Nacional
Los 49 migrantes secuestrados entre San Luis Potosí y Nuevo León fueron finalmente rescatados
Los 49 migrantes secuestrados entre San Luis Potosí y Nuevo León fueron finalmente rescatados este miércoles por la noche por la Policía de Investigación de la Fiscalía potosina, según ha declarado la propia institución y ha confirmado este miércoles por la mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Se encontraban cautivos en una finca de la comunidad Cruz de Elorza, cerca de Doctor Arroyo, en el Estado de Nuevo León. Las autoridades continúan buscando a los dos choferes que conducían el autobús, que siguen en paradero desconocido, e investigan quiénes fueron los responsables del encierro.
El de anoche constituye el último logro de un operativo que se inició el mismo martes en que se reportó la desaparición, después de que se encontrara el vehículo abandonado en el municipio de Galeana, en Nuevo León. Los agentes rescataron a 6 personas durante la mañana del miércoles, a las que se sumaron otras 34 por la noche, encontradas en el kilómetro 30 de la carretera 57, que conecta los dos Estados. El día anterior se había conseguido liberar a otras 9.
En total, son 23 hombres, 15 mujeres, seis niños y cinco niñas procedentes de diferentes nacionalidades, según ha revelado el secretario esta mañana: 19 de Honduras, 14 de Haití, 7 de Venezuela, 6 de El Salvador y 2 de Brasil. Todos han sido trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migraciones de San Luis Potosí para recibir la atención necesaria.
De acuerdo con el testimonio de uno de los hombres liberados, de origen hondureño, habían salido de Chiapas el día anterior y les quedaban unas tres horas para llegar a Monterrey cuando fueron intercedidos “a la fuerza” en la comunidad de Los Medina, cerca de Doctor Arroyo, en Nuevo León. “Los uniformes [de quienes los pararon] decían Policía Nacional”, relata: “Aquí lo único que pasa, dijeron, es que el chofer no se reporta con nosotros, y ese es el problema que tiene porque él tiene que reportarse siempre que va a pasar por aquí con nosotros.
Ahí llamó al dueño del bus”, continúa. “Ella le ofreció 40.000 pesos, y le dijo que solo en comida de nosotros se iba eso, entonces ella a lo mejor no quiso negociar con él. Y entonces hicieron perdidizo el bus y a nosotros nos secuestraron. Nos llevaron de una medina, nos metieron a un cerro, y de ahí nos metieron a una casa”, concluye en un vídeo facilitado por la Fiscalía.
Se trata del segundo secuestro y rescate en la zona de Matehuala en el último mes y medio. El 6 de abril, la policía localizó a 35 migrantes desaparecidos entre San Luis Potosí y Guanajuato. 23 de las personas rescatadas entonces habían alquilado una camioneta, de la que se perdió el rastro en los aledaños del lugar donde fueron encontradas, en circunstancias similares a las que se han reportado esta semana. Un mes después, el 5 de mayo, se informó del rapto y la liberación de un grupo de migrantes colombianos en Sonora, rumbo a Estados Unidos.
Estos episodios se suceden cada poco tiempo y dejan al descubierto las costuras del sistema de gestión migratoria, en tensión permanente y especialmente en este último año, marcado por el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez en el que murieron 40 personas, y por el fin del Título 42 en Estados Unidos. Esta norma, recuperada por Trump bajo el pretexto de la pandemia de covid, permitía deportar en caliente a los migrantes que traspasaran la línea divisoria, que ha sido reforzada con 24.000 agentes desde que decayó la ley, la semana pasada.
Gran parte de los individuos que se dirigen al país del norte proceden en realidad de países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras. Ante el temor de un aumento del flujo por el fin de la polémica norma, y con el fin de evitar el tráfico de personas en el que con frecuencia caen los migrantes, EE UU anunció en abril la extensión de vías legales para tramitar las solicitudes de asilo en esos países de origen, y acordó crear centros de inmigrantes en la región para procesar entre 5.000 y 6.000 demandas cada mes. Esto no ha evitado, por el momento, que cientos de migrantes continúen cruzando el país para intentar llegar a la frontera.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
La Secretaría de Economía informó que canceló las importaciones de acero provenientes de la mitad de los molinos registrados en el extranjero, como una medida para impedir la triangulación ilegal de mercancías y la evasión de aranceles.
Para poder importar productos siderúrgicos a México desde cualquier país del mundo, se necesita que cada molino de origen se incluya en un registro ante la Secretaría de Economía.
“En ese registro, las empresas deben informar los datos de los molinos de acero, del cual proviene el material que están importando. Nos ordenó la presidenta que revisáramos uno por uno, son más de 2,000”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en la conferencia de prensa diaria que da la presidenta Claudia Sheinbaum.
Parte del contexto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la imposición de un arancel de 25% a todas las importaciones de acero, aluminio y ciertos derivados de ambos metales a Estados Unidos desde el 12 de marzo de 2025.
Con ello, Trump eliminó las exenciones que otorgó a varios países en su primer mandato presidencial, entre ellos México y Canadá, con quien opera un tratado de libre comercio (T-MEC).
Ebrard comentó también: “En este momento tenemos personal, más o menos, en seis países del mundo, el más lejano es Malasia en este momento, haciendo inspecciones. Entonces, de todo ese trabajo se ha llegado a la conclusión, todavía no terminamos, de que 1,062 molinos que están en registro presentado por quien importa el acero tienen inconsistencias, o tienen irregularidades o de plano no existen, y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, de esos registros”.
En consecuencia, según Ebrard, con estas medidas se evitará que las empresas importadoras usen registros apócrifos para importar acero. “Vamos a reducir la evasión arancelaria, porque no pagan impuestos tampoco, es decir, pagan impuestos menores o tienen beneficios”, dijo.
Músicos locales fueron agredidos por un extranjero, generando indignación y denuncias hacia los abusos contra locales.
Un nuevo incidente de discriminación en espacios públicos ha causado indignación en Puerto Escondido, Oaxaca, de acuerdo oc un video difundio en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras los músicos caminaban por la playa interpretando melodías y solicitando cooperación económica de los visitantes y residentes.
En el video, grabado en la playa de Zicatela, se ve una persona de sexo masculino, aparentemente extranjero, los insultó verbalmente y posteriormente les arrojó arena, obligándolos a retirarse, también se observa a uno de los músicos, visiblemente afectado, bajando la cabeza y alejándose del sitio junto a su compañero, en un intento de evitar mayores confrontaciones.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo 27 de abril, lo que provocó una oleada de reacciones de indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes condenaron la actitud del agresor y expresaron solidaridad con los artistas locales.
De acuerdo con los colectivos locales, este tipo de incidentes se ha vuelto más frecuente en los últimos años, a medida que aumenta la presencia de turistas y residentes extranjeros en la región. Acusaron que las autoridades municipales y estatales han adoptado una postura permisiva frente a estos actos, priorizando la atracción de inversiones extranjeras y el turismo por encima de la protección de los derechos de los habitantes locales.
Autoridades no se han posicionado al respecto
La playa Zicatela, además de ser un lugar ícono para el turismo por surf en México y el mundo, es también un espacio donde músicos, artesanos y artistas locales han encontrado históricamente una vía de sustento, ofreciendo sus talentos a quienes visitan este popular destino turístico.
Hasta el momento, el gobierno municipal de San Pedro Mixtepec, al cual pertenece Puerto Escondido, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. La agresión contra los músicos ha encendido un debate sobre el respeto a los espacios públicos y la necesidad de que las autoridades garanticen la convivencia respetuosa entre locales y visitantes.
