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GLADIS CHÁVEZ Y RICARDO DEL VALLE: EL VÍNCULO SINDICAL QUE REABRE LA POLÉMICA POR 132 MILLONES EN ASSA

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En 2024 se identificó a la secretaria de Conflictos con la corriente del exdirigente, señalado posteriormente en una denuncia por un presunto faltante millonario.

La controversia financiera y los antecedentes electorales plantean nuevas preguntas sobre las relaciones entre las distintas dirigencias sindicales.

La controversia por el presunto faltante de 132 millones de pesos en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) vuelve a poner atención sobre la trayectoria de sus representantes y sus vínculos con anteriores administraciones.

Uno de los nombres que aparece en ese contexto es Gladis Amalia Chávez Chávez, actual secretaria de Conflictos, identificada por el medio Sindicalizarte como integrante de la corriente denominada ricardista durante las elecciones de noviembre de 2024.

En aquella contienda, Chávez obtuvo 1,014 votos frente a los 1,002 registrados por Luis Fernando Acosta García, según la publicación periodística.

La referencia adquiere relevancia después de que, en julio de 2025, la entonces secretaria general Ada Salazar confirmara la existencia de una denuncia penal contra Ricardo del Valle por un supuesto faltante de 132 millones de pesos durante la administración anterior.

El caso desató una confrontación interna sobre el manejo del patrimonio sindical y la situación de los ahorros de trabajadores.

Ahora, los antecedentes abren interrogantes sobre qué representaba políticamente la corriente identificada con Del Valle, cuáles fueron sus propuestas y qué relación mantienen sus integrantes con la administración anterior.

También resulta necesario conocer si existen documentos que permitan establecer la naturaleza y alcance de esas relaciones.

La controversia pone a prueba la capacidad de ASSA para distinguir entre pertenencia a una corriente, responsabilidades administrativas y obligaciones de transparencia.

Mientras el expediente financiero continúa siendo materia de cuestionamientos públicos, el sindicato enfrenta la exigencia de proporcionar información verificable sobre sus recursos y las actuaciones de sus representantes.

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