Nacional
Aprueban en comisiones dictamen que limita la reelección consecutiva y el nepotismo
Con el voto a favor de todos los diputados de los partidos políticos, en sesión extraordinaria de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, avanzó la reforma que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pese a que los diputados del PAN votaron a favor, exigieron incluir en la discusión las iniciativas que han propuesto para acabar de fondo con el nepotismo político y gubernamental; en tanto, los partidos PRI y MC también exigieron cambios de fondo en la discusión, sobre todo demandaron incluir la no sobre representación en los congresos.
La Cámara de Diputados avaló por unanimidad con 38 votos a favor de la comisión de Puntos Constitucionales y 24 de la Comisión de Reforma Electoral, el dictamen que modifica la ley para prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva.
La reforma busca modificar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución, para establecer que la no reelección aplicará para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrán contender para el mismo cargo que están ejerciendo en un periodo inmediato posterior.
La prohibición de reelección de las personas servidoras públicas serían aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
En cuanto al nepotismo electoral, se propone como un requisito de idoneidad que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja.
Así como parentesco consanguíneo o civil en la línea recta sin limitación de grado, y en la línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán. Dichas disposiciones serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
Al inicio de la sesión la diputada Paulina Rubio solicitó ante ambas comisiones considerar dentro del dictamen las iniciativas que el PAN presentó antes de esta reforma la del 2022 y desechada en el 2023, que era sobre el nepotismo, así también la actual presentada el día 16 de octubre de 2024 y que se encuentra alojada en la gaceta parlamentaria, de la misma manera la que presentó el PAN como grupo parlamentario en el mes de febrero de este año firmada por el coordinador Elías Lixa.
Durante las rondas de participación, la diputada Noemí Luna Ayala del PAN reconoció el interés de la jefa del Ejecutivo para erradicar este problema tan grave que aqueja a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, como es el nepotismo, aunque esta se queda corta.
“Tenemos la oportunidad para hacerlo en serio, porque como lo han dicho ya asociaciones civiles la iniciativa de la presidenta se limita a la sucesión directa en el cargo, pero deja intacta las redes familiares en el poder más que una solución real es una medida discursiva sin impacto realmente en la corrupción”.
Señaló que el PAN propone ampliar el catálogo en donde no pueda postularse a la presidencia de la República ningún pariente directo del presidente en turno hasta que hayan pasado al menos 10 años.
“’Es el reto Andy’ que no permitamos que sean familia las que sigan empoderarse como si esta nación fuera una monarquía y no una democracia”, sostuvo.
En cuanto a Movimiento Ciudadano habló Iraís Reyes, recordó que el voto será a favor de la reforma en lo general, ante la importancia de dignificar la actividad política a través del principio ético de que los cargos no se hereden, para contribuir a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la política.
Dijo que la minuta del Senado contraviene la propuesta de la Presidenta y toma como entrada en vigor el 2030, esto luego de que Adán Augusto López y Manuel Velasco, junto al PRI modificaron la propuesta original de la Presidenta para que la ley entrara en vigor en 2027.
“Yo les pregunto compañeros, especialmente de Morena, si están en contra del nepotismo, más allá del discurso, por qué no respaldan la propuesta de la presidenta en sus términos originales para que nos aplique desde ya, desde el 2027”.
La diputada Gabriela Jiménez Godoy, de Morena, advirtió que defenderán la reforma que envió la presidenta y que tras llegar acuerdos con diferentes grupos parlamentarios, no van a regresar el dictamen al Senado, porque no cuentan con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio, “le digo a la presidenta a Claudia Sheinbaum que la apoyamos que la respaldamos”.
Durante décadas, la CROC se presentó como una organización defensora de los derechos laborales. Hoy, bajo el mando de Isaías González Cuevas, esa historia se desmorona. La reforma que impulsa es una traición abierta a los trabajadores que dice representar.
Reducir obligaciones patronales no es eficiencia, es abandono. Significa dejar al trabajador más expuesto, con menos respaldo institucional y con un futuro incierto en materia de pensiones y salud. No hay beneficio colectivo en debilitar la seguridad social.
Isaías González Cuevas apuesta por un modelo donde el patrón gana y el trabajador pierde. Y lo hace desde una posición de poder que no ha sido sometida a escrutinio. No hay declaraciones patrimoniales, no hay claridad fiscal, no hay transparencia.
¿Cómo confiar en un líder que no informa sobre su propia situación económica? ¿Cómo aceptar reformas que afectan a millones cuando quien las impulsa opera desde la opacidad?
La exigencia de cuotas sindicales contrasta con la negativa a rendir cuentas. Esa contradicción define al actual liderazgo de la CROC. Un liderazgo que habla de sacrificios colectivos mientras protege privilegios individuales.
Los derechos no se negocian. No se recortan para agradar al poder ni se diluyen en reformas técnicas. Son conquistas sociales que deben defenderse con firmeza.
Isaías González Cuevas está eligiendo el camino contrario. Y esa elección tendrá consecuencias. Porque cada trabajador que vea afectada su pensión o su acceso a la salud recordará quién avaló ese retroceso.
La CROC necesita transparencia, renovación y congruencia. Mientras eso no ocurra, seguirá siendo vista como un sindicato que abandonó su misión y traicionó a su base.
La discusión girará en torno a la validez del plazo extraordinario otorgado para renovar una marca.
La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.
El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.
De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.
La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.
Nacional
La certeza marcaria impulsada por Santiago Nieto toma relevancia en la discusión constitucional sobre renovaciones
- La Corte revisará un mecanismo esencial para evitar abusos y proteger derechos adquiridos.
La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.
El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.
La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.
Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.
Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.
La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.
Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.
