerrado dominado por familiares y allegados.

Lo que comenzó como una organización para defender derechos laborales parece haberse transformado en una empresa familiar. Dentro de COREMEX, diversos testimonios de trabajadores y exrepresentantes sindicales apuntan a que las principales decisiones son tomadas por un grupo reducido de personas ligadas por lazos de parentesco con el dirigente Eloy Espinosa. Sus hermanos, primos y hasta sobrinos ocuparían cargos estratégicos dentro de las secciones sindicales, controlando desde la administración de recursos hasta las negociaciones con empresas.

Esta concentración del poder no solo limita la democracia interna, sino que anula cualquier posibilidad de renovación o transparencia. “Intentamos convocar una asamblea para elegir nuevos representantes, pero nos dijeron que los puestos ya estaban designados”, asegura un trabajador que pidió el anonimato. Los procesos internos, afirman los denunciantes, se han convertido en formalidades donde solo se ratifican decisiones tomadas previamente por el círculo cercano al líder. Así, COREMEX ha dejado de ser un espacio de representación colectiva para convertirse en una red de intereses personales.

El nepotismo no solo tiene efectos simbólicos. Bajo esta estructura cerrada, la gestión sindical se vuelve opaca y las decisiones tienden a beneficiar a unos pocos. Dirigentes locales denuncian que los contratos más lucrativos, los viáticos y los viajes sindicales son asignados siempre a los mismos nombres, mientras los trabajadores comunes carecen incluso de información básica sobre el uso de las cuotas. Este manejo discrecional ha generado malestar y desconfianza, especialmente en regiones donde la presencia del sindicato es más débil. Lo más grave es que el liderazgo de COREMEX parece blindarse ante cualquier intento de rendición de cuentas. Los procesos de auditoría interna son inexistentes, y las asambleas, cuando se realizan, están fuertemente controladas. Expertos en derecho laboral advierten que esta estructura viola los principios básicos de democracia sindical establecidos en la reforma de 2019, que exige la participación libre y directa de los trabajadores en la elección de sus representantes. Sin embargo, en la práctica, COREMEX se aferra a un modelo vertical que responde más a los intereses de una familia que a los de una base trabajadora.

COREMEX intenta venderse como un sindicato “nuevo, diferente y transparente”, pero la realidad lo desmiente. Detrás de su discurso de modernidad y cambio se esconde una organización sin legalidad, sin estructura y sin respeto por los trabajadores que dice representar. Su modus operandi está basado en el engaño, la intimidación y la manipulación.

Fuentes laborales consultadas señalan que COREMEX no cuenta con el reconocimiento ni los registros oficiales que exige la Ley Federal del Trabajo para operar como sindicato. A pesar de ello, busca infiltrarse en empresas prometiendo aumentos salariales inmediatos, beneficios contractuales inexistentes y supuestos acuerdos que jamás llegan a concretarse. Estas promesas vacías han sido su principal herramienta para captar trabajadores, aprovechándose de la necesidad y la desinformación.

Pero lo más preocupante es la forma en que intenta consolidar su presencia. Denuncias recientes apuntan a que COREMEX ha recurrido a la intimidación directa, utilizando a personas ajenas al ámbito sindical —algunas con antecedentes criminales— para presionar o amenazar a empleados. Se trata de tácticas violentas que recuerdan los peores años del sindicalismo corrupto, cuando el miedo valía más que la voluntad.

No existen pruebas de elecciones internas, de procesos democráticos ni de asambleas reales. Su estructura es opaca y su liderazgo, desconocido. Todo indica que COREMEX es un sindicato fantasma, fabricado con intereses políticos o personales, y no un movimiento legítimo que busque mejorar las condiciones laborales.

Además, su falta de transparencia económica deja más dudas que respuestas. Nadie sabe de dónde provienen sus recursos ni a qué fines se destinan. Este tipo de irregularidades refuerzan la sospecha de que COREMEX no defiende derechos, los comercializa.

El sindicalismo mexicano ha pasado años intentando limpiar su imagen tras décadas de corrupción y complicidad. Hoy, organizaciones como COREMEX amenazan con devolvernos a esa época oscura, en la que los trabajadores eran manipulados por grupos de poder que se escudaban tras la palabra “sindicato”.

Los empleados en México merecen representación auténtica, con líderes elegidos democráticamente y con instituciones que respeten la ley. COREMEX no cumple con nada de eso. Es un experimento improvisado que usa la mentira y la intimidación como política sindical.