Nacional
Incertidumbre comercial y aranceles podrían desacelerar el PIB de México en 2025
La incertidumbre que imprime el fantasma de los aranceles que quiere aplicar Estados Unidos a México seguirá retrasando las decisiones de inversión productiva y afectando al crecimiento, advirtieron economistas de Goldman Sachs y Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex).
Sobre todo la expectativa de que México responda con una represalia, puede imprimir una presión adicional en la dinámica de la actividad económica, refirió el economista para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos.
“Incluso si nunca se aplican aranceles, la incertidumbre de la política comercial puede restar entre medio punto del PIB y un punto del PIB al crecimiento de la economía”, previó.
La incertidumbre conduce a decisiones de inversión y gasto más defensivas. Es en este sentido que impactaría negativamente al crecimiento económico, señaló Ramos.
Aparte, el economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, Víctor Ceja Cruz, coincidió que entrar en una guerra comercial con Estados Unidos vía represalias, podría generar una reacción en el tipo de cambio que presionaría la inflación.
Bajo este escenario de presiones inflacionarias Banco de México tendría que reaccionar vía tasas, lo que también motivaría una presión adicional sobre la economía.
Ceja Cruz, matizó que hay un efecto contrario de los aranceles: el encarecimiento de los flujos comerciales que baja el crecimiento económico y disminuye la demanda agregada.
Teniendo estos impactos contrapuestos, la decisión del Banco de México es recortar la tasa pues no es muy claro el impacto de los aranceles en la economía mexicana, señaló Ceja Cruz.
Los analistas anticipan que en la presentación del Informe Trimestral del Banco de México (Banxico) que se divulgará este miércoles al mediodía, el instituto central actualizará su pronóstico de crecimiento incorporando el efecto de los aranceles y la incertidumbre en la actividad económica.
Algunas firmas, como la administradora de fondos, Franklin Templeton, ya están poniendo números a los escenarios negativos que se presentarían en caso de que se apliquen aranceles.
Ahí suponen que se presentaría una recesión que llevaría al PIB a registrar cero crecimiento en promedio que conduciría a una degradación de dos niveles en la calificación. A este escenario le conceden un 20% de probabilidad.
Recesión conduciría a perder grado de inversión
Las tres calificadoras de mayor operación mundial: Fitch, Moody’s y S&P ya advirtieron públicamente que la economía mexicana podría caer en una recesión durante este año si no se consigue desactivar la amenaza de los aranceles de 25% en todos los productos de importación hacia Estados Unidos.
En Fitch específicamente, proyectaron que el Producto Interno Bruto (PIB) del 2025 podría registrar un avance de apenas 0.3%, que incorpora la posibilidad de una contracción económica en algún tramo del año.
El economista de Valmex agregó que una recesión conduciría a una menor recaudación tributaria, en particular el IVA e ISR y por tanto se debilitaría la capacidad de México para responder a sus obligaciones. Esto significa que no podría bajar el déficit fiscal del 6% del PIB, lo que impondría un riesgo adicional, que es perder el Grado de inversión.
“El riesgo que Fitch está viendo está más cargado al crecimiento económico. Si bien no hay señal de hacer un downgrade /recorte, porque la perspectiva está todavía estable, en la eventualidad de que se caiga en recesión y se afecte la capacidad de pago, el riesgo de perder el grado de inversión sería mayor”, señaló.
La calificación soberana de México en “BBB-/perspectiva estable”, que es el nivel más bajo del grado de inversión, o un escalón arriba de las notas especulativas.
Apenas el 5 de febrero, la encuesta recabada por Citi evidenció que el mercado esperaba un crecimiento promedio de 1 por ciento.
Esta proyección se encuentra en un rango de pronósticos que oscilan entre 0.2%, el más bajo, anticipado por Banamex y el más alto de 1.7% estimado por Signum Research.
Las previsiones fueron recabadas después de conocerse la negociación de la presidenta de México Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos que abrió una prórroga de un mes a la entrada en vigor de los aranceles.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Nacional
La certeza marcaria impulsada por Santiago Nieto toma relevancia en la discusión constitucional sobre renovaciones
- La Corte revisará un mecanismo esencial para evitar abusos y proteger derechos adquiridos.
La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.
El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.
La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.
Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.
La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.
Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.
