Nacional
EE.UU. recrudece su guerra comercial con más presión sobre el acero y el aluminio
La guerra comercial desatada por Donald Trump puede entrar este lunes en una nueva fase con el anuncio oficial de aranceles del 25% al acero y al aluminio importados por Estados Unidos, según afirmó el mandatario republicano.
«Anunciaré aranceles al acero el lunes (…) Todo el acero que llegue a Estados Unidos tendrá el 25% de aranceles», declaró el presidente desde el avión presidencial la tarde del domingo, antes de su llegada a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl de football americano.
Trump agregó que los mismos aranceles se aplicarán para las importaciones de aluminio.
Canadá es el mayor proveedor de acero y aluminio a Estados Unidos, según datos oficiales, mientras que Brasil, México y Corea del Sur también son importantes suministradores de acero.
El presidente estadounidense también anticipó que «martes o miércoles» anunciará «aranceles recíprocos» con los que busca alinear los impuestos de aduana de productos que entran a Estados Unidos.
«Si nos gravan con el 130% y nosotros no, eso no seguirá así», aseguró.
– La UE, en guardia –
Trump impuso aranceles similares durante su presidencia de 2017-2021 para proteger las empresas estadounidenses que, según él, sufren competencia desleal de los países asiáticos y europeos.
La Comisión Europea aseguró el lunes que no había recibido «ninguna notificación oficial» sobre nuevas tasas pero, en palabras del ministro francés de Relaciones Exteriores, el bloque «responderá» a cualquier medida de este tipo.
«No hay ninguna duda cuando se trata de defender nuestros intereses», afirmó Jean-Noël Barrot.
«Reaccionaremos para proteger los intereses de los negocios europeos, los trabajadores y consumidores ante medidas injustificadas», indicó la Comisión Europea en un comunicado.
Alemania advirtió que «al final, aumentar las tasas perjudica a todas las partes», según un portavoz del Ministerio de Economía.
El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló por su parte que tales medidas tendrían un impacto en la población estadounidense.
«Si usted impone aranceles a varios sectores, esto conllevará un aumento de los precios y creará inflación en Estados Unidos», dijo el mandatario en una entrevista a la CNN.
A partir del martes, productos provenientes de China tendrán aranceles adicionales del 10%, medida a la que Pekín decidió responder con impuestos específicos sobre ciertos productos estadounidenses desde el lunes.
En Pekín, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, preguntado por el anuncio de Trump sobre el aluminio y el acero, respondió que «no hay salida mediante el proteccionismo, y no hay ganadores en una guerra comercial o aduanera».
– Musk sigue buscando recortes –
Trump aseguró que su asesor Elon Musk, a cargo de recortar el gasto federal, ayudará a descubrir «cientos de miles de millones de dólares de fraude» y planea revisar el gasto en otros rubros.
En una entrevista concedida a la cadena Fox News, Trump afirmó que el pueblo estadounidense «quiere que encuentre» despilfarros y que Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido «una gran ayuda» para erradicar gastos innecesarios.
«Vamos a encontrar miles de millones, cientos de miles de millones de dólares de fraude y abusos. Saben que la gente me eligió para eso», señaló en un extracto de la entrevista.
Trump también apunta al departamento de Educación al que ha descrito como ineficiente, derrochador, y gobernado por izquierdistas radicales. En la entrevista dijo que ordenaría a Musk que ponga la mira en dicha entidad.
«Luego iré a por las Fuerzas Armadas», anticipó el mandatario, que lleva apenas tres semanas en la Casa Blanca, y reiteró su llamado a una revisión del gasto en ese departamento, cuyo presupuesto para 2025 asciende a unos 850.000 millones de dólares.
Musk, que lidera los esfuerzos de reducción de costos federales al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), ya adoptó medidas para cerrar la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), despidiendo a miles de empleados.
Dentro de su estrategia económica, Trump también amenazó a Canadá y México con un arancel del 25% sobre todas las importaciones, pero lo suspendió por un mes tras conversaciones de última hora con los líderes de ambos países.
El mandatario republicano advirtió sin embargo que lo que se había hecho hasta ahora «no era suficiente».
«Algo se tiene que hacer, no es sostenible y lo estoy cambiando», dijo cuando se le preguntó si ambos países debían hacer más antes de la fecha límite de 30 días.
Sobre Canadá, añadió que «estaría mucho mejor si fuera el estado número 51 (de Estados Unidos) porque estamos perdiendo 200.000 millones de dólares al año».
A bordo del avión presidencial, Trump también firmó una orden ejecutiva que proclama el 9 de febrero como el día del «golfo de América», en referencia al golfo de México que recientemente decidió rebautizar.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Nacional
La certeza marcaria impulsada por Santiago Nieto toma relevancia en la discusión constitucional sobre renovaciones
- La Corte revisará un mecanismo esencial para evitar abusos y proteger derechos adquiridos.
La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.
El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.
La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.
Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.
La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.
Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.
