Nacional
Fovissste anuncia alivios para acreditados: congelamiento y reducción de créditos
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa que busca aliviar las cargas financieras de miles de trabajadores del Estado con créditos impagables en el Fovissste. La iniciativa contempla quitas de deuda, congelamiento de créditos y una estrategia nacional para recuperar casas abandonadas.
Este modelo, inspirado en el esquema que ya se aplica en el Infonavit, tiene como meta brindar soluciones reales a quienes hoy enfrentan el riesgo de perder su vivienda por no poder pagar.
¿Qué trabajadores podrán beneficiarse de este nuevo programa del Fovissste?
De acuerdo con la mandataria, el plan está dirigido a trabajadores del Estado, como personal del Instituto Politécnico Nacional (IPN), maestras, maestros y otros servidores públicos que tengan dificultades para cubrir sus créditos hipotecarios con el Fovissste.
Aunque no se incluyó en la reciente propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE, Sheinbaum aseguró que la medida sí será implementada, como parte de una estrategia de justicia social y acceso a la vivienda.
¿Qué cambios se aplicarán a los créditos Fovissste?
El programa contempla dos acciones principales:
- Quita de deuda: Se reducirá el monto total que los trabajadores deben pagar, aliviando la presión financiera que enfrentan muchas familias.
- Congelamiento de créditos: Se detendrá el aumento de la deuda causada por intereses acumulados, permitiendo a los beneficiarios estabilizar sus pagos sin temor a que la deuda siga creciendo.
Estas medidas ya se aplicaron con éxito en Infonavit, donde más de 4 millones de créditos han sido congelados, brindando resultados positivos para los trabajadores.
¿Qué pasará con las viviendas abandonadas?
Uno de los ejes más importantes del programa es la recuperación de 600 mil viviendas abandonadas. Según explicó Sheinbaum, muchas de estas propiedades quedaron deshabitadas porque fueron construidas bajo esquemas crediticios poco accesibles y diseñados más para favorecer a desarrolladores inmobiliarios que a los trabajadores.
El gobierno federal trabaja en un nuevo modelo para rehabilitarlas y reasignarlas, con el fin de que vuelvan a estar disponibles para las familias que realmente necesitan un hogar.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa que busca aliviar las cargas financieras de miles de trabajadores del Estado con créditos impagables en el Fovissste. La iniciativa contempla quitas de deuda, congelamiento de créditos y una estrategia nacional para recuperar casas abandonadas.
Este modelo, inspirado en el esquema que ya se aplica en el Infonavit, tiene como meta brindar soluciones reales a quienes hoy enfrentan el riesgo de perder su vivienda por no poder pagar.
¿Qué trabajadores podrán beneficiarse de este nuevo programa del Fovissste?
De acuerdo con la mandataria, el plan está dirigido a trabajadores del Estado, como personal del Instituto Politécnico Nacional (IPN), maestras, maestros y otros servidores públicos que tengan dificultades para cubrir sus créditos hipotecarios con el Fovissste.
Aunque no se incluyó en la reciente propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE, Sheinbaum aseguró que la medida sí será implementada, como parte de una estrategia de justicia social y acceso a la vivienda.
¿Qué cambios se aplicarán a los créditos Fovissste?
El programa contempla dos acciones principales:
- Quita de deuda: Se reducirá el monto total que los trabajadores deben pagar, aliviando la presión financiera que enfrentan muchas familias.
- Congelamiento de créditos: Se detendrá el aumento de la deuda causada por intereses acumulados, permitiendo a los beneficiarios estabilizar sus pagos sin temor a que la deuda siga creciendo.
Estas medidas ya se aplicaron con éxito en Infonavit, donde más de 4 millones de créditos han sido congelados, brindando resultados positivos para los trabajadores.
¿Qué pasará con las viviendas abandonadas?
Uno de los ejes más importantes del programa es la recuperación de 600 mil viviendas abandonadas. Según explicó Sheinbaum, muchas de estas propiedades quedaron deshabitadas porque fueron construidas bajo esquemas crediticios poco accesibles y diseñados más para favorecer a desarrolladores inmobiliarios que a los trabajadores.
El gobierno federal trabaja en un nuevo modelo para rehabilitarlas y reasignarlas, con el fin de que vuelvan a estar disponibles para las familias que realmente necesitan un hogar.
La mandataria también presentó su plan de vivienda social, que incluye la construcción de un millón de viviendas accesibles durante su administración.
¿Qué impacto tendrá este programa para los trabajadores?
La reducción de deuda, el congelamiento de pagos y la rehabilitación de viviendas del Fovissste ofrecen un respiro económico a miles de familias que hoy viven bajo la presión de una deuda hipotecaria.
Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista
Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7
