Nacional
Los 49 migrantes secuestrados entre San Luis Potosí y Nuevo León fueron finalmente rescatados
Los 49 migrantes secuestrados entre San Luis Potosí y Nuevo León fueron finalmente rescatados este miércoles por la noche por la Policía de Investigación de la Fiscalía potosina, según ha declarado la propia institución y ha confirmado este miércoles por la mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Se encontraban cautivos en una finca de la comunidad Cruz de Elorza, cerca de Doctor Arroyo, en el Estado de Nuevo León. Las autoridades continúan buscando a los dos choferes que conducían el autobús, que siguen en paradero desconocido, e investigan quiénes fueron los responsables del encierro.
El de anoche constituye el último logro de un operativo que se inició el mismo martes en que se reportó la desaparición, después de que se encontrara el vehículo abandonado en el municipio de Galeana, en Nuevo León. Los agentes rescataron a 6 personas durante la mañana del miércoles, a las que se sumaron otras 34 por la noche, encontradas en el kilómetro 30 de la carretera 57, que conecta los dos Estados. El día anterior se había conseguido liberar a otras 9.
En total, son 23 hombres, 15 mujeres, seis niños y cinco niñas procedentes de diferentes nacionalidades, según ha revelado el secretario esta mañana: 19 de Honduras, 14 de Haití, 7 de Venezuela, 6 de El Salvador y 2 de Brasil. Todos han sido trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migraciones de San Luis Potosí para recibir la atención necesaria.
De acuerdo con el testimonio de uno de los hombres liberados, de origen hondureño, habían salido de Chiapas el día anterior y les quedaban unas tres horas para llegar a Monterrey cuando fueron intercedidos “a la fuerza” en la comunidad de Los Medina, cerca de Doctor Arroyo, en Nuevo León. “Los uniformes [de quienes los pararon] decían Policía Nacional”, relata: “Aquí lo único que pasa, dijeron, es que el chofer no se reporta con nosotros, y ese es el problema que tiene porque él tiene que reportarse siempre que va a pasar por aquí con nosotros.
Ahí llamó al dueño del bus”, continúa. “Ella le ofreció 40.000 pesos, y le dijo que solo en comida de nosotros se iba eso, entonces ella a lo mejor no quiso negociar con él. Y entonces hicieron perdidizo el bus y a nosotros nos secuestraron. Nos llevaron de una medina, nos metieron a un cerro, y de ahí nos metieron a una casa”, concluye en un vídeo facilitado por la Fiscalía.
Se trata del segundo secuestro y rescate en la zona de Matehuala en el último mes y medio. El 6 de abril, la policía localizó a 35 migrantes desaparecidos entre San Luis Potosí y Guanajuato. 23 de las personas rescatadas entonces habían alquilado una camioneta, de la que se perdió el rastro en los aledaños del lugar donde fueron encontradas, en circunstancias similares a las que se han reportado esta semana. Un mes después, el 5 de mayo, se informó del rapto y la liberación de un grupo de migrantes colombianos en Sonora, rumbo a Estados Unidos.
Estos episodios se suceden cada poco tiempo y dejan al descubierto las costuras del sistema de gestión migratoria, en tensión permanente y especialmente en este último año, marcado por el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez en el que murieron 40 personas, y por el fin del Título 42 en Estados Unidos. Esta norma, recuperada por Trump bajo el pretexto de la pandemia de covid, permitía deportar en caliente a los migrantes que traspasaran la línea divisoria, que ha sido reforzada con 24.000 agentes desde que decayó la ley, la semana pasada.
Gran parte de los individuos que se dirigen al país del norte proceden en realidad de países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras. Ante el temor de un aumento del flujo por el fin de la polémica norma, y con el fin de evitar el tráfico de personas en el que con frecuencia caen los migrantes, EE UU anunció en abril la extensión de vías legales para tramitar las solicitudes de asilo en esos países de origen, y acordó crear centros de inmigrantes en la región para procesar entre 5.000 y 6.000 demandas cada mes. Esto no ha evitado, por el momento, que cientos de migrantes continúen cruzando el país para intentar llegar a la frontera.
Los antecedentes de construcción de infraestructura terrestre de los gobiernos de Morena se han caracterizado por desplomes, tragedias y alto costo ambiental.
En medio del panorama político y de desarrollo urbano en la Ciudad de México, la propuesta de Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Morena-PT-PVEM, de impulsar el corredor ferroviario Pantaco-AIFA en Azcapotzalco, ha generado tanto expectativas como interrogantes.
