Nacional
EE.UU. ignora cuatro solicitudes de México para extraditar a El Mayo Zambada

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo la mañana de este martes que el gobierno de Estados Unidos aún no ha respondido a la solicitud de México de extraditar de regreso al país a Ismael «El Mayo» Zambada, acusado de narcotráfico.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el gobierno de México realizó la solicitud de extradición de Zambada García a Estados Unidos, desde julio de 2024.
Gertz Manero precisó que «El Mayo» cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en el país.
El fiscal general de la República reiteró que el Gobierno de México ha cumplido con todos los procedimientos legales para la extradición de Ismael «El Mayo» Zambada, presunto líder del Cártel de Sinaloa, y que la falta de respuesta corresponde a las autoridades estadounidenses.
«Hemos insistido en cuatro ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso que nos llevaron a eso», mencionó.
Además, precisó que este procedimiento se realizará con cualquier mexicano que haya sido acusado o llevado a juicio en otro país, por lo que en el caso de Zambada García no es una acción de excepción.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 25 de febrero, Gertz Manero recordó que el proceso de extradición se inició desde julio del año pasado, cuando ocurrieron los hechos que derivaron en la solicitud.
«Es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del Gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible», señaló.
Explicó que en diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció haber recibido la solicitud, pero hasta ahora no ha emitido una respuesta formal.
El Fiscal también aclaró que, según las evidencias disponibles, la captura de Zambada se habría dado en un aeródromo cercano a Culiacán, y que no hay pruebas que sustenten la presunta participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano. «El expediente está abierto como cualquier otro para que se aporten pruebas en ese sentido», afirmó.
También, criticó la lentitud del proceso judicial estadounidense, al destacar que a pesar de que los hechos ocurrieron hace un año, «todavía no tenemos la primera audiencia de fondo».
Finalmente, Gertz Manero expuso las dificultades en los procesos de extradición dentro de México, y denunció que la legislación establece un plazo máximo de 45 días, pero que en algunos casos las demoras han alcanzado hasta 11 años debido al uso abusivo de amparos.
Nacional
La CROC: un sindicato convertido en maquinaria de extorsión

Bajo el disfraz de representar a los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se ha transformado en una estructura de poder que opera más como negocio privado que como defensa laboral.
La CROC, encabezada durante décadas por Isaías González Cuevas, no es sinónimo de lucha sindical, sino de un sistema enquistado de corrupción, chantaje y control político. Lejos de defender los intereses de los obreros, la central se ha especializado en extorsionar a empresas, negociar contratos de protección y manipular a los trabajadores para mantener cuotas de poder y prebendas personales.
En múltiples industrias —desde el turismo hasta la manufactura— la CROC ha extendido sus tentáculos, no para elevar las condiciones laborales, sino para someter a empleados y patrones bajo un régimen de amenazas. El llamado “poder sindical” de la CROC se ha sostenido con base en el miedo: huelgas inventadas, paros ilegales y la constante presión a compañías que, ante el riesgo de pérdidas, terminan cediendo a acuerdos que benefician solo a la cúpula sindical.
Los escándalos no son aislados. Se repiten en distintas entidades: sindicatos fantasmas que aparecen de la nada, comités locales dominados por líderes vitalicios, y cuotas sindicales desviadas a campañas políticas o negocios particulares. Mientras tanto, los trabajadores permanecen desprotegidos, con salarios precarios y sin voz real en la negociación colectiva.
La CROC es el ejemplo más claro de cómo el sindicalismo en México puede degenerar en una mafia organizada. Su existencia no garantiza derechos laborales, sino todo lo contrario: perpetúa un sistema de simulación en donde los únicos ganadores son sus líderes corruptos.
Nacional
Fiscalía Anticorrupción: más teatro político que justicia en Chihuahua

- Las acusaciones contra López Elías muestran un guion armado por el fiscal Abelardo Valenzuela para fabricar culpables.
Lejos de combatir la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua parece haberse especializado en fabricar casos a conveniencia. El proceso contra el despacho López Elías es prueba de ello: un expediente armado con inconsistencias jurídicas y omisiones deliberadas.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha convertido la institución en escenario político, acusando de peculado por 98.6 millones de pesos a un despacho que nunca tuvo relación contractual con el Gobierno del Estado. El pago provino de una institución bancaria, lo que derrumba la versión oficial.
La retórica de Valenzuela llega al extremo de calificar a López Elías como “empresa fantasma”, pese a que la firma cuenta con existencia legal desde 2003, empleados, operaciones activas y registros fiscales. Esta narrativa no se sostiene más que en el interés de desacreditar y perseguir.
El montaje mediático, sustentado en filtraciones y violaciones al debido proceso, evidencia que la Fiscalía no busca justicia, sino un espectáculo que legitime su existencia a costa de la legalidad.
Justicia
¿Fiscalía de Chihuahua usa la anticorrupción para eliminar adversarios? Patrón de persecución judicial salta a la vista

Lo que debería ser un proceso judicial justo y conforme a derecho, ha derivado en un claro caso de persecución política orquestada por el aparato institucional del Estado de Chihuahua en contra del consultor financiero José Pedro López Elías, acusándolo por peculado agravado en relación con el refinanciamiento de la deuda pública del estado impulsada en 2019 por la Fiscalía Anticorrupción estatal, hoy convertida en el brazo represor bajo el mando de Abelardo Valenzuela Holguín.
Las imputaciones sostenidas con propaganda y filtraciones mediáticas carecen de fundamento jurídico, pues la Fiscalía afirma que hubo desvío de 98.6 millones de pesos mediante contratos simulados. Sin embargo, el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. ha documentado exhaustivamente su trabajo en una memoria documental dividida en 23 tomos 15,420 páginas y 4,500 correos electrónicos que prueban la ejecución de los servicios prestados, sobre esto, una auditoría oficial de 2019 concluyó que no existían observaciones.
En contraste, un informe forense fabricado en 2022 por la misma ASE contradice sus propios hallazgos previos, violando el principio constitucional de anualidad en la fiscalización y evidenciando que esta maniobra responde a una estrategia de persecución política alimentada por intereses personales y revanchismo institucional.
“La justicia ha sido secuestrada en Chihuahua”, denuncian miembros del equipo legal de López Elías, al afirmar que la acusación de peculado resulta jurídicamente inoperante contra Pedro López Elías, pues durante el proceso de refinanciamiento de la deuda pública no era funcionario público, ni manejó recursos estatales. A pesar de esto, Abelardo Valenzuela ha impulsado una campaña de criminalización mediática, usando la fiscalía como plataforma de poder político.
Ante esta serie de inconsistencias y la manipulación mediática de la opinión pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, la defensa del consultor financiero exige la intervención urgente de la Fiscalía General de la República, denunciando la violación sistemática al debido proceso.
Sin duda alguna, el caso López Elías se muestra hoy como emblema del uso faccioso del derecho penal con fines políticos.
Fuente: México 24/7