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Adeudos de Pemex a pequeñas empresas bajaron 60%: Canacintra
La deuda que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores ha reducido en 60%, en especial se ha atendido a los pequeños y medianos empresarios, lo que incentiva a hacer nuevos contratos para este año y el próximo, afirmó Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Aun cuando existía el compromiso de que el pago a proveedores de Pemex concluiría durante el primer trimestre del 2025, la dirigente empresarial comentó que el avance ha sido rápido, pero existen adeudos con varios proveedores que son cantidades millonarias a lo largo de un periodo de dos años acumulados.
“No podemos echar las campanas al vuelo, pero ya se está avanzando con el pago y que los empresarios puedan financiarse” agregó.
En entrevista, la presidenta de la Canacintra –organismo que aglutina a diversas industrias y sectores que tiene contratos con Pemex, al proveerles desde un tornillo hasta servicios– comentó: “podemos decir que ha bajado gradualmente y ya hay la posibilidad de hacer nuevos contratos para el 2025 y ya bueno, que pueda haber liquidez en las empresas”.
Reconoció que a diferencia del pasado hay avances con los procesos de pago, en donde está involucrado el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y los industriales de todo el país, en especial de la Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Al cuestionar sobre el monto de la deuda, la dirigente de los industriales de la transformación afirmó que “se fue engrosando y eran pagos de más de dos años, empresas a punto de quebrar. Pero ahí vamos, vamos saliendo adelante y pues tenemos buen trato de parte de Petróleos Mexicanos, se nos abren las puertas, atienden a mi vicepresidente con la problemática que lleva”.
Ortega también informó que tendrá una reunión en Petróleos Mexicanos para analizar de qué manera nosotros colaboramos y llevamos el tema, porque muchos no llevan los argumentos ni documentos completos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó a sus proveedores 147,000 millones de pesos (7,300 millones de dólares) y se comprometió a pagar 6,400 millones de dólares más.
No obstante, se presume que alrededor de 1,000 empresarios se encuentran en espera del pago de proveeduría desde hace ocho meses.
Sobre el avance que tienen en el pago, Esperanza Ortega afirmó: “vamos como en un 60%. En el caso de nosotros, todavía falta…, pues eran miles de millones de pesos, había empresas que le debían 2,000 millones (de pesos), empresas de contratos con 1,600 millones. Nooo, era muy, muy alto”.
Refirió que pese a ello representa un avance, porque hubo decenas de micro y pequeñas empresas en Tabasco que cerraron, debido a la dependencia con el sector petrolero.
“Tenemos empresas de bienes de capital, a ellos les debían. Tenemos la delegación de Ciudad del Carmen, la delegación de Tabasco. Pues yo creo que alrededor de 80 o 100 afiliados”, expuso.
La presidenta de Canacintra reconoció que existe incertidumbre y temor entre el empresariado por los montos que les adeuda Pemex, pero “es por seguridad, que no dicen. Y cuando hablan de los montos que son montos muy fuertes y que también hay financiamientos atrás de ellos para poder ir aguantando, pues con el tema de la inseguridad, prefieren no mencionar”.
La Cámara nacional no ha hecho el “recuento de los daños”, dijo, y afirmó que el vicepresidente del sector energético sigue revisando el tema y confió en que en los próximos días se defina el dato del valor de la cartera vencida.
Pese a la deuda, Ortega calificó como buena noticia el hecho de reanudar nuevos contratos con Pemex. “Ya hay participación para este 2025, están participando y esperemos que ya se pueda reanudar porque necesitamos seguir la explotación petrolera y además, es una parte fundamental de nuestro PIB nacional y hay que seguirle metiendo recursos”.
La columna vertebral son los micro, pequeño, medianos empresarios, que son es la cadena de valor que suministra al que tiene el gran contrato, precisó.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Nacional
La certeza marcaria impulsada por Santiago Nieto toma relevancia en la discusión constitucional sobre renovaciones
- La Corte revisará un mecanismo esencial para evitar abusos y proteger derechos adquiridos.
La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.
El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.
La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.
Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.
La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.
Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.
