Transfieren la Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía de Justicia

Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda publicó el decreto para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a cargo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería general del estado, se transfiera a la Fiscalía General de Justicia del estado.

El Periódico Oficial estatal, correspondiente al lunes 12 de febrero, indica que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, para integrar a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera a la Fiscalía General.

“Hoy por mandato de la Corte el gobernador siendo responsable y cumpliendo con la autoridad judicial está decretando el tema de la UIFE. Sin embargo, quedan alternativas jurídicas; esto es forma, falta el fondo, porque la UIFE es donde se genera información (fiscal y financiera) y quien genera esa información es el estado”, indicó el diputado Eduardo Gaona, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso estatal.

El legislador emecista destacó que lo que la Corte mandata es que la UIFE se traslade del gobierno del estado a la Fiscalía General de Justicia, sin embargo, “hay un trecho legal, y estamos confiados en que al final la autoridad judicial va a dar el veredicto a favor del gobierno del estado”.

Dijo que si bien se cumple con el ordenamiento de la SCJN, que es la forma, el fondo es que «la Corte no le está diciendo (al gobierno estatal) pásales toda la información, ese es el fondo”.

Por ello, consideró que se debe generar una normatividad secundaria de cómo se va a proceder, pero es algo que tiene que impulsar la Fiscalía, hoy esto es lo que mandata la Corte.

Funciones de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera

Según el decreto publicado por el gobernador en el Periódico Oficial de Nuevo León, el órgano es competente para investigar los hechos que se presuman o presuponen en las personas un beneficio o incremento económico injustificable, que hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que incurran en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado.

Algunas de sus facultades son: solicitud de medidas cautelares, providencias precautorias o la realización de actos de investigación que requieran previa autorización del juez de Control y deberán realizarse en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial; tendrá un plazo de 60 días naturales un día después de que entre en vigor el decreto, para que el fiscal general del estado designe al titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.