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Los 49 migrantes secuestrados entre San Luis Potosí y Nuevo León fueron finalmente rescatados
Los 49 migrantes secuestrados entre San Luis Potosí y Nuevo León fueron finalmente rescatados este miércoles por la noche por la Policía de Investigación de la Fiscalía potosina, según ha declarado la propia institución y ha confirmado este miércoles por la mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Se encontraban cautivos en una finca de la comunidad Cruz de Elorza, cerca de Doctor Arroyo, en el Estado de Nuevo León. Las autoridades continúan buscando a los dos choferes que conducían el autobús, que siguen en paradero desconocido, e investigan quiénes fueron los responsables del encierro.
El de anoche constituye el último logro de un operativo que se inició el mismo martes en que se reportó la desaparición, después de que se encontrara el vehículo abandonado en el municipio de Galeana, en Nuevo León. Los agentes rescataron a 6 personas durante la mañana del miércoles, a las que se sumaron otras 34 por la noche, encontradas en el kilómetro 30 de la carretera 57, que conecta los dos Estados. El día anterior se había conseguido liberar a otras 9.
En total, son 23 hombres, 15 mujeres, seis niños y cinco niñas procedentes de diferentes nacionalidades, según ha revelado el secretario esta mañana: 19 de Honduras, 14 de Haití, 7 de Venezuela, 6 de El Salvador y 2 de Brasil. Todos han sido trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migraciones de San Luis Potosí para recibir la atención necesaria.
De acuerdo con el testimonio de uno de los hombres liberados, de origen hondureño, habían salido de Chiapas el día anterior y les quedaban unas tres horas para llegar a Monterrey cuando fueron intercedidos “a la fuerza” en la comunidad de Los Medina, cerca de Doctor Arroyo, en Nuevo León. “Los uniformes [de quienes los pararon] decían Policía Nacional”, relata: “Aquí lo único que pasa, dijeron, es que el chofer no se reporta con nosotros, y ese es el problema que tiene porque él tiene que reportarse siempre que va a pasar por aquí con nosotros.
Ahí llamó al dueño del bus”, continúa. “Ella le ofreció 40.000 pesos, y le dijo que solo en comida de nosotros se iba eso, entonces ella a lo mejor no quiso negociar con él. Y entonces hicieron perdidizo el bus y a nosotros nos secuestraron. Nos llevaron de una medina, nos metieron a un cerro, y de ahí nos metieron a una casa”, concluye en un vídeo facilitado por la Fiscalía.
Se trata del segundo secuestro y rescate en la zona de Matehuala en el último mes y medio. El 6 de abril, la policía localizó a 35 migrantes desaparecidos entre San Luis Potosí y Guanajuato. 23 de las personas rescatadas entonces habían alquilado una camioneta, de la que se perdió el rastro en los aledaños del lugar donde fueron encontradas, en circunstancias similares a las que se han reportado esta semana. Un mes después, el 5 de mayo, se informó del rapto y la liberación de un grupo de migrantes colombianos en Sonora, rumbo a Estados Unidos.
Estos episodios se suceden cada poco tiempo y dejan al descubierto las costuras del sistema de gestión migratoria, en tensión permanente y especialmente en este último año, marcado por el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez en el que murieron 40 personas, y por el fin del Título 42 en Estados Unidos. Esta norma, recuperada por Trump bajo el pretexto de la pandemia de covid, permitía deportar en caliente a los migrantes que traspasaran la línea divisoria, que ha sido reforzada con 24.000 agentes desde que decayó la ley, la semana pasada.
Gran parte de los individuos que se dirigen al país del norte proceden en realidad de países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras. Ante el temor de un aumento del flujo por el fin de la polémica norma, y con el fin de evitar el tráfico de personas en el que con frecuencia caen los migrantes, EE UU anunció en abril la extensión de vías legales para tramitar las solicitudes de asilo en esos países de origen, y acordó crear centros de inmigrantes en la región para procesar entre 5.000 y 6.000 demandas cada mes. Esto no ha evitado, por el momento, que cientos de migrantes continúen cruzando el país para intentar llegar a la frontera.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Nacional
La certeza marcaria impulsada por Santiago Nieto toma relevancia en la discusión constitucional sobre renovaciones
- La Corte revisará un mecanismo esencial para evitar abusos y proteger derechos adquiridos.
La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.
El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.
La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.
Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.
La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.
Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.