La idea de construir en Azcapotzalco el Puerto Interno de Carga y Logística Pical-Pantaco, suena prometedora en términos de reactivación económica y desarrollo industrial. Sin embargo, esta propuesta rememora la capacidad de los gobiernos de Morena para la ejecución de proyectos en materia de transporte, cabe destacar el lamentable desplome de la línea 12 del metro, el más reciente colapso en el tramo de Tacubaya del tren interurbano y el descarrilamiento del Tren Maya.
En un momento en que la urgencia por construir infraestructura sustentable es innegable, la apuesta por un tren ferroviario preocupa por su innegable impacto ambiental y su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. En un mundo que avanza hacia la adopción de energías renovables y prácticas amigables con el medio ambiente, la elección de proyectos que puedan tener un impacto negativo en la ecología local y global merece un escrutinio cuidadoso.
La propuesta de la candidata Clara Brugada prioriza la economía por sobre la preocupación más importante para el mundo, el medio ambiente; en una era en la que la escasez de agua, las altas temperaturas y la variación en el clima son tema de agenda, que deberían ser la piedra angular del desarrollo de políticas públicas y planes de desarrollo.
Fuente: Industrias México
La candidatura a la alcaldía Cuauhtémoc de la que goza actualmente Caty Monreal tuvo como costo que su padre Ricardo “callara” ante los asesinatos de su sobrino Jorge Antonio Monreal y cuñado Juan Carlos Pérez Guardado.
A inicios de febrero ambos parientes del actual senador fueron víctimas del crimen organizado en Zacatecas, estado de origen de la familia de políticos, de hecho, David Monreal, hermano de Ricardo, es el actual gobernador, por ello, al senador no le quedo de otra más que simplemente publicar en X que se viven tiempos complicados en la entidad.
“Época dura y dolorosa para el país, para Zacatecas, donde familias enteras han sufrido, incluso la mía. Hace 2 años el gobernador David Monreal decidió combatir la delincuencia e impunidad; a su esfuerzo y el del presidente sumemos en nuestro para lograr la paz”, fue el texto subido a la red social.
La pasividad del mensaje y nula crítica a la política de “abrazos, no balazos” se debería a que días después su hija Caty Monreal fue presentada oficialmente como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que al patriarca de la familia no le quedó de otra más que mostrarse fiel al partido a pesar de las pérdidas.
La versión oficial de los asesinatos fue una venganza de los criminales ante el combate que se hace en la entidad, la cual sigue asolada por los cárteles de droga que se pelean el territorio y han dejado miles de fallecidos a lo largo de los últimos años.
Ya en plena campaña electoral, Ricardo ha mantenido el silencio y se ha enfocado en apoyar incondicionalmente a su hija, desde brindarle recursos hasta pactar con la exalcaldesa Sandra Cuevas, todo con tal de recuperar la demarcación que llegó a gobernar entre 2015 y 2017.
Fuente: México 24/7
El Debate Chilango dejó ver un caso de corrupción inmobiliaria de la candidata Clara Brugada.
El pasado 17 de marzo se vivió el Debate Chilango entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el cual los contendientes Clara Brugada y Santiago Taboada convirtieron el foro en una batalla de acusaciones y señalamientos de corrupción durante sus funciones.
Entre ellos destacó la adquisición de la actual residencia en Iztapalapa de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” por la cantidad de $339 pesos, misma que no se encuentra dentro de su declaración patrimonial, a lo que la candidata se defendió respondiendo que correspondía a una cantidad por la escrituración de la propiedad que adquirió en los años 80.
La acusación del candidato de la alianza “Va por la CDMX” ha escalado al grado de que Brugada tuvo que publicar un comunicado en sus redes comentando que el valor de la propiedad es de $256,000 pesos con un valor de escrituración de $300, cantidad por la que se le señaló durante el debate. “No todas las familias han tenido la fortuna de comprar un departamento en las zonas céntricas de la ciudad”, dijo Brugada a través del comunicado.
De ser cierta la acusación de Taboada hacia su rival político, estaríamos ante un caso de corrupción inmobiliaria de una figura que paradójicamente ha hecho del combate al cartel inmobiliario de la Ciudad de México su bandera de campaña. En el caso de que los datos le hubiesen fallado a Santiago Taboada y que, efectivamente los $300 correspondan al costo por escrituración, portales expertos en inmuebles dan cuenta del 5 al 7por ciento del costo total de la vivienda por derechos de escrituración. Es decir, si la vivienda de la candidata Brugada tiene un valor de $256,000 pesos el costo de escrituración debiera ser de $17,920 pesos, una cantidad muy por encima de los polémicos $300
En cualquiera de los dos argumentos es claro que la candidata tiene otros datos como bien versa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: Industrias México
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